Tras considerar que jueces y magistrados del Estado de México aceptaron pruebas ilícitas presentadas por la procuraduría local y que no se demostró el delito de secuestro equiparado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, así como de 11 activistas de la organización, presos por los disturbios de 2006 en San Salvador Atenco.
Del Valle enfrentaba dos condenadas que sumaban 112 años prisión, por lo que fue recluido en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez.
La ministra Olga Sánchez Cordero opinó que las condenas excesivas (30, 67 y 112 años) impuestas a los líderes de San Salvador Atenco obedecieron a que las autoridades del Estado de México estigmatizan la protesta social y el derecho a la libre manifestación.
Por mayoría, los ministros de la Primera Sala resolvieron que no se acreditó la plena responsabilidad de los activistas en el delito de privación ilegal de la libertad equiparable al secuestro, por el que fueron condenados por un juez del Estado de México con las pruebas ilegales aportadas por el Ministerio Público.
Consideraron que la retención de funcionarios mexiquenses y policías (a los que supuestamente secuestraron) ocurrió en un contexto político-social, para presionar a las autoridades mexiquenses a que atendieran diversas demandas.
Inclusive, señalaron que no existió maltrato o amenaza de muerte a los servidores públicos.
Por unanimidad en el caso de 9 de los sentenciados a más de 30 años de prisión y con votaciones de 4 votos contra 1 en las resoluciones de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, los ministros determinaron que se violó el derecho al debido proceso de los 12 sentenciados.
El ministro Juan Silva Meza consideró que juzgar como peligrosos y violentos a los integrantes de organizaciones sociales es propio de regímenes totalitarios, y afirmó que las condenas impuestas fueron una forma “maquilladamente institucional” de criminalizar la protesta social.
El ministro José Ramón Cossío se pronunció contra la absolución total de los 3 líderes principales de Atenco, y señaló que se debía reclasificar el delito de secuestro equiparado que se les imputaba por uno de menor gravedad con lo que ya habrían cumplido con su condena.
Sin embargo, el ministro presidente de la Primera Sala, José de Jesús Gudiño, se opuso con el argumento de que sí existieron amenazas físicas y verbales a la integridad personal de los funcionarios públicos retenidos en San Salvador Atenco.
Una vez que se ordenó la inmediata liberación de los sentenciados, Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, advirtió quela decisión de la Corte fue un acto de congruencia jurídica y no una concesión a los activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Peña Nieto respeta la decisión
••• El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, rechazó que la liberación de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco signifique un revés a su administración; por el contrario, se dijo respetuoso de la determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Luego de que la primera sala de la SCJN resolvió emitir un amparo contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por los hechos ocurridos en mayo de 2006, el mandatario estatal aseguró que respeta el criterio con que fue resuelto el caso.
“Si la Corte considera que asiste o haya acción distinta tomada por el Poder Judicial del estado, seremos absolutamente respetuosos”.
Agregó que el gobierno de la entidad actuó “con estricto apego a lo que la ley establece, “y fue así como estableció los procedimientos que ustedes conocen”. (Edomex • De la corresponsalía)
México • Ignacio Alzaga, Milenio, 1º de julio.
Del Valle enfrentaba dos condenadas que sumaban 112 años prisión, por lo que fue recluido en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez.
La ministra Olga Sánchez Cordero opinó que las condenas excesivas (30, 67 y 112 años) impuestas a los líderes de San Salvador Atenco obedecieron a que las autoridades del Estado de México estigmatizan la protesta social y el derecho a la libre manifestación.
Por mayoría, los ministros de la Primera Sala resolvieron que no se acreditó la plena responsabilidad de los activistas en el delito de privación ilegal de la libertad equiparable al secuestro, por el que fueron condenados por un juez del Estado de México con las pruebas ilegales aportadas por el Ministerio Público.
Consideraron que la retención de funcionarios mexiquenses y policías (a los que supuestamente secuestraron) ocurrió en un contexto político-social, para presionar a las autoridades mexiquenses a que atendieran diversas demandas.
Inclusive, señalaron que no existió maltrato o amenaza de muerte a los servidores públicos.
Por unanimidad en el caso de 9 de los sentenciados a más de 30 años de prisión y con votaciones de 4 votos contra 1 en las resoluciones de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, los ministros determinaron que se violó el derecho al debido proceso de los 12 sentenciados.
El ministro Juan Silva Meza consideró que juzgar como peligrosos y violentos a los integrantes de organizaciones sociales es propio de regímenes totalitarios, y afirmó que las condenas impuestas fueron una forma “maquilladamente institucional” de criminalizar la protesta social.
El ministro José Ramón Cossío se pronunció contra la absolución total de los 3 líderes principales de Atenco, y señaló que se debía reclasificar el delito de secuestro equiparado que se les imputaba por uno de menor gravedad con lo que ya habrían cumplido con su condena.
Sin embargo, el ministro presidente de la Primera Sala, José de Jesús Gudiño, se opuso con el argumento de que sí existieron amenazas físicas y verbales a la integridad personal de los funcionarios públicos retenidos en San Salvador Atenco.
Una vez que se ordenó la inmediata liberación de los sentenciados, Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, advirtió quela decisión de la Corte fue un acto de congruencia jurídica y no una concesión a los activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Peña Nieto respeta la decisión
••• El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, rechazó que la liberación de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco signifique un revés a su administración; por el contrario, se dijo respetuoso de la determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Luego de que la primera sala de la SCJN resolvió emitir un amparo contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por los hechos ocurridos en mayo de 2006, el mandatario estatal aseguró que respeta el criterio con que fue resuelto el caso.
“Si la Corte considera que asiste o haya acción distinta tomada por el Poder Judicial del estado, seremos absolutamente respetuosos”.
Agregó que el gobierno de la entidad actuó “con estricto apego a lo que la ley establece, “y fue así como estableció los procedimientos que ustedes conocen”. (Edomex • De la corresponsalía)
México • Ignacio Alzaga, Milenio, 1º de julio.
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