La dirigente del grupo Eureka, la senadora Rosario Ibarra, coincidió con la posición de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros organismos internacionales pro derechos humanos, de que la reforma al Código de Justicia Militar propuesta por el presidente Felipe Calderón es sólo una simulación, ya que permite que subsista el llamado fuero de guerra.
La iniciativa debe modificarse a fondo, ya que “permite que queden sin castigo los militares que torturaron, desaparecieron y asesinaron a miles de mexicanos en la llamada guerra sucia de la década de 1970”, advirtió la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Hizo notar que su hijo Jesús Piedra Ibarra cumplió este año 35 años de que fue desaparecido por fuerzas del Estado y son los mismos años que se proponen para que prescriban los delitos de desaparición forzada en la iniciativa de Calderón.
A su juicio, no es casual que el Ejecutivo haya establecido 35 años para la prescripción del delito de desaparición forzada. “Lo hizo para dejar a salvo a los integrantes del Ejército, ya que el mayor número de casos de desaparecidos políticos se dieron entre 1969 y 1975.”
Explicó que el primero registrado por Eureka fue el caso del profesor guerrerense Epifanio Ávila Rosas, al que se llevaron en 1969 dos mandos del Ejército en la entidad, el mayor Antonio López Rivera y el general Miguel Bracamontes. Agregó que no sabe si aún viven, pero la familia de Ávila Rosas quiere justicia, lo que no se logrará si se aprueba la iniciativa presidencial.
Ibarra de Piedra recalcó que el gobierno federal viola convenios internacionales signados por México, entre ellos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona, la que en el artículo séptimo define con claridad que tanto la acción penal como la pena judicialmente impuesta no están sujetas a prescripción.
A su juicio, el fuero de guerra es un privilegio que vulnera el principio de igualdad de todas las personas ante la ley, ya que los militares que vulneran garantías fundamentales de civiles son juzgados en tribunales militares, que no garantizan imparcialidad, además de que los jueces son designados de manera exclusiva por el secretario de la Defensa Nacional, “con lo que este último se convierte en superior jerárquico del acusador y del juzgador”.
Agregó que ella se ha pronunciado siempre por la desaparición del fuero militar o de guerra y no está de acuerdo en “lo limitado” de la reforma presidencial, que sólo permite juzgar en tribunales civiles la desaparición forzada, tortura y violación.
Consideró que la propuesta de Felipe Calderón es sólo para tratar de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero “es evidente que la iniciativa es una burla”, ya que ese tribunal internacional ordenó al gobierno mexicano modificar a fondo el fuero militar.
Por separado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell, sostuvo que se tomarán en cuenta todas las inquietudes, ya que “en un momento tan complejo como el actual, no se puede legislar al vapor una reforma de esa magnitud”.
La iniciativa debe modificarse a fondo, ya que “permite que queden sin castigo los militares que torturaron, desaparecieron y asesinaron a miles de mexicanos en la llamada guerra sucia de la década de 1970”, advirtió la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Hizo notar que su hijo Jesús Piedra Ibarra cumplió este año 35 años de que fue desaparecido por fuerzas del Estado y son los mismos años que se proponen para que prescriban los delitos de desaparición forzada en la iniciativa de Calderón.
A su juicio, no es casual que el Ejecutivo haya establecido 35 años para la prescripción del delito de desaparición forzada. “Lo hizo para dejar a salvo a los integrantes del Ejército, ya que el mayor número de casos de desaparecidos políticos se dieron entre 1969 y 1975.”
Explicó que el primero registrado por Eureka fue el caso del profesor guerrerense Epifanio Ávila Rosas, al que se llevaron en 1969 dos mandos del Ejército en la entidad, el mayor Antonio López Rivera y el general Miguel Bracamontes. Agregó que no sabe si aún viven, pero la familia de Ávila Rosas quiere justicia, lo que no se logrará si se aprueba la iniciativa presidencial.
Ibarra de Piedra recalcó que el gobierno federal viola convenios internacionales signados por México, entre ellos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona, la que en el artículo séptimo define con claridad que tanto la acción penal como la pena judicialmente impuesta no están sujetas a prescripción.
A su juicio, el fuero de guerra es un privilegio que vulnera el principio de igualdad de todas las personas ante la ley, ya que los militares que vulneran garantías fundamentales de civiles son juzgados en tribunales militares, que no garantizan imparcialidad, además de que los jueces son designados de manera exclusiva por el secretario de la Defensa Nacional, “con lo que este último se convierte en superior jerárquico del acusador y del juzgador”.
Agregó que ella se ha pronunciado siempre por la desaparición del fuero militar o de guerra y no está de acuerdo en “lo limitado” de la reforma presidencial, que sólo permite juzgar en tribunales civiles la desaparición forzada, tortura y violación.
Consideró que la propuesta de Felipe Calderón es sólo para tratar de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero “es evidente que la iniciativa es una burla”, ya que ese tribunal internacional ordenó al gobierno mexicano modificar a fondo el fuero militar.
Por separado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell, sostuvo que se tomarán en cuenta todas las inquietudes, ya que “en un momento tan complejo como el actual, no se puede legislar al vapor una reforma de esa magnitud”.
Andrea Becerril, La Jornada, 13 de noviembre.
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