Las presiones de los partidos políticos provocaron que el IFE aflojara los candados que pretendía imponer para blindar la elección federal de este año de la delincuencia organizada.
La máxima autoridad electoral estableció en un principio considerar como "personas políticamente expuestas" o auditables, a los precandidatos, candidatos, coordinadores de campaña y responsables de finanzas.
Sin embargo, ahora sólo los partidos podrán solicitar que se investigue a sus propios funcionarios o candidatos.
"En cualquier momento los partidos políticos podrán remitir a la Unidad de Fiscalización una relación adicional de las personas que a su juicio encuadren en la clasificación de políticamente expuestas", señala la nueva redacción, que será sometida a votación mañana miércoles ante el Consejo General del IFE.
El principal rechazo contra las auditorías como lo proponía el IFE fue por parte de los representantes del PRI.
El texto original definía como personas políticamente expuestas a "aquel individuo que ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando, entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales... altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros de partidos políticos, precandidatos, candidatos a cargos de elección popular e integrantes de los órganos directivos a nivel nacional y local, así como los coordinadores de campaña y responsables de los órganos de finanzas partidarios".
La nueva redacción elimina a "precandidatos, candidatos a cargos de elección popular e integrantes de los órganos directivos a nivel nacional y local, así como los coordinadores de campaña y responsables de los órganos de finanzas partidarios".
Más ajustes
La propuesta para evitar que dinero del narcotráfico se filtre a precampañas y campañas tuvo otros cambios.
De plantearse modificar 24 artículos del Reglamento de Fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos, y adicionar dos más, se pasó a la mitad, y se hicieron algunas adecuaciones en las prioridades de fiscalización planteadas originalmente.
El IFE añadió la posibilidad de realizar verificaciones aleatorias de precampañas y campañas, así como "procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes" a los establecidos en la ley.
Asimismo, integró dos documentos que pretende aprobar mañana: modificaciones al reglamento interior de la Unidad de Fiscalización, y una serie de disposiciones para regular las denuncias por presuntos delitos, las medidas de seguridad de los candidatos y los convenios de colaboración con diversas autoridades.
Se plantea establecer en el Reglamento de Fiscalización, entre otros puntos, la obligación de remitir a la CNBV, al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda los nombres de los aportantes que los partidos mencionen en sus informes anuales y de campaña, así como las listas de las personas políticamente expuestas "relacionadas con la materia electoral".
Reducen obligaciones
Algunos puntos suprimidos de la propuesta original de blindaje:
· Los partidos no podrán recibir aportaciones en efectivo, de una misma persona, superiores a 100 días de salario mínimo en el mismo mes.
· De comprobarse financiamiento del crimen organizado, se multará por el doble de la cantidad recibida, con independencia de otras sanciones.
· Los ingresos por donaciones de bienes inmuebles deberán registrarse conforme a su valor comercial de mercado.
· Las deudas de los partidos tendrán un tope máximo equivalente al 10% del financiamiento público ordinario del año en que se contraiga la misma.
La máxima autoridad electoral estableció en un principio considerar como "personas políticamente expuestas" o auditables, a los precandidatos, candidatos, coordinadores de campaña y responsables de finanzas.
Sin embargo, ahora sólo los partidos podrán solicitar que se investigue a sus propios funcionarios o candidatos.
"En cualquier momento los partidos políticos podrán remitir a la Unidad de Fiscalización una relación adicional de las personas que a su juicio encuadren en la clasificación de políticamente expuestas", señala la nueva redacción, que será sometida a votación mañana miércoles ante el Consejo General del IFE.
El principal rechazo contra las auditorías como lo proponía el IFE fue por parte de los representantes del PRI.
El texto original definía como personas políticamente expuestas a "aquel individuo que ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando, entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales... altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros de partidos políticos, precandidatos, candidatos a cargos de elección popular e integrantes de los órganos directivos a nivel nacional y local, así como los coordinadores de campaña y responsables de los órganos de finanzas partidarios".
La nueva redacción elimina a "precandidatos, candidatos a cargos de elección popular e integrantes de los órganos directivos a nivel nacional y local, así como los coordinadores de campaña y responsables de los órganos de finanzas partidarios".
Más ajustes
La propuesta para evitar que dinero del narcotráfico se filtre a precampañas y campañas tuvo otros cambios.
De plantearse modificar 24 artículos del Reglamento de Fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos, y adicionar dos más, se pasó a la mitad, y se hicieron algunas adecuaciones en las prioridades de fiscalización planteadas originalmente.
El IFE añadió la posibilidad de realizar verificaciones aleatorias de precampañas y campañas, así como "procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes" a los establecidos en la ley.
Asimismo, integró dos documentos que pretende aprobar mañana: modificaciones al reglamento interior de la Unidad de Fiscalización, y una serie de disposiciones para regular las denuncias por presuntos delitos, las medidas de seguridad de los candidatos y los convenios de colaboración con diversas autoridades.
Se plantea establecer en el Reglamento de Fiscalización, entre otros puntos, la obligación de remitir a la CNBV, al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda los nombres de los aportantes que los partidos mencionen en sus informes anuales y de campaña, así como las listas de las personas políticamente expuestas "relacionadas con la materia electoral".
Reducen obligaciones
Algunos puntos suprimidos de la propuesta original de blindaje:
· Los partidos no podrán recibir aportaciones en efectivo, de una misma persona, superiores a 100 días de salario mínimo en el mismo mes.
· De comprobarse financiamiento del crimen organizado, se multará por el doble de la cantidad recibida, con independencia de otras sanciones.
· Los ingresos por donaciones de bienes inmuebles deberán registrarse conforme a su valor comercial de mercado.
· Las deudas de los partidos tendrán un tope máximo equivalente al 10% del financiamiento público ordinario del año en que se contraiga la misma.
Guadalupe Irízar, Reforma, 13 de enero.
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