A casi cinco meses de que entrara en vigor la llamada Ley Antipirata, el patrón de combate a esta actividad es el mismo: se privilegia el aseguramiento de mercancía ilícita mientras siguen sin identificarse las estructuras criminales.
Así lo expresaron empresarios de industrias afectadas, abogados y especialistas, quienes agregaron que hace falta un diagnóstico real del problema.
Las reformas al artículo 29 del Código Penal Federal y al 223 de la Ley de Propiedad Industrial establecen que la piratería debe ser un delito que se persiga de oficio. También otorgan penas de hasta seis años de prisión a quien venda, distribuya o reproduzca productos apócrifos.
Fidel López, director del Instituto para la Protección de la Propiedad Privada y el Comercio Legal, advirtió que, según los resultados públicos, no se ha informado de la detención ni identificación de ningún grupo que esté detrás de los grandes movimientos de mercancía ilícita.
"Esto confirma que las tareas de investigación del delito siguen siendo el gran pendiente, y, si este requisito no es satisfecho, ninguna estrategia prosperará", dijo.
Camilo Ramírez, diputado del PAN y secretario de la Comisión de Justicia, señaló que las acciones aún incipientes que realiza la PGR para perseguir de oficio este ilícito se deben a una falta de diagnóstico del problema para fijar metas y acciones.
"La PGR debe dar a conocer el diagnóstico real de dónde estamos parados para establecer un plan de trabajo con indicadores que nos digan si estamos o no avanzando y dónde hay problemas", apuntó.
Así lo expresaron empresarios de industrias afectadas, abogados y especialistas, quienes agregaron que hace falta un diagnóstico real del problema.
Las reformas al artículo 29 del Código Penal Federal y al 223 de la Ley de Propiedad Industrial establecen que la piratería debe ser un delito que se persiga de oficio. También otorgan penas de hasta seis años de prisión a quien venda, distribuya o reproduzca productos apócrifos.
Fidel López, director del Instituto para la Protección de la Propiedad Privada y el Comercio Legal, advirtió que, según los resultados públicos, no se ha informado de la detención ni identificación de ningún grupo que esté detrás de los grandes movimientos de mercancía ilícita.
"Esto confirma que las tareas de investigación del delito siguen siendo el gran pendiente, y, si este requisito no es satisfecho, ninguna estrategia prosperará", dijo.
Camilo Ramírez, diputado del PAN y secretario de la Comisión de Justicia, señaló que las acciones aún incipientes que realiza la PGR para perseguir de oficio este ilícito se deben a una falta de diagnóstico del problema para fijar metas y acciones.
"La PGR debe dar a conocer el diagnóstico real de dónde estamos parados para establecer un plan de trabajo con indicadores que nos digan si estamos o no avanzando y dónde hay problemas", apuntó.
Dayna Meré, Reforma, 3 de noviembre.
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