SAN FRANCISCO (Agencias).— Arizona reclamó ayer a jueces de apelación de Estados Unidos que permitan la entrada en vigor de los aspectos más polémicos de la ley antiinmigrante SB1070, argumentando que el gobierno de este estado, limítrofe con México, debe actuar ahí donde el gobierno federal ha fallado.
La ley de Arizona, que usa a la Policía estatal y local para determinar el estatus de inmigración se volvió un tema político nacional y la audiencia en la corte se realizó un día antes de elecciones de medio término en Estados Unidos que, se prevé, disminuirán el apoyo en el Congreso al presidente Barack Obama, cuyo gobierno presentó un recurso para impedir la entrada en vigor de la SB1070.
El panel de tres jueces también escuchó los argumentos en contra de la ley, antes de decidir si se mantiene la suspensión decretada en julio por un juez federal de los artículos más polémicos o si permite su entrada en vigor.
John Bourma, quien representó al estado de Arizona, insistió en que debería poder proceder mientras la batalla en tribunales más altos se lleva a cabo. “No hay razones por las cuales Arizona debería esperar y sufrir las consecuencias de un sistema que no funciona, cuando tiene 15 mil oficiales de paz bien entrenados a quienes las autoridades de Washington no están permitiendo ayudar a arreglar el sistema”.
El abogado del gobierno de Obama dijo que Arizona —que bajo la ley requeriría que la policía durante una detención legal determine el estatus de cualquier persona que sospeche que está en el país ilegalmente— usurparía la responsabilidad federal.
El relator especial de la ONU sobre racismo y xenofobia, Githu Muigai, denunció que los migrantes son el principal blanco de discriminación en el mundo y criticó la SB1070. “Es difícil reconciliar la estigmatización y generación de estereotipos negativos asociados al perfil racial”, dijo.
La ley de Arizona, que usa a la Policía estatal y local para determinar el estatus de inmigración se volvió un tema político nacional y la audiencia en la corte se realizó un día antes de elecciones de medio término en Estados Unidos que, se prevé, disminuirán el apoyo en el Congreso al presidente Barack Obama, cuyo gobierno presentó un recurso para impedir la entrada en vigor de la SB1070.
El panel de tres jueces también escuchó los argumentos en contra de la ley, antes de decidir si se mantiene la suspensión decretada en julio por un juez federal de los artículos más polémicos o si permite su entrada en vigor.
John Bourma, quien representó al estado de Arizona, insistió en que debería poder proceder mientras la batalla en tribunales más altos se lleva a cabo. “No hay razones por las cuales Arizona debería esperar y sufrir las consecuencias de un sistema que no funciona, cuando tiene 15 mil oficiales de paz bien entrenados a quienes las autoridades de Washington no están permitiendo ayudar a arreglar el sistema”.
El abogado del gobierno de Obama dijo que Arizona —que bajo la ley requeriría que la policía durante una detención legal determine el estatus de cualquier persona que sospeche que está en el país ilegalmente— usurparía la responsabilidad federal.
El relator especial de la ONU sobre racismo y xenofobia, Githu Muigai, denunció que los migrantes son el principal blanco de discriminación en el mundo y criticó la SB1070. “Es difícil reconciliar la estigmatización y generación de estereotipos negativos asociados al perfil racial”, dijo.
El Universal, 2 de noviembre.
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