BUENOS AIRES.— Lo que las autoridades colombianas no habían hecho en ocho meses de investigación y escándalos, lo hicieron en 48 horas. Después de la intervención de las empresas captadoras de ahorros, conocidas como pirámides, ayer la fiscalía general ordenó la captura de siete representantes de la firma DMG, bajo la acusación de captar dinero en forma ilegal y de lavado de activos, presuntamente, provenientes del narcotráfico.
De esas siete detenciones, la policía ya ejecutó dos y la justicia panameña ya recibió ayer el pedido de detención (junto a la solicitud a la Interpol de que lo siga de cerca) de David Murcia Guzmán, quien hasta anoche continuaba en libertad en su departamento panameño.
Su madre, Amparo Murcia, quien aparecía como socia en las empresas, su esposa, Giovanna León, William Suárez, Daniel Rueda y Margarita Pabón, son los otros requeridos por la justicia y sólo los últimos dos, fueron capturados anoche en un apartamento en el norte de Bogotá.
Además de presunto lavado de activos y de captación de dinero en forma ilegal, la lista de cargos se completa con “concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito”, según reza la orden dada a conocer por el fiscal Mario Iguarán.
Aun cuando el gobierno y las autoridades judiciales no dejan de recibir críticas por “no haber frenado antes la estafa”, en sólo 48 horas la DMG, la más grande de las empresas, y sus 60 oficinas en todo el país quedaron al amparo de la justicia.
Apenas ayer se habilitó el microestadio Nemesio Camacho (El Campín), para que los damnificados se presenten allí a reclamar sus ahorros.
Según Iguarán, DMG fue montada con dinero ilegal y “las personas contra las cuales se ha solicitado las capturas no estaban en capacidad de promover, patrocinar, fundar una empresa de esa naturaleza”.
Asimismo, agregó que “las investigaciones arrojaron pruebas contundentes”, casi en sintonía con lo que en la víspera el gobierno había anunciado en cuanto a que existían “grabaciones telefónicas” que probarían que la DMG estaría vinculada a narcotraficantes. Murcia Guzmán había instado desde Panamá al gobierno colombiano a “negociar”.
Ayer su abogado, Abelardo de la Espriella, manifestó que Murcia está dispuesto a entregarse a las autoridades colombianas si se le garantiza la seguridad.
Fuentes policiales precisaron que las autoridades colombianas ya le solicitaron a la justicia y a la Interpol que impida la salida del país de Murcia.
Mientras tanto, en Ecuador la policía allanó varias oficinas en Quito en las que supuestamente opera la firma colombiana DMG.
De esas siete detenciones, la policía ya ejecutó dos y la justicia panameña ya recibió ayer el pedido de detención (junto a la solicitud a la Interpol de que lo siga de cerca) de David Murcia Guzmán, quien hasta anoche continuaba en libertad en su departamento panameño.
Su madre, Amparo Murcia, quien aparecía como socia en las empresas, su esposa, Giovanna León, William Suárez, Daniel Rueda y Margarita Pabón, son los otros requeridos por la justicia y sólo los últimos dos, fueron capturados anoche en un apartamento en el norte de Bogotá.
Además de presunto lavado de activos y de captación de dinero en forma ilegal, la lista de cargos se completa con “concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito”, según reza la orden dada a conocer por el fiscal Mario Iguarán.
Aun cuando el gobierno y las autoridades judiciales no dejan de recibir críticas por “no haber frenado antes la estafa”, en sólo 48 horas la DMG, la más grande de las empresas, y sus 60 oficinas en todo el país quedaron al amparo de la justicia.
Apenas ayer se habilitó el microestadio Nemesio Camacho (El Campín), para que los damnificados se presenten allí a reclamar sus ahorros.
Según Iguarán, DMG fue montada con dinero ilegal y “las personas contra las cuales se ha solicitado las capturas no estaban en capacidad de promover, patrocinar, fundar una empresa de esa naturaleza”.
Asimismo, agregó que “las investigaciones arrojaron pruebas contundentes”, casi en sintonía con lo que en la víspera el gobierno había anunciado en cuanto a que existían “grabaciones telefónicas” que probarían que la DMG estaría vinculada a narcotraficantes. Murcia Guzmán había instado desde Panamá al gobierno colombiano a “negociar”.
Ayer su abogado, Abelardo de la Espriella, manifestó que Murcia está dispuesto a entregarse a las autoridades colombianas si se le garantiza la seguridad.
Fuentes policiales precisaron que las autoridades colombianas ya le solicitaron a la justicia y a la Interpol que impida la salida del país de Murcia.
Mientras tanto, en Ecuador la policía allanó varias oficinas en Quito en las que supuestamente opera la firma colombiana DMG.
José Vales corresponsal, El Universal, 20 de noviembre.
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