Los cambios estructurales realizados en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) para ampliar sus facultades, son insuficientes “para abordar la grave crisis de libertad de expresión en México, aseguró el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró la decisión del gobierno federal de crear una nueva fiscalía especial para atender a los periodistas que sean agredidos exclusivamente en el ejercicio de la libertad de expresión.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, expresó su satisfacción por una decisión que "representa un paso apropiado hacia la federalización de los crímenes contra periodistas que, junto a otras medidas legales y judiciales que estamos pidiendo, podrá ayudar a frenar el clima de violencia que existe en México".
Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ dijo que tan sólo en esta administración 30 periodistas han sido asesinados o han desaparecido en el país, lo que es evidencia de la gravedad de la situación que se vive en México.
Sin jurisdicción
En un comunicado, la organización internacional con sede en Nueva York, dijo que la entonces Fiscalía para Delitos contra Periodistas fue creada en febrero de 2006, pero hasta ahora el organismo no ha contado con jurisdicción para investigar la mayoría de los casos, ni competencia para actuar en forma independiente, según el CPJ.
Con los cambios realizados en días pasados, la ahora denominada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión estará bajo supervisión directa del procurador general de la República y tendrá mandato para investigar crímenes contra la libertad de expresión, según el acuerdo firmado por el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez. La anterior fiscalía era supervisada por el subprocurador de Derechos Humanos dentro de la Procuraduría General y su mandato estaba limitado a los delitos contra periodistas, sin incluir la libertad de expresión.
Ante estas modificaciones Lauría indicó que “si bien la decisión de fortalecer la capacidad del fiscal es un paso en la dirección correcta, la medida es inadecuada para combatir la ola de violencia sin precedentes que está limitando seriamente la cobertura informativa en México”.
Consideró que “los líderes del Congreso deben actuar de modo oportuno y aprobar legislación que federalice los crímenes contra la libertad de expresión para establecer un marco legal apropiado que proteja este derecho humano básico”.
Carlos Lauría agregó que “los cambios tienen en cuenta algunas preocupaciones de larga data de grupos de prensa locales e internacionales –incluyendo el CPJ-, los periodistas y activistas mexicanos aseguran que la medida es insuficiente para contrarrestar la crisis que afecta a los medios mexicanos”. (Con información de agencias)
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró la decisión del gobierno federal de crear una nueva fiscalía especial para atender a los periodistas que sean agredidos exclusivamente en el ejercicio de la libertad de expresión.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, expresó su satisfacción por una decisión que "representa un paso apropiado hacia la federalización de los crímenes contra periodistas que, junto a otras medidas legales y judiciales que estamos pidiendo, podrá ayudar a frenar el clima de violencia que existe en México".
Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ dijo que tan sólo en esta administración 30 periodistas han sido asesinados o han desaparecido en el país, lo que es evidencia de la gravedad de la situación que se vive en México.
Sin jurisdicción
En un comunicado, la organización internacional con sede en Nueva York, dijo que la entonces Fiscalía para Delitos contra Periodistas fue creada en febrero de 2006, pero hasta ahora el organismo no ha contado con jurisdicción para investigar la mayoría de los casos, ni competencia para actuar en forma independiente, según el CPJ.
Con los cambios realizados en días pasados, la ahora denominada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión estará bajo supervisión directa del procurador general de la República y tendrá mandato para investigar crímenes contra la libertad de expresión, según el acuerdo firmado por el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez. La anterior fiscalía era supervisada por el subprocurador de Derechos Humanos dentro de la Procuraduría General y su mandato estaba limitado a los delitos contra periodistas, sin incluir la libertad de expresión.
Ante estas modificaciones Lauría indicó que “si bien la decisión de fortalecer la capacidad del fiscal es un paso en la dirección correcta, la medida es inadecuada para combatir la ola de violencia sin precedentes que está limitando seriamente la cobertura informativa en México”.
Consideró que “los líderes del Congreso deben actuar de modo oportuno y aprobar legislación que federalice los crímenes contra la libertad de expresión para establecer un marco legal apropiado que proteja este derecho humano básico”.
Carlos Lauría agregó que “los cambios tienen en cuenta algunas preocupaciones de larga data de grupos de prensa locales e internacionales –incluyendo el CPJ-, los periodistas y activistas mexicanos aseguran que la medida es insuficiente para contrarrestar la crisis que afecta a los medios mexicanos”. (Con información de agencias)
Silvia Otero, EL Universal, 10 de julio.
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