Seis de los 24 migrantes que viajaban en la camioneta que fue baleada por policías de Chiapas el 9 de enero pasado obtuvieron visa humanitaria, y de ellos tres fungirán como testigos del incidente en el que murieron tres personas.
Autoridades migratorias precisaron que Miriam Corado Chávez, de nacionalidad guatemalteca, y los ecuatorianos Luis Antonio Sumba Pauta y Marcia Alegría Cabrera Moina recibieron el beneficio y se encuentran bajo custodia de la Fiscalía Especializada en Delitos en Contra de Migrantes.
Los ecuatorianos Cristian Muso Guamaliza, Alejandro Canche Gaiza y Manuel Tobías Marca Once -hospitalizados en Tuxtla Gutiérrez- también recibieron visa humanitaria, aunque expresaron querer regresar a su país cuando sean dados de alta.
Mientras, los dos migrantes de origen chino, Li Jian Hai y Xie Li Yun, y los otros cinco ecuatorianos fueron enviados a la Ciudad de México para proceder a su repatriación.
Los ocho migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala fueron repatriados a sus países de origen desde la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.
Lo mismo ocurrió con los cuerpos de los tres fallecidos (el guatemalteco Kevin Pérez Carias y los ecuatorianos Leyvis Clarisa Moina Cabrera y Norma Dutan Clemencia Parapi).
Exigen asesoría
Las organizaciones civiles Sin Fronteras y Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA) denunciaron ayer que no han podido tener contacto directo con los extranjeros que fueron trasladados a las estaciones migratorias del Distrito Federal y Tapachula.
El objetivo, señalaron, es informarles sobre sus derechos y sobre la necesidad de que permanezcan en el país como testigos del ataque al vehículo en el que viajaban en la comunidad de Carmen Arcotete, en San Cristóbal de las Casas.
"En todo proceso administrativo, sobre todo cuando tiene un fin tan dramático, como puede ser la deportación, es muy importante que el migrante conozca sus derechos, y para ello es importante que tenga una asistencia jurídica.
"Estas personas no tienen por qué saber que pueden solicitar (una visa humanitaria)", señaló en entrevista el director de Sin Fronteras, Diego Lorente.
Advirtió que han documentado casos en los que los migrantes, aún siendo claros testigos de un determinado delito, son deportados a sus países antes de que puedan coadyuvar con el caso, lo que favorece que la impunidad prevalezca.
"Estamos intentando acceder a ellos para ver qué es lo que sucedió, y ahí es donde nos encontramos con los problemas que siguen constantes de acceder a la estación migratoria del DF, y tener una labor de defensa adecuada, porque nos limitan mucho el acceso, prácticamente no nos dejan hablar con la gente", manifestó.
Ricardo Lagunes, abogado del FRAYBA, indicó que han exigido a las autoridades que se les permita, a los que lo deseen, tener una estancia con documento migratorio.
"Los del Instituto los enviaron a las ciudades, ahí perdimos comunicación. Quien los incomunicó desde el principio fue la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya en Migración, como todo fue tan rápido, los trasladaron a la Ciudad de México y a Tapachula", refirió.
El 9 de enero pasado, tres migrantes murieron y ocho más resultaron heridos por arma de fuego cuando el camión en el que viajaban fue atacado a balazos por policías estatales de Chiapas, en la comunidad El Carmen Arcotete.
Desde el hospital general de San Cristóbal de las Casas, migrantes que sobrevivieron a la balacera, señalaron que los hechos ocurrieron hacia las 6:00 horas, cuando fueron alcanzados por una patrulla cuando circulaban en un camión de redilas por un camino de terracería.
Los sobrevivientes dijeron que los agentes ordenaron al chofer del camión que detuviera la marcha, pero el conductor aceleró, por lo que los policías abrieron fuego contra la unidad.
Durante la balacera varios de los tripulantes fueron alcanzados por las balas y el chofer perdió el control del volante y se estrelló contra un árbol.
Autoridades migratorias precisaron que Miriam Corado Chávez, de nacionalidad guatemalteca, y los ecuatorianos Luis Antonio Sumba Pauta y Marcia Alegría Cabrera Moina recibieron el beneficio y se encuentran bajo custodia de la Fiscalía Especializada en Delitos en Contra de Migrantes.
Los ecuatorianos Cristian Muso Guamaliza, Alejandro Canche Gaiza y Manuel Tobías Marca Once -hospitalizados en Tuxtla Gutiérrez- también recibieron visa humanitaria, aunque expresaron querer regresar a su país cuando sean dados de alta.
Mientras, los dos migrantes de origen chino, Li Jian Hai y Xie Li Yun, y los otros cinco ecuatorianos fueron enviados a la Ciudad de México para proceder a su repatriación.
Los ocho migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala fueron repatriados a sus países de origen desde la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.
Lo mismo ocurrió con los cuerpos de los tres fallecidos (el guatemalteco Kevin Pérez Carias y los ecuatorianos Leyvis Clarisa Moina Cabrera y Norma Dutan Clemencia Parapi).
Exigen asesoría
Las organizaciones civiles Sin Fronteras y Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA) denunciaron ayer que no han podido tener contacto directo con los extranjeros que fueron trasladados a las estaciones migratorias del Distrito Federal y Tapachula.
El objetivo, señalaron, es informarles sobre sus derechos y sobre la necesidad de que permanezcan en el país como testigos del ataque al vehículo en el que viajaban en la comunidad de Carmen Arcotete, en San Cristóbal de las Casas.
"En todo proceso administrativo, sobre todo cuando tiene un fin tan dramático, como puede ser la deportación, es muy importante que el migrante conozca sus derechos, y para ello es importante que tenga una asistencia jurídica.
"Estas personas no tienen por qué saber que pueden solicitar (una visa humanitaria)", señaló en entrevista el director de Sin Fronteras, Diego Lorente.
Advirtió que han documentado casos en los que los migrantes, aún siendo claros testigos de un determinado delito, son deportados a sus países antes de que puedan coadyuvar con el caso, lo que favorece que la impunidad prevalezca.
"Estamos intentando acceder a ellos para ver qué es lo que sucedió, y ahí es donde nos encontramos con los problemas que siguen constantes de acceder a la estación migratoria del DF, y tener una labor de defensa adecuada, porque nos limitan mucho el acceso, prácticamente no nos dejan hablar con la gente", manifestó.
Ricardo Lagunes, abogado del FRAYBA, indicó que han exigido a las autoridades que se les permita, a los que lo deseen, tener una estancia con documento migratorio.
"Los del Instituto los enviaron a las ciudades, ahí perdimos comunicación. Quien los incomunicó desde el principio fue la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya en Migración, como todo fue tan rápido, los trasladaron a la Ciudad de México y a Tapachula", refirió.
El 9 de enero pasado, tres migrantes murieron y ocho más resultaron heridos por arma de fuego cuando el camión en el que viajaban fue atacado a balazos por policías estatales de Chiapas, en la comunidad El Carmen Arcotete.
Desde el hospital general de San Cristóbal de las Casas, migrantes que sobrevivieron a la balacera, señalaron que los hechos ocurrieron hacia las 6:00 horas, cuando fueron alcanzados por una patrulla cuando circulaban en un camión de redilas por un camino de terracería.
Los sobrevivientes dijeron que los agentes ordenaron al chofer del camión que detuviera la marcha, pero el conductor aceleró, por lo que los policías abrieron fuego contra la unidad.
Durante la balacera varios de los tripulantes fueron alcanzados por las balas y el chofer perdió el control del volante y se estrelló contra un árbol.
Silvia Garduño, Reforma, 20 de enero.
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