El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobará hoy el tope de gastos de las precampañas de los aspirantes a obtener candidaturas a diputado federal en los próximos comicios, el cual será de 214 mil 628 pesos; al mismo tiempo, avalará la creación de un comité técnico asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de dichas votaciones.
En 2006, ese instrumento de difusión expedita de resultados fue fuertemente objetado por la coalición Por el Bien de Todos, que cuestionó la consistencia de los datos que estaba proporcionando y la “desaparición” de 3 millones de votos, los cuales, luego se supo, estaban ubicados en el denominado archivo de inconsistencias del mismo PREP.
En esta ocasión, la creación del comité técnico asesor –que estará en funciones del primero de diciembre próximo al 31 de julio de 2009– tiene por objeto brindar asesorías en materias de tecnologías de información, aspectos logístico-operativos y de difusión. Asimismo realizará análisis, estudios y presentará propuestas para el desarrollo y optimización del mencionado programa de resultados.
De igual forma, tendrá que dar seguimiento en el diseño y aplicación del sistema de captura y validación del proceso y de transmisión/recepción, así como de las medidas de seguridad y protección, consolidación, procesamiento y difusión de la información del banco de datos del PREP.
Integrarán el comité citado Carlos Fernando Jaimes Pastranda, director de la división electrónica, de información y comunicaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey; Salma Leticia Jalife, coordinadora de proyectos de telecomunicaciones y tecnologías de la información en la Corporación Universitaria; Rafael Pérez Pascal, investigador de sistemas complejos del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
También serán miembros del comité Ciro Murayama, académico e investigador de la UNAM, y Víctor Manuel Silva García, director del Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional.
Desacuerdo perredista
Por otro lado, como parte de la agenda a desahogar en la sesión, se tiene considerado aprobar la contratación de un especialista externo que formará parte del Órgano Garante de la Transparencia y Acceso a la Información, que debe estar conformado además, según las disposiciones reglamentarias, por un consejero electoral y por el contralor del instituto.
La propuesta de la Junta General Ejecutiva es que dicho especialista sea contratado en calidad de asesor –con salario de 50 mil pesos mensuales– y esté adscrito a la presidencia del Consejo General.
Sin embargo, la propuesta que se discutirá hoy ya generó la inconformidad del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que cuestiona la condición jerárquica del especialista externo y el nivel del cargo que se le pretende dar.
Señaló que el definirlo como un “simple asesor”, y en las condiciones establecidas por el acuerdo, “no se garantiza plenamente el cumplimiento del artículo sexto constitucional” en materia de imparcialidad.
Al estar subordinado a la presidencia del Consejo General y tener un nivel jerárquico menor al del consejero y el contralor del IFE, “sería susceptible de ser influenciado o simplemente consentir o avalar las decisiones que los demás miembros del Órgano Garante adopten”.
En un documento dirigido al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, el representante perredista ante el IFE, Rafael Hernández, solicita que se modifique el nivel jerárquico del especialista externo y que sea adscrito directamente al Consejo General con el fin de ganar independencia e imparcialidad.
En 2006, ese instrumento de difusión expedita de resultados fue fuertemente objetado por la coalición Por el Bien de Todos, que cuestionó la consistencia de los datos que estaba proporcionando y la “desaparición” de 3 millones de votos, los cuales, luego se supo, estaban ubicados en el denominado archivo de inconsistencias del mismo PREP.
En esta ocasión, la creación del comité técnico asesor –que estará en funciones del primero de diciembre próximo al 31 de julio de 2009– tiene por objeto brindar asesorías en materias de tecnologías de información, aspectos logístico-operativos y de difusión. Asimismo realizará análisis, estudios y presentará propuestas para el desarrollo y optimización del mencionado programa de resultados.
De igual forma, tendrá que dar seguimiento en el diseño y aplicación del sistema de captura y validación del proceso y de transmisión/recepción, así como de las medidas de seguridad y protección, consolidación, procesamiento y difusión de la información del banco de datos del PREP.
Integrarán el comité citado Carlos Fernando Jaimes Pastranda, director de la división electrónica, de información y comunicaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey; Salma Leticia Jalife, coordinadora de proyectos de telecomunicaciones y tecnologías de la información en la Corporación Universitaria; Rafael Pérez Pascal, investigador de sistemas complejos del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
También serán miembros del comité Ciro Murayama, académico e investigador de la UNAM, y Víctor Manuel Silva García, director del Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional.
Desacuerdo perredista
Por otro lado, como parte de la agenda a desahogar en la sesión, se tiene considerado aprobar la contratación de un especialista externo que formará parte del Órgano Garante de la Transparencia y Acceso a la Información, que debe estar conformado además, según las disposiciones reglamentarias, por un consejero electoral y por el contralor del instituto.
La propuesta de la Junta General Ejecutiva es que dicho especialista sea contratado en calidad de asesor –con salario de 50 mil pesos mensuales– y esté adscrito a la presidencia del Consejo General.
Sin embargo, la propuesta que se discutirá hoy ya generó la inconformidad del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que cuestiona la condición jerárquica del especialista externo y el nivel del cargo que se le pretende dar.
Señaló que el definirlo como un “simple asesor”, y en las condiciones establecidas por el acuerdo, “no se garantiza plenamente el cumplimiento del artículo sexto constitucional” en materia de imparcialidad.
Al estar subordinado a la presidencia del Consejo General y tener un nivel jerárquico menor al del consejero y el contralor del IFE, “sería susceptible de ser influenciado o simplemente consentir o avalar las decisiones que los demás miembros del Órgano Garante adopten”.
En un documento dirigido al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, el representante perredista ante el IFE, Rafael Hernández, solicita que se modifique el nivel jerárquico del especialista externo y que sea adscrito directamente al Consejo General con el fin de ganar independencia e imparcialidad.
Alonso Urrutia, La Jornada, 28 de noviembre.
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