WASHINGTON.- La decisión de una juez federal de Estados Unidos de suspender temporalmente las secciones más polémicas de la ley SB1070 de Arizona, que criminaliza la inmigración indocumentada, no detendrán la pugna legal en torno a la misma, ni las protestas planeadas en su contra.
"Esta batalla está lejos de acabarse", afirmó la Gobernadora de la entidad, Jan Brewer, mediante un comunicado, tras conocerse el fallo.
"De hecho, la batalla apenas inicia, y al final, Arizona prevalecerá en su derecho de proteger a nuestros ciudadanos", añadió antes de asegurar que presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, para lo que cuenta con 10 días.
La ley, sin las provisiones bloqueadas, entró en vigor el primer minuto de hoy.
Según la juez Susan Bolton, una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que cuestionaba la mayoría de las secciones de la SB1070 había logrado demostrar que ésta podría causar un daño irreparable al interés público y a potestades federales en el tema migratorio.
"Hay una posibilidad importante de que oficiales detengan erróneamente bajo la nueva ley a extranjeros que residen legalmente aquí", apuntó Bolton en su decisión, emitida en forma provisional mientras decide sobre los siete recursos presentados contra la norma.
Entre las previsiones suspendidas se encuentra aquella que obligaba a la Policía a revisar el estatus migratorio de las personas detenidas mientras aplicaba otras leyes si tenía sospechas de que estaban ilegalmente en el país y otra que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento.
"La decisión de hoy deshace el esquema inconstitucional de inmigración que Arizona quería establecer", celebró ayer Nina Perales, una de las abogadas del Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación.
Sin embargo, varios grupos de activistas aseguraron que algunas de las secciones que sí entraron en vigor afectan directamente a los jornaleros y a la gente que viaja con los "sin papeles".
"El bloqueo parcial y temporal de una ley que nunca debió haber existido es bienvenido, pero de ninguna forma es una victoria", aseguró Pablo Alvarado, coordinador nacional de la Red Nacional Organizadora de Jornaleros.
"Las secciones que entran en efecto son insultos intolerables a nuestra humanidad", añadió.
Entre estas previsiones están establecer como delitos detener un vehículo para recoger a un jornalero o que éste se suba a un coche que impide el movimiento normal del tráfico, y transportar o refugiar a un inmigrante indocumentado.
También la Administración de Barack Obama aplaudió el fallo.
"La decisión de la Corte de suspender temporalmente la mayor parte de la SB1070 afirma las responsabilidades del Gobierno federal en aplicar las leyes de inmigración", dijo Matt Chandler vocero del Departamento de Seguridad Interna.
A nivel internacional, el bloqueo de diversas secciones de la norma fue celebrado por Gobiernos latinoamericanos, como México, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como por la Organización de Estados Americanos.
Grupos pro inmigrantes y de defensa de los derechos civiles afirmaron que no cancelarán las grandes marchas y protestas planeadas para hoy en Phoenix y Tucson, dentro de Arizona, y en decenas de otras ciudades en todo Estados Unidos.
Freno parcial
El fallo de la juez Susan Bolton evita que algunas de las secciones de la SB1070 sean aplicadas y permite que otras entren en vigor.
Bloqueadas
· Que los policías revisen el estatus migratorio de las personas que detengan si tienen sospechas razonables de que están ilegalmente en el país.
· Autorizar el arresto de un individuo cuando hubiera causa probable de que haya cometido un delito que lo haga elegible para la deportación.
· Tipificar como delito no solicitar o no portar documentos migratorios.
· Crear un estatuto delictivo para los "sin papeles" que busquen, soliciten o realicen un trabajo.
Se aplicarán
· Considerar ilegal que un conductor se detenga para recoger a un jornalero o que uno de éstos ingrese a un vehículo si impide el tráfico.
· Prohíbe a funcionarios de Arizona limitar el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.
· Permite a los residentes demandar a cualquier funcionario o agencia estatal que restrinja la aplicación de estas leyes.
· Tipifica como delito transportar o refugiar a un inmigrante ilegal, o alentar a uno de éstos a ir a Arizona.
Fuente: Reuters
"Esta batalla está lejos de acabarse", afirmó la Gobernadora de la entidad, Jan Brewer, mediante un comunicado, tras conocerse el fallo.
"De hecho, la batalla apenas inicia, y al final, Arizona prevalecerá en su derecho de proteger a nuestros ciudadanos", añadió antes de asegurar que presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, para lo que cuenta con 10 días.
La ley, sin las provisiones bloqueadas, entró en vigor el primer minuto de hoy.
Según la juez Susan Bolton, una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que cuestionaba la mayoría de las secciones de la SB1070 había logrado demostrar que ésta podría causar un daño irreparable al interés público y a potestades federales en el tema migratorio.
"Hay una posibilidad importante de que oficiales detengan erróneamente bajo la nueva ley a extranjeros que residen legalmente aquí", apuntó Bolton en su decisión, emitida en forma provisional mientras decide sobre los siete recursos presentados contra la norma.
Entre las previsiones suspendidas se encuentra aquella que obligaba a la Policía a revisar el estatus migratorio de las personas detenidas mientras aplicaba otras leyes si tenía sospechas de que estaban ilegalmente en el país y otra que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento.
"La decisión de hoy deshace el esquema inconstitucional de inmigración que Arizona quería establecer", celebró ayer Nina Perales, una de las abogadas del Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación.
Sin embargo, varios grupos de activistas aseguraron que algunas de las secciones que sí entraron en vigor afectan directamente a los jornaleros y a la gente que viaja con los "sin papeles".
"El bloqueo parcial y temporal de una ley que nunca debió haber existido es bienvenido, pero de ninguna forma es una victoria", aseguró Pablo Alvarado, coordinador nacional de la Red Nacional Organizadora de Jornaleros.
"Las secciones que entran en efecto son insultos intolerables a nuestra humanidad", añadió.
Entre estas previsiones están establecer como delitos detener un vehículo para recoger a un jornalero o que éste se suba a un coche que impide el movimiento normal del tráfico, y transportar o refugiar a un inmigrante indocumentado.
También la Administración de Barack Obama aplaudió el fallo.
"La decisión de la Corte de suspender temporalmente la mayor parte de la SB1070 afirma las responsabilidades del Gobierno federal en aplicar las leyes de inmigración", dijo Matt Chandler vocero del Departamento de Seguridad Interna.
A nivel internacional, el bloqueo de diversas secciones de la norma fue celebrado por Gobiernos latinoamericanos, como México, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como por la Organización de Estados Americanos.
Grupos pro inmigrantes y de defensa de los derechos civiles afirmaron que no cancelarán las grandes marchas y protestas planeadas para hoy en Phoenix y Tucson, dentro de Arizona, y en decenas de otras ciudades en todo Estados Unidos.
Freno parcial
El fallo de la juez Susan Bolton evita que algunas de las secciones de la SB1070 sean aplicadas y permite que otras entren en vigor.
Bloqueadas
· Que los policías revisen el estatus migratorio de las personas que detengan si tienen sospechas razonables de que están ilegalmente en el país.
· Autorizar el arresto de un individuo cuando hubiera causa probable de que haya cometido un delito que lo haga elegible para la deportación.
· Tipificar como delito no solicitar o no portar documentos migratorios.
· Crear un estatuto delictivo para los "sin papeles" que busquen, soliciten o realicen un trabajo.
Se aplicarán
· Considerar ilegal que un conductor se detenga para recoger a un jornalero o que uno de éstos ingrese a un vehículo si impide el tráfico.
· Prohíbe a funcionarios de Arizona limitar el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.
· Permite a los residentes demandar a cualquier funcionario o agencia estatal que restrinja la aplicación de estas leyes.
· Tipifica como delito transportar o refugiar a un inmigrante ilegal, o alentar a uno de éstos a ir a Arizona.
Fuente: Reuters
José Díaz Briseño corresponsal, Reforma, 29 de julio.
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