La juez federal de Phoenix, Susan Bolton, encargada de estudiar si permite que entre en vigor la ley de Arizona que criminaliza a los indocumentados a partir del jueves de la semana próxima, o la tumba, como le ha pedido que haga el gobierno de Barack Obama, no tomó ayer una decisión al respecto, en el primer día de audiencias en las que escuchó las dos partes enfrentadas.
Durante la primera audiencia, Bolton indicó que en cualquier caso sólo consideraría el bloqueo de partes de la medida, no de la ley en su totalidad como le exigen algunos de los demandantes.
Ante una sala repleta, la jueza dio a entender que existen ciertas partes de la SB1070 que podrían aplicarse y otras que son anticonstitucionales, pero no especificó cuáles.
La magistrada expresó su escepticismo de que esta ley pueda ser aplicada por las fuerzas del orden y llegó a calificar incluso de “torpe” el lenguaje de la ley.
En la segunda audiencia estuvo presente la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien promulgó la ley el pasado abril.
La semana pasada la jueza Bolton había escuchado a los abogados de la gobernadora de Arizona, que pidieron a la defensa del policía de Phoenix David Salgado, de origen latino, el abandono de su demanda contra la ley, en la que alega que los oficiales tendrán dificultades para interpretarla.
Competencia del gobierno. Washington defiende que la política migratoria es competencia exclusiva del Gobierno federal y, por tanto, las legislaciones locales o estatales no pueden prevalecer sobre los códigos federales y, por supuesto, sobre la Constitución.
Al presentar la demanda, el Gobierno solicitó suspender de forma preliminar su entrada en vigor, prevista para el próximo jueves, hasta que se terminen los trámites judiciales. Consideró que su entrada en vigor puede causar daños irreparables.
Bolton no tiene previsto ninguna otra audiencia antes del 29 de julio, cuando debería entrar en vigor la ley, pero podría emitir un fallo antes de esa fecha.
© “No obedeceremos”
En las afueras del palacio de justicia local Sandra Day O´Connor, en el centro de Phoenix, decenas de manifestantes resguardados por cordones policiales protestaron en contra la ley, que según sondeos recientes es una medida popular en el estado y con importante respaldo en el país. Algunos de los manifestantes portaban pancartas en las advertían: “No obedeceremos”.
Terri Leon, director ejecutivo de la organización no gubernamental Friendly House, dijo en la corte: “Lo que está hoy pasando aquí tendrá un enorme impacto en todo nuestro país, pero la historia está de nuestro lado”.
Nina Perales, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dijo que la demanda de ellos tiene como “único objetivo bloquear la aplicación de la medida”.
Los adversarios a la ley anunciaron una serie de manifestaciones la próxima semana si la ley llega a entrar en vigor.
En Arizona, donde viven unos dos millones de hispanos. El estado cuenta con unos 460 mil son indocumentados de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos.
Durante la primera audiencia, Bolton indicó que en cualquier caso sólo consideraría el bloqueo de partes de la medida, no de la ley en su totalidad como le exigen algunos de los demandantes.
Ante una sala repleta, la jueza dio a entender que existen ciertas partes de la SB1070 que podrían aplicarse y otras que son anticonstitucionales, pero no especificó cuáles.
La magistrada expresó su escepticismo de que esta ley pueda ser aplicada por las fuerzas del orden y llegó a calificar incluso de “torpe” el lenguaje de la ley.
En la segunda audiencia estuvo presente la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien promulgó la ley el pasado abril.
La semana pasada la jueza Bolton había escuchado a los abogados de la gobernadora de Arizona, que pidieron a la defensa del policía de Phoenix David Salgado, de origen latino, el abandono de su demanda contra la ley, en la que alega que los oficiales tendrán dificultades para interpretarla.
Competencia del gobierno. Washington defiende que la política migratoria es competencia exclusiva del Gobierno federal y, por tanto, las legislaciones locales o estatales no pueden prevalecer sobre los códigos federales y, por supuesto, sobre la Constitución.
Al presentar la demanda, el Gobierno solicitó suspender de forma preliminar su entrada en vigor, prevista para el próximo jueves, hasta que se terminen los trámites judiciales. Consideró que su entrada en vigor puede causar daños irreparables.
Bolton no tiene previsto ninguna otra audiencia antes del 29 de julio, cuando debería entrar en vigor la ley, pero podría emitir un fallo antes de esa fecha.
© “No obedeceremos”
En las afueras del palacio de justicia local Sandra Day O´Connor, en el centro de Phoenix, decenas de manifestantes resguardados por cordones policiales protestaron en contra la ley, que según sondeos recientes es una medida popular en el estado y con importante respaldo en el país. Algunos de los manifestantes portaban pancartas en las advertían: “No obedeceremos”.
Terri Leon, director ejecutivo de la organización no gubernamental Friendly House, dijo en la corte: “Lo que está hoy pasando aquí tendrá un enorme impacto en todo nuestro país, pero la historia está de nuestro lado”.
Nina Perales, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dijo que la demanda de ellos tiene como “único objetivo bloquear la aplicación de la medida”.
Los adversarios a la ley anunciaron una serie de manifestaciones la próxima semana si la ley llega a entrar en vigor.
En Arizona, donde viven unos dos millones de hispanos. El estado cuenta con unos 460 mil son indocumentados de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos.
La Crónica, 23 de julio.
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