La decisión de la Corte Federal de Distrito en Arizona de suspender algunas secciones de la SB1070 “es una victoria temporal y tendremos que litigar el caso durante meses o incluso hasta un año, hasta que se declare en definitiva su inconstitucionalidad”, ya que este jueves (hoy) entrará en vigor con disposiciones que aún son violatorias de garantías, como la de criminalizar la búsqueda de trabajo por parte de los jornaleros en espacios públicos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Iván Espinoza-Madrigal, abogado de la organización estadounidense Fondo Mexico-Americano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), uno de los grupos civiles que demandó el bloqueo de la SB1070, expuso así las implicaciones del fallo de la juez Susan R. Bolton, que calificó como un paso exitoso. Reconoció que “no todo es victoria”, ya que la entrada en vigor de la ley, de manera parcial, permitirá a la Policía de Arizona detener y procesar a jornaleros migrantes que ofrezcan sus servicios o soliciten trabajo en espacios públicos, que es una práctica que les permite obtener empleos eventuales en los campos de la región.
En la práctica
Esto implica que “la ley criminaliza en la práctica la búsqueda de trabajo de la población migrante”, indicó el abogado, al tiempo que consideró el fallo como un logro “al parar aspectos claves de la ley”, aunque la juez no entró al análisis de los aspectos raciales y de discriminación de esta norma —que fueron parte de los alegatos que incluyó Maldef en su demanda en representación de 14 organizaciones—, al señalar que “la Corte nota pero no analiza el perfil racial de la norma”.
La resolución de Bolton implica que hay indicios de que la SB1070 es anticonstitucional y “envía un mensaje claro a otros estados que pretendan aplicar normas similares, de que serán combatidas en tribunales”, consideró el abogado. El fallo señala que “la Corte está consciente de los serios problemas que serían inevitables por el periodo de detención, mientras los sujetos tienen su estatus migratorio claro”. Para el abogado, este texto de la resolución indica que “la juez entendió que el efecto de aplicar esta ley causaría daños no sólo a los indocumentados”.
Desplegarán tropas
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que serán desplegados cientos de agentes en Arizona para inspecciones, patrullajes y captura de traficantes de personas para garantizar la seguridad fronteriza, al tiempo que el gobierno federal continuará trabajando en una reforma integral en ese país en materia migratoria, dijo el subsecretario de Prensa Matt Chandler.
En un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, después de que se dio a conocer el fallo sobre la SB1070, el funcionario indicó que “la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) trabaja todos los días con las fuerzas policíacas locales de todo el país, a fin de apoyarlas en sus esfuerzos a favor de comunidades seguras, y continuará haciéndolo en Arizona”.
Chandler destacó que seguirán incrementando recursos en Arizona con un despliegue simultáneo al que hará la Guardia Nacional a partir del primero de agosto, de cientos de agentes adicionales de ICE, la Policía Fronteriza y personal de otras agencias encargadas de la procuración de justicia.
Muchas deportaciones
Aun antes de la entrada en vigor de una parte de la SB1070, los policías de un solo condado de Arizona ayudaron a deportar a más de 26 mil inmigrantes de EU por medio de un programa de colaboración federal-local, censurado por sus numerosos problemas.
Estadísticas obtenidas por The Associated Press revelan que la oficina del alguacil de Maricopa ha sido responsable de la deportación o salida forzada de 26 mil 146 inmigrantes desde 2007. Esa cifra representa la cuarta parte del total nacional de 115 mil 841 deportados por las autoridades nacionales en 64 agencias policiales encomendadas a ayudar a aplicar las leyes de inmigración desde 2006. (Con información de AP)
En entrevista con EL UNIVERSAL, Iván Espinoza-Madrigal, abogado de la organización estadounidense Fondo Mexico-Americano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), uno de los grupos civiles que demandó el bloqueo de la SB1070, expuso así las implicaciones del fallo de la juez Susan R. Bolton, que calificó como un paso exitoso. Reconoció que “no todo es victoria”, ya que la entrada en vigor de la ley, de manera parcial, permitirá a la Policía de Arizona detener y procesar a jornaleros migrantes que ofrezcan sus servicios o soliciten trabajo en espacios públicos, que es una práctica que les permite obtener empleos eventuales en los campos de la región.
En la práctica
Esto implica que “la ley criminaliza en la práctica la búsqueda de trabajo de la población migrante”, indicó el abogado, al tiempo que consideró el fallo como un logro “al parar aspectos claves de la ley”, aunque la juez no entró al análisis de los aspectos raciales y de discriminación de esta norma —que fueron parte de los alegatos que incluyó Maldef en su demanda en representación de 14 organizaciones—, al señalar que “la Corte nota pero no analiza el perfil racial de la norma”.
La resolución de Bolton implica que hay indicios de que la SB1070 es anticonstitucional y “envía un mensaje claro a otros estados que pretendan aplicar normas similares, de que serán combatidas en tribunales”, consideró el abogado. El fallo señala que “la Corte está consciente de los serios problemas que serían inevitables por el periodo de detención, mientras los sujetos tienen su estatus migratorio claro”. Para el abogado, este texto de la resolución indica que “la juez entendió que el efecto de aplicar esta ley causaría daños no sólo a los indocumentados”.
Desplegarán tropas
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que serán desplegados cientos de agentes en Arizona para inspecciones, patrullajes y captura de traficantes de personas para garantizar la seguridad fronteriza, al tiempo que el gobierno federal continuará trabajando en una reforma integral en ese país en materia migratoria, dijo el subsecretario de Prensa Matt Chandler.
En un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, después de que se dio a conocer el fallo sobre la SB1070, el funcionario indicó que “la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) trabaja todos los días con las fuerzas policíacas locales de todo el país, a fin de apoyarlas en sus esfuerzos a favor de comunidades seguras, y continuará haciéndolo en Arizona”.
Chandler destacó que seguirán incrementando recursos en Arizona con un despliegue simultáneo al que hará la Guardia Nacional a partir del primero de agosto, de cientos de agentes adicionales de ICE, la Policía Fronteriza y personal de otras agencias encargadas de la procuración de justicia.
Muchas deportaciones
Aun antes de la entrada en vigor de una parte de la SB1070, los policías de un solo condado de Arizona ayudaron a deportar a más de 26 mil inmigrantes de EU por medio de un programa de colaboración federal-local, censurado por sus numerosos problemas.
Estadísticas obtenidas por The Associated Press revelan que la oficina del alguacil de Maricopa ha sido responsable de la deportación o salida forzada de 26 mil 146 inmigrantes desde 2007. Esa cifra representa la cuarta parte del total nacional de 115 mil 841 deportados por las autoridades nacionales en 64 agencias policiales encomendadas a ayudar a aplicar las leyes de inmigración desde 2006. (Con información de AP)
Silvia Otero, EL Universal, 29 de julio.
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