La nueva ley de Arizona para controlar la inmigración ilegal estuvo ayer por primera vez ante un juez, y abogados de ambas partes discutieron sobre quién debía controlar a los indocumentados: las autoridades locales o el gobierno federal.
La juez federal Susan Bolton no tomó una decisión sobre si se debe impedir la aplicación de la ley a partir del 29 de julio o si se debe descartar la demanda, una de siete.
Otra audiencia para ventilar otras dos demandas, entre ellas del gobierno federal, fue fijada para el martes y la juez ha sido cuidadosa en no dar señales de hacia dónde inclinará su decisión.
Si Bolton falla en favor del gobierno de Arizona abrirá la puerta a que otros estados aborden temas que desde hace tiempo han sido responsabilidad del gobierno federal.
El abogado que representa a Arizona, John Bouma, argumentó que el estado no tiene por qué sufrir con el sistema inoperante de inmigración del país cuando cuenta con 15 mil policías que pueden arrestar a indocumentados.
“Dejar las cosas como están causa daño económico al estado de Arizona, un daño irreparable todos los días”, dijo Bouma, al destacar los altos costos por la educación y los servicios de salud que se otorgan a indcumentados.
Sin embargo, permitir que Arizona aplique su propia ley de inmigración viola todas las decisiones judiciales que sostienen que sólo el gobierno federal tiene la potestad de controlar la inmigración, afirmó Stephen Montoya, un abogado que representa a David Salgado, agente de la policía de Phoenix.
La juez federal Susan R. Bolton comenzó en punto de las 10:00 horas locales una audiencia para analizar la demanda interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y varios grupos más de derechos civiles e individuos.
En el documento se pidió a la juez que emitiera una suspensión temporal para frenar la entrada en vigor de la nueva ley, programada para regir a partir del primer minuto del próximo día 29.
A las 09:30 horas locales, media hora antes del inicio de la audiencia, el salón de la Corte estaba lleno con observadores y reporteros autorizados a ingresar bajo fuertes medidas de seguridad, que incluía la prohibición de cámaras y grabadoras.
Unas 150 personas se encontraban en el exterior de la Corte, incluyendo un grupo de casi 30 simpatizantes de la controversial ley.
Las audiencias de ayer se suman a la efectuada la semana pasada y atienden a las primeras tres de las siete solicitudes legales interpuestas contra el estatuto.
La juez Bolton comenzó a analizar la ley el pasado jueves, al escuchar la petición interpuesta por el agente de policía de Phoenix, David Salgado. En dicha audiencia, la juez no emitió ningún dictamen.
La solicitud de la ACLU es la más amplia contra la ley antiinmigrante en el número de personas que la interponen y en el número de entidades a las que acusa.
- Claves
Medida temporal
• La demanda de la ACLU fue interpuesta por 24 organizaciones e individuos y acusa a funcionarios estatales y de los 15 condados de Arizona.
• En tanto, en la querella interpuesta por el Departamento de Justicia, abogados de esa dependencia federal solicitan a la juez emitir una suspensión temporal de la ley para impedir que entre en vigor.
• El senador estatal republicano Russell Pearce, coautor de la nueva ley, interpuso ante la Corte un memorando en oposición a la demanda del Departamento de Justicia, al sostener que la ley no se anticipa a la normatividad federal sino que la complementa.
Phoenix • AP y Notimex, Milenio, 23 de julio.
La juez federal Susan Bolton no tomó una decisión sobre si se debe impedir la aplicación de la ley a partir del 29 de julio o si se debe descartar la demanda, una de siete.
Otra audiencia para ventilar otras dos demandas, entre ellas del gobierno federal, fue fijada para el martes y la juez ha sido cuidadosa en no dar señales de hacia dónde inclinará su decisión.
Si Bolton falla en favor del gobierno de Arizona abrirá la puerta a que otros estados aborden temas que desde hace tiempo han sido responsabilidad del gobierno federal.
El abogado que representa a Arizona, John Bouma, argumentó que el estado no tiene por qué sufrir con el sistema inoperante de inmigración del país cuando cuenta con 15 mil policías que pueden arrestar a indocumentados.
“Dejar las cosas como están causa daño económico al estado de Arizona, un daño irreparable todos los días”, dijo Bouma, al destacar los altos costos por la educación y los servicios de salud que se otorgan a indcumentados.
Sin embargo, permitir que Arizona aplique su propia ley de inmigración viola todas las decisiones judiciales que sostienen que sólo el gobierno federal tiene la potestad de controlar la inmigración, afirmó Stephen Montoya, un abogado que representa a David Salgado, agente de la policía de Phoenix.
La juez federal Susan R. Bolton comenzó en punto de las 10:00 horas locales una audiencia para analizar la demanda interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y varios grupos más de derechos civiles e individuos.
En el documento se pidió a la juez que emitiera una suspensión temporal para frenar la entrada en vigor de la nueva ley, programada para regir a partir del primer minuto del próximo día 29.
A las 09:30 horas locales, media hora antes del inicio de la audiencia, el salón de la Corte estaba lleno con observadores y reporteros autorizados a ingresar bajo fuertes medidas de seguridad, que incluía la prohibición de cámaras y grabadoras.
Unas 150 personas se encontraban en el exterior de la Corte, incluyendo un grupo de casi 30 simpatizantes de la controversial ley.
Las audiencias de ayer se suman a la efectuada la semana pasada y atienden a las primeras tres de las siete solicitudes legales interpuestas contra el estatuto.
La juez Bolton comenzó a analizar la ley el pasado jueves, al escuchar la petición interpuesta por el agente de policía de Phoenix, David Salgado. En dicha audiencia, la juez no emitió ningún dictamen.
La solicitud de la ACLU es la más amplia contra la ley antiinmigrante en el número de personas que la interponen y en el número de entidades a las que acusa.
- Claves
Medida temporal
• La demanda de la ACLU fue interpuesta por 24 organizaciones e individuos y acusa a funcionarios estatales y de los 15 condados de Arizona.
• En tanto, en la querella interpuesta por el Departamento de Justicia, abogados de esa dependencia federal solicitan a la juez emitir una suspensión temporal de la ley para impedir que entre en vigor.
• El senador estatal republicano Russell Pearce, coautor de la nueva ley, interpuso ante la Corte un memorando en oposición a la demanda del Departamento de Justicia, al sostener que la ley no se anticipa a la normatividad federal sino que la complementa.
Phoenix • AP y Notimex, Milenio, 23 de julio.
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