Se oponen priístas a tocar los fondos de vivienda

La rebelión contra la reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto llegó también al PRI, donde los legisladores del sector obrero están en contra de la pretensión de tomar parte de los fondos de vivienda que están en el Infonavit para pagar un seguro de desempleo.
“Está bien que constituyan ese seguro, pero no con los recursos de los trabajadores”, advirtió el senador priísta Armando Neyra Chávez. Dejó claro que no aceptan que se disponga del 3 por ciento de esos fondos, como se establece en la reforma hacendaria y fiscal que se discute en la Cámara de Diputados, y están también en contra de otras disposiciones que contiene, ya que incluso pone en peligro los contratos colectivos de trabajo.
El también dirigente de la CTM recordó que al crearse el Infonavit, el entonces dirigente de esa central, Fidel Velázquez, aceptó que del 15 por ciento de aumento salarial otorgado a todos los asalariados del país, 5 por ciento se destinara a la creación de ese fondo de vivienda, que luego se fue capitalizando con más aportaciones de los sindicalizados.
Por ello, insistió, ese fondo de vivienda no debe ser tocado, ya que son recursos de los trabajadores, y ademas descapitalizaría al Infonavit, organismo que debe seguir construyendo viviendas para los trabajadores. No aceptan, recalcó, que se disponga del tres por ciento de ellos.
Esa postura, expresó Neyra Chávez, la comparten los senadores Joel Ayala y Carlos Romero Deschamps, dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y de los petroleros, así como los 42 diputados del sector obrero, que están conscientes de que ese punto y otros incluidos en la reforma hacendaria no pueden aprobarse.
En general, dijo, esa reforma “está muy mal”, ya que contiene otras disposiciones que afectan gravemente la economía de los trabajadores. No sólo quieren disponer de los fondos de vivienda, sino que además imponen el impuesto al valor agregado (IVA) a la renta de casas habitación, concepto por el que pretenden recaudar cerca de 3 mil 500 millones de pesos al mes, ya que se calcula en 5 millones 400 mil los obreros que deben pagar alquiler de vivienda, a un precio promedio de 4 mil pesos al mes.
El senador Neyra Chávez hizo notar que para un trabajador ya de por sí es una carga la renta de la casa habitación, como para pagar IVA por ello. En el caso de un alquiler de 4 mil pesos, tendría que desembolsar 640 pesos más al mes, “lo que mermaría su ya de por sí bajo poder adquisitivo”.
A su juicio, la reforma tal como está planeada, al gravar más el trabajo que las utilidades, pone en riesgo los contratos colectivos, ya que al disminuir de 100 a 41 por ciento las deducciones que los empresarios pueden hacer en el pago de aguinaldos, vacaciones, vales de despensa y otras prestaciones, lleva a que las disminuyan o eliminen.
Podría darse el caso también, resaltó, de que los patrones pretendieran liquidar contratos colectivos para no tener que pagar las prestaciones sociales, que ya no podrán deducir al 100 por ciento, sino exclusivamente al 41 por ciento.
El senador priísta resaltó que se debe combatir la evasión fiscal que se da a través del mecanismo de consolidación fiscal y otras medidas que sean equitativas y no recargarse en los trabajadores.
Aseguró que cuenta con el respaldo de su bancada y confía en que se modifique la propuesta, ya que “hasta las cámaras empresariales, que no son otra cosa que sindicatos patronales, impugnan el 90 por ciento del contenido de la reforma”.

Andrea Becerril, La Jornada, 5 de octubre.