HERMOSILLO, Son.— El gobierno de Sonora pedirá al de Arizona que si la ley SB 1070 entra en vigor, no realice deportaciones exclusivamente por los puertos fronterizos de la entidad, pues representaría un gran problema.
La propuesta concreta es que se divida a la gente que será expulsada de Estados Unidos y se distribuya a lo largo de la frontera, mientas que el estado prepara albergues en caso de un éxodo masivo.
El subsecretario de Gobierno, César Bleizeffer, dijo: “Si viene una repatriación masiva, que las repatriaciones sean por diferentes estados, no únicamente por Nogales, Agua Prieta, Naco, por el estado de Sonora. No están [repatriando] en [Ciudad] Juárez, hay que trabajar para que también sea un punto de entrada”.
La propuesta, avalada por el Instituto Nacional de Migración (INM) de Sonora, se justifica porque 80% de las deportaciones de EU a México se hacen vía Nogales. En 2009 se registraron 215 mil casos a través de ese puerto fronterizo, y en lo que va de este año suman 91 mil.
El delegado estatal del INM, Alejandro Salas Domínguez, dijo que se desconoce el efecto que pueda tener la posible implementación de la ley SB 1070 en Arizona, a partir del 29 de julio próximo.
Autoridades federales y estatales de México esperan que se llegue a un acuerdo con sus contrapartes estadounidense para que expulsen a los migrantes también por los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.
Listos, albergues
El gobierno de Sonora aseguró que si se registra una repatriación masiva de connacionales al entrar en vigor la legislación de Arizona, la entidad está preparada para hacerle frente, pues ya tiene listos siete albergues en la zona fronteriza.
De presentarse un éxodo de migrantes, el estado garantizó que tendrá la capacidad de recibir cinco veces más de los que actualmente está atendiendo.
El gobierno estatal también proyecta abrir otros 25 albergues en los municipios de Nogales, Agua Prieta, Sásabe, Naco y San Luis Río Colorado.
Nogales tiene capacidad para recibir actualmente a 600 personas a la semana, pero de presentarse algo extraordinario, como una deportación masiva, podría atender hasta 3 mil migrantes.
Indígenas expresan temor
Indígenas cucapás de Sonora manifestaron temor de que, con la entrada en vigor de la ley, policías de Arizona cometan abusos contra ellos por el color de su piel.
El regidor étnico del cabildo local, Alfonso Tambo Ceceña, dijo que miembros de la tribu residentes en San Luis Río Colorado con frecuencia cruzan a territorio estadounidense a visitar a sus hermanos.
Dijo que “el problema es que los cucapás de Sonora van a cruzar con su pasaporte al otro lado, pero los pueden detener sólo por el color de su piel”.
Comentó que sus hermanos indígenas residentes en la Reserva de Somerton, en Arizona, quizá no tengan tantos problemas con las autoridades, pues ellos tienen medios para defenderse.
Dijo que los miembros de la etnia están en contra de la ley SB 1070 que criminaliza a las personas que viven de manera ilegal en Estados Unidos.
“Yo lo que veo es que es un racismo y lo vemos mal; incluso a la gente que está de legal en el otro lado, o que hasta es ciudadana americana, ya la están señalando por ser morena”, denunció.
Tambo Ceceña comentó que ha atendido varios casos de personas que acuden al cabildo local a solicitar ayuda tras haber sido deportadas de Estados Unidos, y que aseguran haber sufrido maltratos de las autoridades de aquel país.
Debido a los problemas que ya se han presentado, confió en que la situación no empeore con la implementación de la nueva legislación antiinmigrante.
La propuesta concreta es que se divida a la gente que será expulsada de Estados Unidos y se distribuya a lo largo de la frontera, mientas que el estado prepara albergues en caso de un éxodo masivo.
El subsecretario de Gobierno, César Bleizeffer, dijo: “Si viene una repatriación masiva, que las repatriaciones sean por diferentes estados, no únicamente por Nogales, Agua Prieta, Naco, por el estado de Sonora. No están [repatriando] en [Ciudad] Juárez, hay que trabajar para que también sea un punto de entrada”.
La propuesta, avalada por el Instituto Nacional de Migración (INM) de Sonora, se justifica porque 80% de las deportaciones de EU a México se hacen vía Nogales. En 2009 se registraron 215 mil casos a través de ese puerto fronterizo, y en lo que va de este año suman 91 mil.
El delegado estatal del INM, Alejandro Salas Domínguez, dijo que se desconoce el efecto que pueda tener la posible implementación de la ley SB 1070 en Arizona, a partir del 29 de julio próximo.
Autoridades federales y estatales de México esperan que se llegue a un acuerdo con sus contrapartes estadounidense para que expulsen a los migrantes también por los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.
Listos, albergues
El gobierno de Sonora aseguró que si se registra una repatriación masiva de connacionales al entrar en vigor la legislación de Arizona, la entidad está preparada para hacerle frente, pues ya tiene listos siete albergues en la zona fronteriza.
De presentarse un éxodo de migrantes, el estado garantizó que tendrá la capacidad de recibir cinco veces más de los que actualmente está atendiendo.
El gobierno estatal también proyecta abrir otros 25 albergues en los municipios de Nogales, Agua Prieta, Sásabe, Naco y San Luis Río Colorado.
Nogales tiene capacidad para recibir actualmente a 600 personas a la semana, pero de presentarse algo extraordinario, como una deportación masiva, podría atender hasta 3 mil migrantes.
Indígenas expresan temor
Indígenas cucapás de Sonora manifestaron temor de que, con la entrada en vigor de la ley, policías de Arizona cometan abusos contra ellos por el color de su piel.
El regidor étnico del cabildo local, Alfonso Tambo Ceceña, dijo que miembros de la tribu residentes en San Luis Río Colorado con frecuencia cruzan a territorio estadounidense a visitar a sus hermanos.
Dijo que “el problema es que los cucapás de Sonora van a cruzar con su pasaporte al otro lado, pero los pueden detener sólo por el color de su piel”.
Comentó que sus hermanos indígenas residentes en la Reserva de Somerton, en Arizona, quizá no tengan tantos problemas con las autoridades, pues ellos tienen medios para defenderse.
Dijo que los miembros de la etnia están en contra de la ley SB 1070 que criminaliza a las personas que viven de manera ilegal en Estados Unidos.
“Yo lo que veo es que es un racismo y lo vemos mal; incluso a la gente que está de legal en el otro lado, o que hasta es ciudadana americana, ya la están señalando por ser morena”, denunció.
Tambo Ceceña comentó que ha atendido varios casos de personas que acuden al cabildo local a solicitar ayuda tras haber sido deportadas de Estados Unidos, y que aseguran haber sufrido maltratos de las autoridades de aquel país.
Debido a los problemas que ya se han presentado, confió en que la situación no empeore con la implementación de la nueva legislación antiinmigrante.
El Universal, 28 de julio.
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