El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, convocaron a los impartidores de justicia, federales y estatales, a cristalizar la reforma en materia penal, debido a que algunos juzgadores aún se oponen a la puesta en marcha de los juicios orales.
Al respecto, el presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, reconoció que los mexicanos demandan mayor celeridad en la impartición de justicia y mejores vías para recibirla, por lo que el Poder Judicial Federal ya trabaja en esos cambios.
Luego de inaugurar la quinta Asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Mayagoitia dijo que han actualizado sus estrategias y compromisos para que existan caminos más amplios que permitan a la sociedad acceder a los servicios judiciales.
Peña Nieto externó que el Estado debe modernizarse para cerrar la brecha que existe entre la ley y la realidad, por lo que es vital la aplicación de la reforma constitucional en materia penal.
“Es un reto formidable de una renovación ineludible que no puede postergarse y que nos exige la construcción, como lo hemos venido señalado desde el Estado de México, de manera reiterada, de un Estado más eficaz”, expresó.
Insistió que México requiere transformaciones en todos los órdenes y ello implica reformar todo el marco jurídico y el régimen institucional.
“Transformar requiere también el cambio de paradigmas y la aceptación de la mayoría que, a veces, expresa fuertes resistencias. Afortunadamente, a pesar de las diferencias propias de un régimen plural y democrático, se han presentado en el país importantes avances.
“Las reformas constitucionales de 2008 son ejemplo de ello; estamos frente a lo que hemos considerado la reforma penal de mayor alcance desde 1917, que modifica sustancialmente los procedimientos para la procuración y administración de justicia”, sustituyendo el modelo penal escrito por el acusatorio-adversarial y oral, puntualizó el mandatario.
Declaró que en el Estado de México son 12 los distritos que han comenzado a aplicar el sistema penal acusatorio y para 2011 sumarán 18.
Luchamos contra inercias
En su oportunidad, el secretario de Gobernación comentó a jueces y magistrados presentes que los obstáculos que enfrenta actualmente la aplicación de la reforma penal son las sinergias institucionales, los vicios del sistema tradicional y la resistencia al cambio entre algunos operadores del sistema de justicia penal.
“No es fácil, por supuesto, romper paradigmas para transitar a nuevos modelos en el tema de la justicia penal”, aseguró el encargado de la política interna durante su intervención.
Sin embargo, aseguró que el gobierno federal cuenta con aliados importantes en este tema, como la Asociación Nacional de Impartidores de Justicia.
Sin embargo, aceptó que aún se deben impulsar reformas constitucionales —que están pendientes en el Congreso de la Unión— que permitirán adecuar el marco jurídico y perfeccionar las instituciones.
El funcionario federal señaló que entre los pendientes están “la reforma en materia de amparo para hacerlo más flexible y accesible, y las correspondientes a derechos humanos para elevarlos a rango constitucional, pues son parte fundamental del esfuerzo para lograr una mayor protección de las personas”, apuntó.
Blake Mora recordó también que la justicia es el instrumento más poderoso que se tiene para hacer frente al dolor humano.
Tribunales quieren 640 mdp para aplicarla
••• Los 32 tribunales superiores de Justicia del país solicitaron 640 millones de pesos al Congreso de la Unión para cumplir con los requisitos más urgentes que demanda la reforma en materia de justicia penal, incluidos los jueces de control, de proceso y de ejecución de sentencias.
El secretario de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Rolando de Lassé Cañas, dio a conocer que hace unos días se reunió con integrantes de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para solicitar esos recursos, ya que queda menos de un año para concretar esa parte de la reforma constitucional aprobada en 2008.
Indicó que los integrantes del Poder Legislativo vieron con agrado la propuesta, pero aún falta por determinarse si en verdad se les apoyará con dicho monto.
Dejó claro que no necesariamente exigen recursos para aplicar toda la reforma, sino para aquellos puntos urgentes, en los cuales la Constitución prevé plazos.
“Hay que empezar por las partes más urgentes”, indicó, y aseguró que se necesitan más de 20 millones de pesos por cada tribunal de justicia.
Por su parte, el secretario técnico del Fondo Jurica, Alfredo Orellana, manifestó que hacen falta modificaciones a la estructura de los tribunales para adaptar salas para juicios orales y otros aspectos legales. (Ixtapan de la Sal • Rubén Mosso)
Ixtapan de la Sal • Rubén Mosso, Milenio, 12 de noviembre.
Al respecto, el presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, reconoció que los mexicanos demandan mayor celeridad en la impartición de justicia y mejores vías para recibirla, por lo que el Poder Judicial Federal ya trabaja en esos cambios.
Luego de inaugurar la quinta Asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Mayagoitia dijo que han actualizado sus estrategias y compromisos para que existan caminos más amplios que permitan a la sociedad acceder a los servicios judiciales.
Peña Nieto externó que el Estado debe modernizarse para cerrar la brecha que existe entre la ley y la realidad, por lo que es vital la aplicación de la reforma constitucional en materia penal.
“Es un reto formidable de una renovación ineludible que no puede postergarse y que nos exige la construcción, como lo hemos venido señalado desde el Estado de México, de manera reiterada, de un Estado más eficaz”, expresó.
Insistió que México requiere transformaciones en todos los órdenes y ello implica reformar todo el marco jurídico y el régimen institucional.
“Transformar requiere también el cambio de paradigmas y la aceptación de la mayoría que, a veces, expresa fuertes resistencias. Afortunadamente, a pesar de las diferencias propias de un régimen plural y democrático, se han presentado en el país importantes avances.
“Las reformas constitucionales de 2008 son ejemplo de ello; estamos frente a lo que hemos considerado la reforma penal de mayor alcance desde 1917, que modifica sustancialmente los procedimientos para la procuración y administración de justicia”, sustituyendo el modelo penal escrito por el acusatorio-adversarial y oral, puntualizó el mandatario.
Declaró que en el Estado de México son 12 los distritos que han comenzado a aplicar el sistema penal acusatorio y para 2011 sumarán 18.
Luchamos contra inercias
En su oportunidad, el secretario de Gobernación comentó a jueces y magistrados presentes que los obstáculos que enfrenta actualmente la aplicación de la reforma penal son las sinergias institucionales, los vicios del sistema tradicional y la resistencia al cambio entre algunos operadores del sistema de justicia penal.
“No es fácil, por supuesto, romper paradigmas para transitar a nuevos modelos en el tema de la justicia penal”, aseguró el encargado de la política interna durante su intervención.
Sin embargo, aseguró que el gobierno federal cuenta con aliados importantes en este tema, como la Asociación Nacional de Impartidores de Justicia.
Sin embargo, aceptó que aún se deben impulsar reformas constitucionales —que están pendientes en el Congreso de la Unión— que permitirán adecuar el marco jurídico y perfeccionar las instituciones.
El funcionario federal señaló que entre los pendientes están “la reforma en materia de amparo para hacerlo más flexible y accesible, y las correspondientes a derechos humanos para elevarlos a rango constitucional, pues son parte fundamental del esfuerzo para lograr una mayor protección de las personas”, apuntó.
Blake Mora recordó también que la justicia es el instrumento más poderoso que se tiene para hacer frente al dolor humano.
Tribunales quieren 640 mdp para aplicarla
••• Los 32 tribunales superiores de Justicia del país solicitaron 640 millones de pesos al Congreso de la Unión para cumplir con los requisitos más urgentes que demanda la reforma en materia de justicia penal, incluidos los jueces de control, de proceso y de ejecución de sentencias.
El secretario de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Rolando de Lassé Cañas, dio a conocer que hace unos días se reunió con integrantes de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para solicitar esos recursos, ya que queda menos de un año para concretar esa parte de la reforma constitucional aprobada en 2008.
Indicó que los integrantes del Poder Legislativo vieron con agrado la propuesta, pero aún falta por determinarse si en verdad se les apoyará con dicho monto.
Dejó claro que no necesariamente exigen recursos para aplicar toda la reforma, sino para aquellos puntos urgentes, en los cuales la Constitución prevé plazos.
“Hay que empezar por las partes más urgentes”, indicó, y aseguró que se necesitan más de 20 millones de pesos por cada tribunal de justicia.
Por su parte, el secretario técnico del Fondo Jurica, Alfredo Orellana, manifestó que hacen falta modificaciones a la estructura de los tribunales para adaptar salas para juicios orales y otros aspectos legales. (Ixtapan de la Sal • Rubén Mosso)
Ixtapan de la Sal • Rubén Mosso, Milenio, 12 de noviembre.
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