Ixtapan de la Sal, estado de México, 11 de noviembre. La mayoría de los ciudadanos tiene una perspectiva negativa de la impartición de justicia, no hay confianza en la actuación de los órganos jurisdiccionales, ni certeza de cuáles son las funciones de los tribunales, reconocieron los participantes de la quinta asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
Además, los juzgadores alertaron sobre la falta de recursos que enfrentan los tribunales del país para la implementación de la reforma penal que pretende que el sistema de juicios orales opere a nivel nacional a más tardar en el año 2016.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la AMIJ, Rolando de Lassé, dijo en conferencia de prensa que los tribunales del país le solicitaron a la Cámara de Diputados una partida adicional de 640 millones de pesos para 2011, como un primer paso para enfrentar los temas “urgentes e inmediatos” que representa la reforma penal.
En un intento por paliar la desconfianza de la sociedad en los tribunales, la AMIJ aprobó la “carta de derechos y obligaciones de los usuarios de la justicia en México”, la cual admite que la sociedad mexicana demanda un servicio con mayor agilidad, eficiencia y transparencia.
La asociación, añade, asume el compromiso de mejorar la calidad de los servicios que prestan los órganos de impartición de justicia y reconoce el derecho de los ciudadanos a ser atendidos de forma respetuosa, a recibir respuesta oportuna a sus solicitudes, conocer el tipo de conductas de los funcionarios que pueden ser motivo de una responsabilidad penal o administrativa, y en caso de ser víctimas, ser informado de sus derechos, incluida la reparación del daño y garantizar el uso de un intérprete traductor cuando el usuario de la justicia sea un indígena, entre otros puntos.
Previamente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, reconoció, al inaugurar los trabajos de la asamblea, que los justiciables exigen mayor celeridad en la impartición de justicia y mejores vías para recibirla.
El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, dijo a su vez que “desafortunadamente, para muchos mexicanos la justicia es una realidad distante y ajena”.
En ese contexto, el funcionario exhortó a los juzgadores a “transformar profundamente la percepción que muchas personas tienen de que la justicia tarda o que al final de cuentas no cumple” con las expectativas. La justicia debe ser pronta, expedita y transparente, y la implementación de los juicios orales “es un paso adelante en favor de los mexicanos”, dijo.
Por su parte, el gobernador del estado de México –sede del encuentro–, Enrique Peña Nieto, sostuvo que el Estado mexicano tiene que modernizarse para cerrar “la inaceptable brecha que existe entre la ley y la realidad”.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Héctor Fix Fierro, presentó las conclusiones del “estudio de opinión sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios de la justicia en México”, cuya elaboración le encargó la AMIJ.
Explicó que, en general, los ciudadanos no acuden a los tribunales por diversas razones, que van desde la desconfianza, mala imagen de los tribunales, hasta el mal trato que reciben las personas cuando tiene problemas con la justicia.
El especialista universitario señaló que a la gente le da igual si su asunto es del fuero federal o penal, lo que le importa es que le hagan justicia.
Además, los juzgadores alertaron sobre la falta de recursos que enfrentan los tribunales del país para la implementación de la reforma penal que pretende que el sistema de juicios orales opere a nivel nacional a más tardar en el año 2016.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la AMIJ, Rolando de Lassé, dijo en conferencia de prensa que los tribunales del país le solicitaron a la Cámara de Diputados una partida adicional de 640 millones de pesos para 2011, como un primer paso para enfrentar los temas “urgentes e inmediatos” que representa la reforma penal.
En un intento por paliar la desconfianza de la sociedad en los tribunales, la AMIJ aprobó la “carta de derechos y obligaciones de los usuarios de la justicia en México”, la cual admite que la sociedad mexicana demanda un servicio con mayor agilidad, eficiencia y transparencia.
La asociación, añade, asume el compromiso de mejorar la calidad de los servicios que prestan los órganos de impartición de justicia y reconoce el derecho de los ciudadanos a ser atendidos de forma respetuosa, a recibir respuesta oportuna a sus solicitudes, conocer el tipo de conductas de los funcionarios que pueden ser motivo de una responsabilidad penal o administrativa, y en caso de ser víctimas, ser informado de sus derechos, incluida la reparación del daño y garantizar el uso de un intérprete traductor cuando el usuario de la justicia sea un indígena, entre otros puntos.
Previamente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, reconoció, al inaugurar los trabajos de la asamblea, que los justiciables exigen mayor celeridad en la impartición de justicia y mejores vías para recibirla.
El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, dijo a su vez que “desafortunadamente, para muchos mexicanos la justicia es una realidad distante y ajena”.
En ese contexto, el funcionario exhortó a los juzgadores a “transformar profundamente la percepción que muchas personas tienen de que la justicia tarda o que al final de cuentas no cumple” con las expectativas. La justicia debe ser pronta, expedita y transparente, y la implementación de los juicios orales “es un paso adelante en favor de los mexicanos”, dijo.
Por su parte, el gobernador del estado de México –sede del encuentro–, Enrique Peña Nieto, sostuvo que el Estado mexicano tiene que modernizarse para cerrar “la inaceptable brecha que existe entre la ley y la realidad”.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Héctor Fix Fierro, presentó las conclusiones del “estudio de opinión sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios de la justicia en México”, cuya elaboración le encargó la AMIJ.
Explicó que, en general, los ciudadanos no acuden a los tribunales por diversas razones, que van desde la desconfianza, mala imagen de los tribunales, hasta el mal trato que reciben las personas cuando tiene problemas con la justicia.
El especialista universitario señaló que a la gente le da igual si su asunto es del fuero federal o penal, lo que le importa es que le hagan justicia.
Jesús Aranda, La Jornada, 12 de noviembre.
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