La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los estados de la región a que “un componente fundamental” en sus políticas públicas contra la inseguridad y la delincuencia sea el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía.
Al hacer un recuento de su 133 periodo de sesiones, en el que el organismo internacional se reunió con organizaciones civiles y representantes gubernamentales de varios países del continente, entre ellos de México, destacó que seguirá “con especial atención la situación de inseguridad ciudadana en la región, así como el respeto a los derechos humanos como componente fundamental de toda política para abordar el problema”.
Esta entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que durante las audiencias del 133 periodo de sesiones, realizadas del 15 al 31 de octubre, representantes de México y Venezuela informaron sobre la situación de inseguridad que se vive en ambas naciones.
Durante dichas audiencias, organizaciones defensoras de las garantías fundamentales en México expusieron que las acciones contra la delincuencia organizada emprendidas por Felipe Calderón “han tenido un impacto negativo” en la garantía y respeto de los derechos humanos.
“Leyes regresivas”
Los representantes de ONG mexicanas entregaron un informe a la CIDH en el que señalan que “la lucha del Estado mexicano contra la delincuencia organizada ha implicado iniciativas y reformas legislativas regresivas y reaccionarias, olvidando la prevención en materia de seguridad pública”.
Subrayaron además la gravedad de que se pudieran aprobar sanciones “contrarias a los derechos humanos”, como la pena de muerte o condenas a reclusión vitalicia, con lo que “soslayan conceptos fundamentales, como el de seguridad humana”.
Las ONG expusieron ante el organismo internacional que pese al despliegue de 45 mil efectivos militares en tareas de seguridad pública, la violencia en el país no se ha detenido, sino que “va en ascenso”, además de que la militarización del territorio “ha provocado torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales por militares”.
Agregaron que las quejas contra el Ejército ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se han incrementado en lo que va del sexenio de Calderón, pues en estos dos años se alcanzan casi las mil quejas.
En su recuento final, la CIDH reiteró su llamado a que los estados del continente respeten la labor y garanticen los derechos de los activistas. Las ONG mexicanas expusieron que en varios estados, en particular en Guerrero, se criminaliza la labor de los defensores de las garantías fundamentales.
Asimismo, expusieron ante el organismo internacional que las autoridades de dicha entidad “alientan la impunidad por falta de investigación” en casos relacionados con hostigamientos, acosos y amenazas a los activistas.
La CIDH infirmó que elabora sendos informes sobre la inseguridad y la situación de los defensores de derechos humanos en América.
El organismo de la OEA añadió que dará seguimiento a “importantes” acuerdos que se lograron durante las reuniones de trabajo con representantes gubernamentales mexicanos y peticionarios en casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Al hacer un recuento de su 133 periodo de sesiones, en el que el organismo internacional se reunió con organizaciones civiles y representantes gubernamentales de varios países del continente, entre ellos de México, destacó que seguirá “con especial atención la situación de inseguridad ciudadana en la región, así como el respeto a los derechos humanos como componente fundamental de toda política para abordar el problema”.
Esta entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que durante las audiencias del 133 periodo de sesiones, realizadas del 15 al 31 de octubre, representantes de México y Venezuela informaron sobre la situación de inseguridad que se vive en ambas naciones.
Durante dichas audiencias, organizaciones defensoras de las garantías fundamentales en México expusieron que las acciones contra la delincuencia organizada emprendidas por Felipe Calderón “han tenido un impacto negativo” en la garantía y respeto de los derechos humanos.
“Leyes regresivas”
Los representantes de ONG mexicanas entregaron un informe a la CIDH en el que señalan que “la lucha del Estado mexicano contra la delincuencia organizada ha implicado iniciativas y reformas legislativas regresivas y reaccionarias, olvidando la prevención en materia de seguridad pública”.
Subrayaron además la gravedad de que se pudieran aprobar sanciones “contrarias a los derechos humanos”, como la pena de muerte o condenas a reclusión vitalicia, con lo que “soslayan conceptos fundamentales, como el de seguridad humana”.
Las ONG expusieron ante el organismo internacional que pese al despliegue de 45 mil efectivos militares en tareas de seguridad pública, la violencia en el país no se ha detenido, sino que “va en ascenso”, además de que la militarización del territorio “ha provocado torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales por militares”.
Agregaron que las quejas contra el Ejército ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se han incrementado en lo que va del sexenio de Calderón, pues en estos dos años se alcanzan casi las mil quejas.
En su recuento final, la CIDH reiteró su llamado a que los estados del continente respeten la labor y garanticen los derechos de los activistas. Las ONG mexicanas expusieron que en varios estados, en particular en Guerrero, se criminaliza la labor de los defensores de las garantías fundamentales.
Asimismo, expusieron ante el organismo internacional que las autoridades de dicha entidad “alientan la impunidad por falta de investigación” en casos relacionados con hostigamientos, acosos y amenazas a los activistas.
La CIDH infirmó que elabora sendos informes sobre la inseguridad y la situación de los defensores de derechos humanos en América.
El organismo de la OEA añadió que dará seguimiento a “importantes” acuerdos que se lograron durante las reuniones de trabajo con representantes gubernamentales mexicanos y peticionarios en casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 2 de noviembre.
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