Los requerimientos de derechos humanos que incluye la Iniciativa Mérida representan una oportunidad única para incrementar el escrutinio internacional sobre las fuerzas de seguridad mexicanas plantea Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.
"Quisiéramos que no fuera necesario llegar al mecanismo de la Iniciativa Mérida para lograr que hechos atroces cometidos por la fuerza pública en México sean investigados bajo el fuero común y no bajo la jurisdicción militar", indicó en entrevista José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo.
"Así lo dispone la propia Constitución Política de México, en el artículo 13, que dice que el fuero militar está reservado para las faltas a la disciplina militar. Las violaciones sexuales, las desapariciones forzadas de personas y la tortura no corresponden a conductas que se puedan derivar de la misión inherente del Ejército".
En su capítulo sobre México, el informe 2009 de HRW advierte que los soldados mexicanos cometen "indignantes abusos" cuando realizan actividades relacionadas con el cumplimiento de la ley.
Como muestra de ello, retoma el caso de los militares que en febrero de 2008 dispararon contra un vehículo en Tamaulipas, con un saldo de una persona muerta y otra herida.
También expone el caso de los soldados mexicanos que en abril de 2008, detuvieron arbitrariamente a cuatro mujeres policía en Chihuahua, vendando los ojos de dos de ellas mientras permanecían desnudas.
"Con los abusos del Ejército rutinariamente encomendados a las autoridades militares para que investiguen y procesen, la impunidad permanece. El sistema de justicia militar carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones fidedignas y sus operaciones sufren de una ausencia general de transparencia", detalla.
"La habilidad de los fiscales militares para investigar abusos del Ejército está aún más debilitada por el miedo hacia los militares, que está extendido en las comunidades rurales e inhibe a las víctimas civiles y a testigos de proveer información a las autoridades militares".
El informe destaca que el 15 por ciento de los recursos del Plan Mérida (60 millones de dólares) están reservados al cumplimiento de cuatro compromisos en materia de derechos humanos.
El Estado mexicano debe asegurar que fiscales y autoridades judiciales investiguen y procesen a policías federales y militares que violen derechos humanos,.
También debe reforzar la prohibición de obtener información a través de la tortura y malos tratos y mejorar la transparencia y rendición de cuentas entre las fuerzas policiacas.
"Son las reglas del juego las que nos preocupan, donde si se cometen abusos, éstos sean pronta y debidamente investigados y sancionados", remarcó Vivanco.
"Nosotros haremos todo lo posible para que el nuevo gobierno de EU y el nuevo Congreso, en el paquete actual de Mérida -como en los futuros que vendrán-, esos parámetros sean debidamente respetados".
"Quisiéramos que no fuera necesario llegar al mecanismo de la Iniciativa Mérida para lograr que hechos atroces cometidos por la fuerza pública en México sean investigados bajo el fuero común y no bajo la jurisdicción militar", indicó en entrevista José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo.
"Así lo dispone la propia Constitución Política de México, en el artículo 13, que dice que el fuero militar está reservado para las faltas a la disciplina militar. Las violaciones sexuales, las desapariciones forzadas de personas y la tortura no corresponden a conductas que se puedan derivar de la misión inherente del Ejército".
En su capítulo sobre México, el informe 2009 de HRW advierte que los soldados mexicanos cometen "indignantes abusos" cuando realizan actividades relacionadas con el cumplimiento de la ley.
Como muestra de ello, retoma el caso de los militares que en febrero de 2008 dispararon contra un vehículo en Tamaulipas, con un saldo de una persona muerta y otra herida.
También expone el caso de los soldados mexicanos que en abril de 2008, detuvieron arbitrariamente a cuatro mujeres policía en Chihuahua, vendando los ojos de dos de ellas mientras permanecían desnudas.
"Con los abusos del Ejército rutinariamente encomendados a las autoridades militares para que investiguen y procesen, la impunidad permanece. El sistema de justicia militar carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones fidedignas y sus operaciones sufren de una ausencia general de transparencia", detalla.
"La habilidad de los fiscales militares para investigar abusos del Ejército está aún más debilitada por el miedo hacia los militares, que está extendido en las comunidades rurales e inhibe a las víctimas civiles y a testigos de proveer información a las autoridades militares".
El informe destaca que el 15 por ciento de los recursos del Plan Mérida (60 millones de dólares) están reservados al cumplimiento de cuatro compromisos en materia de derechos humanos.
El Estado mexicano debe asegurar que fiscales y autoridades judiciales investiguen y procesen a policías federales y militares que violen derechos humanos,.
También debe reforzar la prohibición de obtener información a través de la tortura y malos tratos y mejorar la transparencia y rendición de cuentas entre las fuerzas policiacas.
"Son las reglas del juego las que nos preocupan, donde si se cometen abusos, éstos sean pronta y debidamente investigados y sancionados", remarcó Vivanco.
"Nosotros haremos todo lo posible para que el nuevo gobierno de EU y el nuevo Congreso, en el paquete actual de Mérida -como en los futuros que vendrán-, esos parámetros sean debidamente respetados".
Silvia Garduño, Reforma, 15 de enero.
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