El establecimiento de un registro de usuarios y el control de llamadas vía celular transgrede principios constitucionales y es riesgosa porque cualquier persona está expuesta a una intervención sea o no culpable de algún delito, advierte un análisis jurídico elaborado por empresas de telefonía móvil.
El documento explica que mantener los registros de usuarios a disposición de las autoridades locales de procuración de justicia representa un riesgo importante para las personas, puesto que los concesionarios deberán entregarles toda la información que les sea solicitada.
"Esta información resulta sumamente sensible y, en caso de ocurrir una fuga de información o de ser empleada en forma indebida, podría atentar contra la seguridad de los particulares. En la reforma aprobada se permite, sin formalidad alguna, que los procuradores soliciten dicha información", subraya el documento.
En otro punto del análisis se advierte que los teléfonos celulares robados o extraviados podrían utilizarse para cometer delitos e inculpar a otras personas.
Afirma que el registro de usuarios de celulares genera la presunción legal de que el usuario registrado es el responsable del uso que se le da al teléfono y, consecuentemente, en caso de que se cometa un ilícito con el mismo él será el presunto responsable en primer término.
Fue a principios de diciembre cuando el Congreso aprobó la creación de un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el fin de inhibir que se usen los teléfonos celulares para cometer actos delictivos como secuestro y extorsión.
Con reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones se obliga a los usuarios de los equipos telefónicos con chips a presentar documentos oficiales que permitan su identificación, como la credencial de elector y CURP, así como acreditar la constancia de domicilio.
Las telefónicas tienen un plazo de 60 días para la implementación de un registro y control de usuarios y un año para incluir en el registro los usuarios de casi 95 millones de líneas fijas y móviles que hay en el País.
Los concesionarios opinan que este plazo no es suficiente, por lo que sugieren que se conceda dos años.
En la reforma aprobada se establece que a los usuarios de telefonía móvil que no proporcionen sus datos y documentos se les cancelarán sus líneas telefónicas.
El documento explica que mantener los registros de usuarios a disposición de las autoridades locales de procuración de justicia representa un riesgo importante para las personas, puesto que los concesionarios deberán entregarles toda la información que les sea solicitada.
"Esta información resulta sumamente sensible y, en caso de ocurrir una fuga de información o de ser empleada en forma indebida, podría atentar contra la seguridad de los particulares. En la reforma aprobada se permite, sin formalidad alguna, que los procuradores soliciten dicha información", subraya el documento.
En otro punto del análisis se advierte que los teléfonos celulares robados o extraviados podrían utilizarse para cometer delitos e inculpar a otras personas.
Afirma que el registro de usuarios de celulares genera la presunción legal de que el usuario registrado es el responsable del uso que se le da al teléfono y, consecuentemente, en caso de que se cometa un ilícito con el mismo él será el presunto responsable en primer término.
Fue a principios de diciembre cuando el Congreso aprobó la creación de un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el fin de inhibir que se usen los teléfonos celulares para cometer actos delictivos como secuestro y extorsión.
Con reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones se obliga a los usuarios de los equipos telefónicos con chips a presentar documentos oficiales que permitan su identificación, como la credencial de elector y CURP, así como acreditar la constancia de domicilio.
Las telefónicas tienen un plazo de 60 días para la implementación de un registro y control de usuarios y un año para incluir en el registro los usuarios de casi 95 millones de líneas fijas y móviles que hay en el País.
Los concesionarios opinan que este plazo no es suficiente, por lo que sugieren que se conceda dos años.
En la reforma aprobada se establece que a los usuarios de telefonía móvil que no proporcionen sus datos y documentos se les cancelarán sus líneas telefónicas.
Verónica Gascón Reforma, 9 de enero.
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