El gobierno del presidente Barack Obama presentó ante la Corte en Phoenix una demanda para declarar inconstitucional la legislación antiinmigrante SB 1070 de Arizona, que entrará en vigencia el próximo 29 de julio.
El Departamento de Justicia argumentó que esa legislación no sólo es violatoria de la ley de supremacía de la Constitución en la medida que la migración es regulada por normas federales y no estatales, sino que puede derivar en hostigamiento contra extranjeros y estadunidenses.
“Las leyes de migración de la nación reflejan un balance cuidadoso de la aplicación de la ley a escala nacional, relaciones exteriores e interés humanitario (...) Un estado (de EU) no puede establecer sus propias leyes de migración”, se indica en la demanda.
“La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de parches de políticas migratorias estatales y locales por todo el país”, remató.
La legislación SB 1070, promulgada por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, en plena temporada electoral, mereció el rechazo general, incluso de las asociaciones de jefes de policía a escala nacional.
En su demanda, el Departamento de Justicia mantiene que la ley impondrá “cargas significativas” a las agencias policiales, en la medida que desviará recursos de blancos de alta prioridad, incluidos extranjeros involucrados en terrorismo, pandillas y personas con antecedentes criminales.
Sostuvo que resultará en “el hostigamiento y la detención de visitantes foráneos e inmigrantes legales, así como de ciudadanos estadunidenses que no puedan probar su estatus migratorio”.
El procurador federal de Estados Unidos, Eric Holder, reconoció que el público de Arizona está “entendiblemente frustrado con la inmigración ilegal”, y admitió que el gobierno federal tiene la responsabilidad de encarar esas preocupaciones.
“Pero desviar los recursos federales de extranjeros peligrosos como los sospechosos de terrorismo e inmigrantes con récords criminales, impactará toda la seguridad del país”, indicó.
La demanda fue presentada de manera conjunta por los departamentos de Justicia, Seguridad Interna y Estado.
En una de las primeras reacciones, los senadores por Arizona, John McCain y Jon Kyl, consideraron prematura la presentación de la querella al considerar que no ha sido aún aplicada en la realidad y que los expertos creen que tiene pocas probabilidades de ganar en los tribunales.
“El pueblo estadunidense se debe estar preguntando si la administración Obama está realmente comprometida para proteger las fronteras cuando demanda a un estado que trata de proteger a su pueblo haciendo cumplir las leyes de migración”, señalaron.
El Departamento de Justicia argumentó que esa legislación no sólo es violatoria de la ley de supremacía de la Constitución en la medida que la migración es regulada por normas federales y no estatales, sino que puede derivar en hostigamiento contra extranjeros y estadunidenses.
“Las leyes de migración de la nación reflejan un balance cuidadoso de la aplicación de la ley a escala nacional, relaciones exteriores e interés humanitario (...) Un estado (de EU) no puede establecer sus propias leyes de migración”, se indica en la demanda.
“La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de parches de políticas migratorias estatales y locales por todo el país”, remató.
La legislación SB 1070, promulgada por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, en plena temporada electoral, mereció el rechazo general, incluso de las asociaciones de jefes de policía a escala nacional.
En su demanda, el Departamento de Justicia mantiene que la ley impondrá “cargas significativas” a las agencias policiales, en la medida que desviará recursos de blancos de alta prioridad, incluidos extranjeros involucrados en terrorismo, pandillas y personas con antecedentes criminales.
Sostuvo que resultará en “el hostigamiento y la detención de visitantes foráneos e inmigrantes legales, así como de ciudadanos estadunidenses que no puedan probar su estatus migratorio”.
El procurador federal de Estados Unidos, Eric Holder, reconoció que el público de Arizona está “entendiblemente frustrado con la inmigración ilegal”, y admitió que el gobierno federal tiene la responsabilidad de encarar esas preocupaciones.
“Pero desviar los recursos federales de extranjeros peligrosos como los sospechosos de terrorismo e inmigrantes con récords criminales, impactará toda la seguridad del país”, indicó.
La demanda fue presentada de manera conjunta por los departamentos de Justicia, Seguridad Interna y Estado.
En una de las primeras reacciones, los senadores por Arizona, John McCain y Jon Kyl, consideraron prematura la presentación de la querella al considerar que no ha sido aún aplicada en la realidad y que los expertos creen que tiene pocas probabilidades de ganar en los tribunales.
“El pueblo estadunidense se debe estar preguntando si la administración Obama está realmente comprometida para proteger las fronteras cuando demanda a un estado que trata de proteger a su pueblo haciendo cumplir las leyes de migración”, señalaron.
Milenio, 7 de julio.
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