La Secretaría de Seguridad Pública buscó obstaculizar de último minuto la liberación de Ignacio del Valle, líder del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, al revelar que aún tenía cuatro causas penales en proceso.
El retraso en la liberación se hizo a sabiendas del fallo unánime que emitió la Suprema Corte de Justicia, con la que se determinó la liberación de Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa, junto con otros nueve pobladores, por la presentación de pruebas ilícitas en su contra.
La SSP emitió tres comunicados desde las cuatro de la tarde y hasta después de las 23 horas; en el segundo informó que obtuvo la notificación judicial de que Del Valle fue exonerado de los nuevos delitos que se le imputaron, por lo que salió de prisión cerca de las 21:30 de la noche; Héctor Galindo Gochicoa fue el último excarcelado por la dependencia.
Antes, en el primer boletín, la SSP enlistó como pendientes para otorgar la liberación de los líderes atenquenses las averiguaciones de robo agravado, en la causa penal 131/2006; lesiones y daño en los bienes públicos, causa penal 116/2006; despojo, causa penal 60/2006 y ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, causa penal 15/2008.
La decisión de la SSP desató durante la tarde y noche una serie de reacciones entre el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, legisladores y del propio abogado de los líderes de Atenco, Leonel Rivero, quien anticipó que ya preparaba un amparo para obtener la libertad de Del Valle y sus compañeros.
Peña Nieto refrendó que su gobierno actuó conforme a derecho en mayo de 2006, pero aclaró que respeta la decisión de la SCJN.
“El empeño del gobierno del estado no ha sido en ningún momento el tener a gente detenida sino mantener condiciones de orden y de paz en la entidad. Y eso fue lo que en su momento determinó hacer uso de la fuerza pública, del legítimo uso de la fuerza pública que tiene el estado”, expresó.
El mandatario mexiquense refirió que para el caso de las organizaciones que apoyan a los ahora liberados habrá un diálogo permanente y constante.
Mientras, en la Cámara de Diputados, el PRD alistaba una denuncia contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por retener en prisión a los líderes.
La vocera de la bancada perredista, Leticia Quezada, opinó que el retraso de la excarcelación formó parte de una estrategia para que el gobierno del Estado de México alistara nuevas acusaciones.
“Si ahora el gobierno del Estado de México sale con esta artimaña jurídica, me parece que lo único que se avizora es un conflicto mayor que nadie quiere y que el país no necesita en este momento”, dijo.
La secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, acusó que “de buenas a primeras la SSP federal hizo aparecer nuevas causas penales levantadas supuestamente ante juzgados del Estado de México para negar la libertad a los líderes de Atenco, lo que echa por tierra el discurso de genuina voluntad que dice tener el gobierno para poner fin a la criminalización y persecución de los movimientos sociales”.
- Claves
Acto congruente
• Ignacio del Valle fue condenado a 112 años de prisión; 67 por el delito de secuestro equiparado y 45 por los hechos violentos durante los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006.
• Trinidad Ramírez, esposa de Del Valle, dijo que el fallo unánime que emitió la Supreme Corte de Justicia de la Nación fue un acto de congruencia jurídica.
• El PRD en el Congreso informó prepara un exhorto para que América del Valle no sea sujeta a ninguna aprehensión.
México • Redacción. Con información de Fernando Damián, Liliana Padilla y Christian Hernández, Milenio, 2 de julio.
El retraso en la liberación se hizo a sabiendas del fallo unánime que emitió la Suprema Corte de Justicia, con la que se determinó la liberación de Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa, junto con otros nueve pobladores, por la presentación de pruebas ilícitas en su contra.
La SSP emitió tres comunicados desde las cuatro de la tarde y hasta después de las 23 horas; en el segundo informó que obtuvo la notificación judicial de que Del Valle fue exonerado de los nuevos delitos que se le imputaron, por lo que salió de prisión cerca de las 21:30 de la noche; Héctor Galindo Gochicoa fue el último excarcelado por la dependencia.
Antes, en el primer boletín, la SSP enlistó como pendientes para otorgar la liberación de los líderes atenquenses las averiguaciones de robo agravado, en la causa penal 131/2006; lesiones y daño en los bienes públicos, causa penal 116/2006; despojo, causa penal 60/2006 y ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, causa penal 15/2008.
La decisión de la SSP desató durante la tarde y noche una serie de reacciones entre el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, legisladores y del propio abogado de los líderes de Atenco, Leonel Rivero, quien anticipó que ya preparaba un amparo para obtener la libertad de Del Valle y sus compañeros.
Peña Nieto refrendó que su gobierno actuó conforme a derecho en mayo de 2006, pero aclaró que respeta la decisión de la SCJN.
“El empeño del gobierno del estado no ha sido en ningún momento el tener a gente detenida sino mantener condiciones de orden y de paz en la entidad. Y eso fue lo que en su momento determinó hacer uso de la fuerza pública, del legítimo uso de la fuerza pública que tiene el estado”, expresó.
El mandatario mexiquense refirió que para el caso de las organizaciones que apoyan a los ahora liberados habrá un diálogo permanente y constante.
Mientras, en la Cámara de Diputados, el PRD alistaba una denuncia contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por retener en prisión a los líderes.
La vocera de la bancada perredista, Leticia Quezada, opinó que el retraso de la excarcelación formó parte de una estrategia para que el gobierno del Estado de México alistara nuevas acusaciones.
“Si ahora el gobierno del Estado de México sale con esta artimaña jurídica, me parece que lo único que se avizora es un conflicto mayor que nadie quiere y que el país no necesita en este momento”, dijo.
La secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, acusó que “de buenas a primeras la SSP federal hizo aparecer nuevas causas penales levantadas supuestamente ante juzgados del Estado de México para negar la libertad a los líderes de Atenco, lo que echa por tierra el discurso de genuina voluntad que dice tener el gobierno para poner fin a la criminalización y persecución de los movimientos sociales”.
- Claves
Acto congruente
• Ignacio del Valle fue condenado a 112 años de prisión; 67 por el delito de secuestro equiparado y 45 por los hechos violentos durante los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006.
• Trinidad Ramírez, esposa de Del Valle, dijo que el fallo unánime que emitió la Supreme Corte de Justicia de la Nación fue un acto de congruencia jurídica.
• El PRD en el Congreso informó prepara un exhorto para que América del Valle no sea sujeta a ninguna aprehensión.
México • Redacción. Con información de Fernando Damián, Liliana Padilla y Christian Hernández, Milenio, 2 de julio.
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