Venezuela protestó ayer contra el gobierno colombiano y llamó a consultas a su embajador en Bogotá en medio de nuevas tensiones con la saliente administración de Álvaro Uribe, a quien el presidente Hugo Chávez acusa de impedir un acercamiento entre ambos países.
Las medidas tomadas por Caracas fueron anunciadas por el canciller venezolano, Nicolás Maduro, un día después de que el gobierno de Colombia afirmara “tener evidencias” sobre la presencia de cuatro jefes de la guerrilla FARC y uno del ELN dentro de las fronteras de su vecina Venezuela. “Hemos llamado a nuestro embajador Gustavo Márquez en Bogotá para que venga a Caracas a consultas”, declaró.
El canciller aseguró que “le hemos entregado como corresponde una nota de protesta oficial del gobierno venezolano rechazando las mentiras, los falsos positivos y las ollas podridas que ha montado el gobierno del presidente Álvaro Uribe”.
El gobierno de Venezuela culpó de este nuevo episodio de tensión al ejecutivo que preside Uribe, del que dijo que tiene una “enfermiza obsesión” por dañar las relaciones bilaterales.
También el presidente Hugo Chávez afirmó que Uribe, al que calificó de “mafioso”, está “empeñado en seguir gobernando” y quiere “impedir” que el mandatario electo, Juan Manuel Santos, de su mismo partido y considerado su delfín político, “vuelva a establecer relaciones respetuosas con Venezuela”.
El ejecutivo venezolano insistió en que su gobierno está dispuesto a establecer relaciones basadas en el “respeto” con la nueva administración que dirigirá Santos. Chávez declaró también que las acusaciones colombianas representan “el desespero” de la “extrema derecha colombiana” para evitar un acercamiento entre Venezuela y Santos.
Maduro se había expresado en los mismos términos al afirmar que “mucha gente se pregunta hoy qué busca el saliente presidente Uribe con esto”. Maduro insistió en que todo esto ocurre “en momentos en que parecieran darse algunas señales para avanzar en un proceso de acercamiento con el nuevo gobierno de Colombia” de Santos, que asumirá el próximo 7 de agosto e invitó a Chávez a su toma de posesión.
El jueves pasado, el gobierno colombiano aseguró que hay evidencias que “acreditan la presencia en Venezuela de algunos cabecillas” tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entre ellos se mencionó a “Iván Márquez; Rodrigo Granda, alias Ricardo; Timoleón Jiménez, alias Timochenko; y Germán Briceño, alias Grannobles (de las FARC); así como de Carlos Marín Guarín, alias Pablito (del ELN)”.
Colombia solicitó ayer a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar, “a la brevedad posible, a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para examinar la presencia de terroristas colombianos” en territorio venezolano.
El comunicado oficial de la presidencia colombiana añade que la solicitud “está antecedida por innumerables esfuerzos fallidos para la solución de este grave problema a través del diálogo directo con Venezuela y de las ocasiones en las que se ha comunicado esta situación a la OEA y a su Secretario General”.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Philip Crowley, declaró que la posible presencia de rebeldes en territorio venezolano preocupa a Washington “desde hace tiempo” y agregó que Venezuela tiene la obligación de “impedir a grupos terroristas que operen en su territorio”.
La Habana/Manuel Juan Somoza, Milenio, 17 de julio.
Las medidas tomadas por Caracas fueron anunciadas por el canciller venezolano, Nicolás Maduro, un día después de que el gobierno de Colombia afirmara “tener evidencias” sobre la presencia de cuatro jefes de la guerrilla FARC y uno del ELN dentro de las fronteras de su vecina Venezuela. “Hemos llamado a nuestro embajador Gustavo Márquez en Bogotá para que venga a Caracas a consultas”, declaró.
El canciller aseguró que “le hemos entregado como corresponde una nota de protesta oficial del gobierno venezolano rechazando las mentiras, los falsos positivos y las ollas podridas que ha montado el gobierno del presidente Álvaro Uribe”.
El gobierno de Venezuela culpó de este nuevo episodio de tensión al ejecutivo que preside Uribe, del que dijo que tiene una “enfermiza obsesión” por dañar las relaciones bilaterales.
También el presidente Hugo Chávez afirmó que Uribe, al que calificó de “mafioso”, está “empeñado en seguir gobernando” y quiere “impedir” que el mandatario electo, Juan Manuel Santos, de su mismo partido y considerado su delfín político, “vuelva a establecer relaciones respetuosas con Venezuela”.
El ejecutivo venezolano insistió en que su gobierno está dispuesto a establecer relaciones basadas en el “respeto” con la nueva administración que dirigirá Santos. Chávez declaró también que las acusaciones colombianas representan “el desespero” de la “extrema derecha colombiana” para evitar un acercamiento entre Venezuela y Santos.
Maduro se había expresado en los mismos términos al afirmar que “mucha gente se pregunta hoy qué busca el saliente presidente Uribe con esto”. Maduro insistió en que todo esto ocurre “en momentos en que parecieran darse algunas señales para avanzar en un proceso de acercamiento con el nuevo gobierno de Colombia” de Santos, que asumirá el próximo 7 de agosto e invitó a Chávez a su toma de posesión.
El jueves pasado, el gobierno colombiano aseguró que hay evidencias que “acreditan la presencia en Venezuela de algunos cabecillas” tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entre ellos se mencionó a “Iván Márquez; Rodrigo Granda, alias Ricardo; Timoleón Jiménez, alias Timochenko; y Germán Briceño, alias Grannobles (de las FARC); así como de Carlos Marín Guarín, alias Pablito (del ELN)”.
Colombia solicitó ayer a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar, “a la brevedad posible, a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para examinar la presencia de terroristas colombianos” en territorio venezolano.
El comunicado oficial de la presidencia colombiana añade que la solicitud “está antecedida por innumerables esfuerzos fallidos para la solución de este grave problema a través del diálogo directo con Venezuela y de las ocasiones en las que se ha comunicado esta situación a la OEA y a su Secretario General”.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Philip Crowley, declaró que la posible presencia de rebeldes en territorio venezolano preocupa a Washington “desde hace tiempo” y agregó que Venezuela tiene la obligación de “impedir a grupos terroristas que operen en su territorio”.
La Habana/Manuel Juan Somoza, Milenio, 17 de julio.
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