Cursos y envío de perros, la ayuda de EU en lucha antihampa de México

Aun con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, la aportación del gobierno de Barack Obama a México en materia de seguridad y procuración de justicia se limitó a cursos de salud mental, conferencias sobre identificación de drogas y envío de perros.

Aunque desde la llegada de Obama a la presidencia, en enero de 2009, se programaron 511 millones de dólares para la llamada Iniciativa Mérida —300 en 2009 y 211 este año— la colaboración se redujo en mayor medida a cuestiones didácticas o burocráticas, como apoyos a oficinas de comunicación social, de acuerdo con los últimos reportes del esquema bilateral.

El “respaldo” incluyó capacitación sobre temas básicos como investigación en escenarios criminales, preservación de evidencias y cadena de custodia, violencia sexual, identificación de autos robados, instrucción penitenciaria, resolución de conflictos, transporte de prisioneros, operaciones rurales, detención de fugitivos, explosivos improvisados y confiscación de activos.

Los rezagos de los dos últimos años en la aplicación del acuerdo esbozan lo que podría ocurrir con la mayoría republicana en la cámara estadounidense, consumada tras las votaciones intermedias del martes pasado.

En teoría, la iniciativa está orientada a disminuir el poder de las organizaciones criminales al capturar y encarcelar a sus líderes y a reducir los ingresos obtenidos por tráfico de drogas a través del intercambio de información, asistencia técnica y transferencias de equipo y tecnología.

Sin embargo, las transferencias más importantes registradas en el informe de agosto y septiembre de 2010 son 18 perros entrenados en detección de explosivos: 10 para la Policía Federal Ministerial y 8 para la Administración General de Aduanas, software y computadoras a dependencias encargadas de combatir el lavado de dinero, equipo de protección personal e insumos para laboratorios periciales.

En este 2010, se han sumado conferencias —dirigidas a policías, jueces, fiscales, abogados, profesores e investigadores— sobre estructuras financieras, rescate de migrantes, programas de control de confianza, sistema adverso e implementación de la reforma judicial.

También seminarios de profesionalización y respeto a derechos humanos para agentes e integrantes de Fuerzas Armadas; asistencia técnica en administración de prisiones, protección de víctimas y testigos; y apoyo a proyectos ciudadanos en Ciudad Juárez en tópicos como violencia, mente sana, cohesión comunitaria y educación.

En 2009, con un plan de gastos de 300 millones de pesos, se mantuvo el mismo tenor.

Ese año sólo hubo, de manera adicional, estímulos a Sepomex y a ONG´s de derechos humanos; adiestramiento en materia de extradiciones, órganos de control interno y consejos de participación ciudadana; apoyos a programas de trata de personas y la donación de helicópteros de transporte y una aeronave de ala fija.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 4 de noviembre.

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