La incursión federal en la finca La Herradura, en Tapachula, permitió la liberación de 108 guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, así como de cinco mexicanos que eran objeto de explotación. Entre las víctimas hay 33 menores de edad, entre ellos, tres recién nacidos y una niña de 12 años embarazada.
Una investigación realizada por la Fiscalía Especial para la Violencia cometida contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR), condujo a las autoridades federales hasta la finca ubicada entre los ejidos de Miguel Alemán y Libertad en dicho municipio.
Los indicios sobre las actividades de trata de personas y tráfico de indocumentados en el lugar, presuntamente realizadas por los trabajadores de los ranchos de la zona, se integraron al expediente PGR/FEVIMTRA/TRA/040/2010.
El Ministerio Público de la federación obtuvo de un juez federal la orden de cateo 490/2010-1, lo que permitió el despliegue de 80 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y al menos 19 elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La Secretaría de Marina detalló en un comunicado que “al arribar a lugar se procedió a acordonar el área del casco del rancho, con el fin de brindar seguridad a los agentes federales”, quienes aseguraron las bodegas de la finca donde se encontraban cautivos los indocumentados centroamericanos.
La PGR informó que durante el operativo federal fueron detenidos como presuntos responsables del delito de trata de personas dos extranjeros, identificados como Roberto Iraí Pérez López, un guatemalteco que era caporal de La Herradura, así como Marvin Edgardo Cartero Enamorado, un hondureño caporal del rancho Orelay.
Los sospechosos mexicanos
Fueron detenidos como presuntos integrantes de esta red los mexicanos Mario Fernando Solórzano Rodríguez, caporal del rancho Santa Fe; Roberto Villanueva López, caporal del rancho Santa Teresa; Julio César Veliz Moncada, administrador de la finca La Herradura, así como Luis Antonio Paz Contreras, Francisco Hernández Cruz y Marco Antonio Gómez.
El gobierno federal, dijeron, ha intensificado las operaciones para detectar estas redes de traficantes, luego de que el 24 de agosto pasado un grupo de 72 indocumentados fue masacrado en San Fernando, Tamaulipas, por negarse a colaborar en el tráfico de drogas.
De hecho, la Procuraduría General de la República informó ayer que elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) también realizaron operativos de cateo en cinco inmuebles de los municipios de Cananea y Nogales, Sonora, donde detuvieron a un presunto “pollero” y aseguraron a siete hondureños que fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM)
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