Documentados en la CNDH en los últimos 18 meses, HAY 1,800 CASOS COMO EL DE HUGO

Las violaciones cometidas durante el proceso en contra del joven mazahua, Hugo Sánchez Ramírez, reveladas por Crónica en los últimos días, constituyen solo un caso de miles documentados en el sistema de justicia mexicano.

En el último año y medio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha abierto al menos mil 800 expedientes relacionados con abusos cometidos en perjuicio de indígenas detenidos y encarcelados.

Los principales hechos violatorios detectados por el organismo son detenciones arbitrarias; tratos crueles, inhumanos y degradantes; intimidación; incomunicación; omisiones para brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo del proceso, así como para proporcionar intérprete o traductor.

“Se trata de casos en los cuales se ha determinado violaciones graves a derechos humanos partiendo de maltratos y de una inadecuada integración de la averiguación previa, lo que no permite que la procuración de justicia se cumpla a cabalidad, como lo establece la Constitución”, señaló en entrevista con este grupo editorial Luis García, primer visitador de la Comisión.

En los abusos están involucradas autoridades como las secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de la Marina, la Procuraduría General de la República y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP-f.

Según datos de la CNDH, en la actualidad hay alrededor de 8 mil 700 indígenas en reclusión a nivel nacional. De 2010 a la fecha ha realizado 2 mil 660 gestiones administrativas que han derivado ya en la libertad anticipada de cerca de mil personas que pertenecen a este sector vulnerable.

“Los indígenas tienen barreras de lenguaje, económicas y de desconocimiento de sus derechos que en muchas ocasiones se vuelven obstáculos para las liberaciones anticipadas”, describió García.

Para lograr estos beneficios, especialistas de la Comisión han entrevistado a en los últimos 30 meses a 4 mil 110 indígenas en 142 centros penitenciarios de toda la República.

Hugo Sánchez fue sentenciado a 37 años y seis meses de prisión por los supuestos delitos de secuestro y portación de armas exclusivas del Ejército, en medio de testimonios manipulados, invenciones, montajes fotográficos y tortura. Hasta ahora, sólo ha recibido el respaldo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez.

Tras lo ventilado por Crónica, la CNDH exigió a policías, ministerios públicos y jueces evitar más injusticias.

“Los servidores públicos encargados de la investigación de delitos, de llevar a los responsables de un ilícito ante los jueces y de procurar justicia deben cumplir ya con los estándares que la constitución establece para que no haya más abusos, pues éstos sólo dan la idea de un sistema de justicia a modo, en el cual diversos funcionarios se aprovechan de la condición de la vulnerabilidad de una persona para violar sus derechos”, enfatizó el visitador García.

De entre los 8 mil 700 indígenas en reclusión, 9 de cada 10 han sido acusados de delitos del fuero común, y el 97 por ciento son hombres (sólo 310 son mujeres).

Entre los principales grupos étnicos en la cárcel están náhuatl, maya, tzotzil, zapoteco, tzeltal, mixteco y totocana; el mazahua, al que pertenece Hugo, no se encuentra en los primeros sitios.

Desde el año pasado, el Centro Pro-Juárez presentó dos amparos a favor de Hugo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales fueron atraídos en octubre de ese 2011 y serán resueltos en los próximos días.

En este contexto, la CNDH llamó a los ministros a examinar a detalle las anomalías:

“La Corte está para verificar la legalidad de todos los actos que se llevaron a cabo y que todas las partes del proceso se hayan realizado conforme a la constitución y las leyes respectivas”, indicó García.


Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 22 de junio.