WASHINGTON.- Desde antes que comenzara el debate sobre la ley SB1070, que criminaliza la inmigración indocumentada, los policías de un condado de Arizona ya deportaban a decenas de "sin papeles" cada día, por medio de un polémico programa de colaboración federal-local.
Estadísticas oficiales revelan que la oficina de Joe Arpaio, alguacil de Maricopa, condado que abarca la ciudad de Phoenix, ha sido responsable por la deportación o salida forzada de 26 mil 146 inmigrantes desde 2007.
La cifra representa la cuarta parte de los 115 mil 841 indocumentados repatriados a nivel nacional por las 64 agencias policiales encomendadas desde 2006 con ayudar en la aplicación de las leyes de inmigración, bajo el llamado programa 287g.
Según analistas, las decenas de miles de arrestos revelan que las autoridades locales ya tienen una cuota de poder significativas para remover a "sin papeles" de Estados Unidos, y que, en el caso de Arizona, la situación no cambiará luego de que la juez federal Susan Bolton bloqueara ayer algunos de los puntos más controvertidos de la SB1070, horas antes de que entrara en vigor.
"Desde el punto de vista pragmático, si la Policía local ya está autorizada a hacer esto (los arrestos y deportaciones) y lo hace con la cooperación federal al estado, entonces ¿para qué necesita la ley?", cuestionó Muzaffar Chishti, director de la sucursal en Nueva York del Instituto de Política Migratoria.
"No veo cuál es el alboroto por esta ley", dijo, por su parte, Arpaio, quien se autodenomina el "sheriff más duro de América", en entrevista con la cadena ABC. "Lo hemos estado haciendo (aplicando la ley federal de inmigración) durante tres años".
La brutalidad que, según algunos testigos, Arpaio aplica en sus operativos, ha llevado a la apertura de una investigación federal en su contra por violaciones a los derechos civiles y a críticas contra el Gobierno estadounidense de no supervisar a los agentes que aplican las leyes de inmigración.
Estadísticas oficiales revelan que la oficina de Joe Arpaio, alguacil de Maricopa, condado que abarca la ciudad de Phoenix, ha sido responsable por la deportación o salida forzada de 26 mil 146 inmigrantes desde 2007.
La cifra representa la cuarta parte de los 115 mil 841 indocumentados repatriados a nivel nacional por las 64 agencias policiales encomendadas desde 2006 con ayudar en la aplicación de las leyes de inmigración, bajo el llamado programa 287g.
Según analistas, las decenas de miles de arrestos revelan que las autoridades locales ya tienen una cuota de poder significativas para remover a "sin papeles" de Estados Unidos, y que, en el caso de Arizona, la situación no cambiará luego de que la juez federal Susan Bolton bloqueara ayer algunos de los puntos más controvertidos de la SB1070, horas antes de que entrara en vigor.
"Desde el punto de vista pragmático, si la Policía local ya está autorizada a hacer esto (los arrestos y deportaciones) y lo hace con la cooperación federal al estado, entonces ¿para qué necesita la ley?", cuestionó Muzaffar Chishti, director de la sucursal en Nueva York del Instituto de Política Migratoria.
"No veo cuál es el alboroto por esta ley", dijo, por su parte, Arpaio, quien se autodenomina el "sheriff más duro de América", en entrevista con la cadena ABC. "Lo hemos estado haciendo (aplicando la ley federal de inmigración) durante tres años".
La brutalidad que, según algunos testigos, Arpaio aplica en sus operativos, ha llevado a la apertura de una investigación federal en su contra por violaciones a los derechos civiles y a críticas contra el Gobierno estadounidense de no supervisar a los agentes que aplican las leyes de inmigración.
Reforma, 29 de julio.
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