El gobierno de México reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el crecimiento del crimen organizado “ha derivado en la expansión de delitos que afectan a la población migrante”, que es víctima de secuestros, extorsiones y trata de personas en el país, pero existe un subregistro de casos y no hay estadísticas oficiales que indiquen con certeza la dimensión del problema y mecanismos para fomentar la denuncia, informó la SRE.
Sin embargo, rechazó las cifras del informe que presentó el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que documentó 9 mil 758 víctimas en 198 secuestros perpetrados en seis meses —entre septiembre de 2008 y febrero de 2009—, ya que el método que utilizó el organismo impide cuantificar el número real de los agraviados.
De hecho, el Informe del Estado mexicano sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra personas migrantes en tránsito por territorio mexicano, que se envió a la CIDH, contiene cifras oficiales que contrastan con las de la CNDH.
El documento señala que en el periodo comprendido de enero de 2008 a abril de 2010, se registraron 141 casos de secuestros de migrantes —con 393 víctimas—, que derivaron en 44 averiguaciones previas, 36 detenciones y dos sentencias de presuntos responsables.
También indica que de enero de 2009 a abril de 2010, el Ejército y la Policía Federal realizaron 17 operativos para liberar a migrantes privados de su libertad en estados como Baja California, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, en los que se rescataron a 515 víctimas y 57 personas fueron aprehendidas.
Ante estas cifras, el gobierno acepta que la información recabada entre dependencias federales y estatales “evidenció no sólo la falta de sistematización de información, sino el subregistro de casos de secuestro contra migrantes”
Las redes criminales
El reporte destaca la gravedad del fenómeno y advierte que, de acuerdo con investigaciones, los albergues humanitarios a los que llegan los migrantes indocumentados están expuestos a la infiltración del crimen organizado, y que “el mayor peligro es la nueva delincuencia organizada, que en ocasiones busca a posibles víctimas de secuestro”.
Sin embargo, rechazó las cifras del informe que presentó el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que documentó 9 mil 758 víctimas en 198 secuestros perpetrados en seis meses —entre septiembre de 2008 y febrero de 2009—, ya que el método que utilizó el organismo impide cuantificar el número real de los agraviados.
De hecho, el Informe del Estado mexicano sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra personas migrantes en tránsito por territorio mexicano, que se envió a la CIDH, contiene cifras oficiales que contrastan con las de la CNDH.
El documento señala que en el periodo comprendido de enero de 2008 a abril de 2010, se registraron 141 casos de secuestros de migrantes —con 393 víctimas—, que derivaron en 44 averiguaciones previas, 36 detenciones y dos sentencias de presuntos responsables.
También indica que de enero de 2009 a abril de 2010, el Ejército y la Policía Federal realizaron 17 operativos para liberar a migrantes privados de su libertad en estados como Baja California, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, en los que se rescataron a 515 víctimas y 57 personas fueron aprehendidas.
Ante estas cifras, el gobierno acepta que la información recabada entre dependencias federales y estatales “evidenció no sólo la falta de sistematización de información, sino el subregistro de casos de secuestro contra migrantes”
Las redes criminales
El reporte destaca la gravedad del fenómeno y advierte que, de acuerdo con investigaciones, los albergues humanitarios a los que llegan los migrantes indocumentados están expuestos a la infiltración del crimen organizado, y que “el mayor peligro es la nueva delincuencia organizada, que en ocasiones busca a posibles víctimas de secuestro”.
Silvia Otero, El Universal, 17 de julio.
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