Reforma laboral de Calderón eliminará el sindicalismo independiente: Alcalde

La aprobación de la iniciativa de reforma laboral que presentó el presidente Felipe Calderón al Congreso significaría la muerte del sindicalismo independiente en México, pues cancela las dos pequeñas rendijas que tienen los trabajadores para tener un contrato colectivo propio: los emplazamientos a huelga por firma de contrato y el juicio de titularidad.

En México casi 90 por ciento de sindicatos independientes son producto de juicios de titularidad, y la iniciativa cancela esa puerta fijando requisitos imposibles de cumplir, ya que prácticamente los trabajadores tendrían que poner sobre aviso a la empresa y hasta perdirle permiso para cambiar su sindicato.

El proyecto plantea además que si hay un juicio iniciado por un sindicato, otro no puede demandar la titularidad del contrato hasta un año después; es decir, los patrones pueden ponerse de acuerdo con las organizaciones de protección para que haya demandas permanentes que impidan a los trabajadores llevar a cabo un proceso legal para afiliarse a una agrupación independiente.

Esos aspectos, que plantea el proyecto calderonista, harían imposible tener sindicatos independientes, subrayó el experto en derecho laboral Arturo Alcalde, de la Asociación Nacional de Abogados Democrático (ANAD).

Explicó que en la iniciativa se estipulan los llamados requisitos de procedibilidad que tendrán que cumplir los empleados antes de iniciar un juicio por la titularidad del contrato colectivo de trabajo, los cuales indican que los inconformes deberán dar sus nombres, firmar un acta y acreditar que están dados de alta en la empresa, las cuales tienen la extendida práctica de despedir siempre a quienes intentan afiliarse a sindicatos independientes. Así, teniendo los nombres de los empleados, les será más fácil despedirlos.

Otro requisito prácticamente imposible de cubrir será que para iniciar el jucio por la titularidad los trabajadores demandantes deberán tener una certificación por la autoridad registradora, la cual está integrada en las juntas Federal y Local de Conciliación y Arbitraje precisamente por el representante patronal, el gobierno y el sindicato que ostenta el contrato, por lo que es prácticamente una mala broma plantear que les den permiso para iniciar un juicio para cambiar de sindicato. A toda costa van a impedir que ello suceda, explicó.

En entrevista, apuntó que con dicha iniciativa de reforma lo que se busca es evitar a toda costa la democratización del sindicalismo y perpetuar un esquema en el que prevalece el sindicalismo de protección o blanco, es decir, se blindaría el contratismo de protección contra cualquier intención de los trabajadores de afiliarse a otros gremios.

Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, 11 de septiembre.