Las bancadas del PAN, PRD y PRI en la Cámara de Diputados urgieron al presidente Felipe Calderón la inmediata ejecución de las acciones previstas en la nueva ley en materia de seguridad pública, que surge contra la delincuencia y para formar cuerpos de policía confiables y profesionales.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación, “no es ninguna panacea”, pues brindar seguridad efectiva de la población dependerá de que, por el lado del Congreso, la tranquilidad de la población sea uno de los temas de mayor relevancia en 2009.
Los principales grupos parlamentarios recordaron que dicha ley surgió con el pleno respaldo político y presupuestal del Congreso, a fin de que “sin pretextos” se alcancen éxitos rotundos en la construcción de una nueva seguridad para la sociedad.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Rivera Bedoya (PRI), formuló un llamado a fin de que “cuanto antes”, Felipe Calderón convoque al Consejo Nacional, órgano que será el cerebro de la batalla contra la delincuencia en el país, y ponga en marcha los programas de trabajo.
“De inmediato” se deben emprender las acciones que ordena la ley y que fueron consensuadas con gobernadores, corporaciones policiacas, procuradores de justicia, en uno de los trabajos legislativos más complejos y urgentes, agregó Rivera Bedoya en entrevista.
La ley ordena que el Consejo Nacional coordine la acción de centros nacionales de control de información, capacitación, control de confianza, así como bancos de datos de los policías y su armamento. En su elaboración la oposición en el Congreso cerró candados para impedir la acumulación de poder operativo en manos de ningún mando.
El presidente Calderón encabezará las acciones por la seguridad pública, en tanto que gobernadores y jefe de Gobierno del DF compartirán las responsabilidades, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se establecen, por vez primera, mecanismos de coordinación de todas las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.
Uno de los mandatos de la ley que entra en vigor este sábado 3 de enero, es la creación de un registro de los policías, que garantice que son confiables, y ello será uno de los trabajos que llevará varios años en su aplicación.
“La sociedad está harta de los problemas de inseguridad”, afirmó el diputado Andrés Lozano (PRD), al demandar voluntad de acción de los gobiernos federal y de los estados.
El gobierno decía que no tenía herramientas para conseguir márgenes de seguridad, y ahora el Congreso se los ha dado, de manera que empieza la cuenta regresiva para llevar a cabo acciones contundentes, dijo el legislador.
Dijo que la ley en materia de seguridad “no es la panacea” de los graves problemas que ocasiona la delincuencia en el país y de la nula confiabilidad en los cuerpos de policía.
Gustavo Parra (PAN), señaló que no se habrá “soluciones efectistas”, sino que serán puestas las bases para un modelo estandarizado en el que actuarán todas las policías.
Al efecto, los gobiernos tendrán el respaldo presupuestal para dotar de recursos a la policía bajo su mando. Los que no quieran trabajar enfrentarán la penalización, refirió.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación, “no es ninguna panacea”, pues brindar seguridad efectiva de la población dependerá de que, por el lado del Congreso, la tranquilidad de la población sea uno de los temas de mayor relevancia en 2009.
Los principales grupos parlamentarios recordaron que dicha ley surgió con el pleno respaldo político y presupuestal del Congreso, a fin de que “sin pretextos” se alcancen éxitos rotundos en la construcción de una nueva seguridad para la sociedad.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Rivera Bedoya (PRI), formuló un llamado a fin de que “cuanto antes”, Felipe Calderón convoque al Consejo Nacional, órgano que será el cerebro de la batalla contra la delincuencia en el país, y ponga en marcha los programas de trabajo.
“De inmediato” se deben emprender las acciones que ordena la ley y que fueron consensuadas con gobernadores, corporaciones policiacas, procuradores de justicia, en uno de los trabajos legislativos más complejos y urgentes, agregó Rivera Bedoya en entrevista.
La ley ordena que el Consejo Nacional coordine la acción de centros nacionales de control de información, capacitación, control de confianza, así como bancos de datos de los policías y su armamento. En su elaboración la oposición en el Congreso cerró candados para impedir la acumulación de poder operativo en manos de ningún mando.
El presidente Calderón encabezará las acciones por la seguridad pública, en tanto que gobernadores y jefe de Gobierno del DF compartirán las responsabilidades, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se establecen, por vez primera, mecanismos de coordinación de todas las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.
Uno de los mandatos de la ley que entra en vigor este sábado 3 de enero, es la creación de un registro de los policías, que garantice que son confiables, y ello será uno de los trabajos que llevará varios años en su aplicación.
“La sociedad está harta de los problemas de inseguridad”, afirmó el diputado Andrés Lozano (PRD), al demandar voluntad de acción de los gobiernos federal y de los estados.
El gobierno decía que no tenía herramientas para conseguir márgenes de seguridad, y ahora el Congreso se los ha dado, de manera que empieza la cuenta regresiva para llevar a cabo acciones contundentes, dijo el legislador.
Dijo que la ley en materia de seguridad “no es la panacea” de los graves problemas que ocasiona la delincuencia en el país y de la nula confiabilidad en los cuerpos de policía.
Gustavo Parra (PAN), señaló que no se habrá “soluciones efectistas”, sino que serán puestas las bases para un modelo estandarizado en el que actuarán todas las policías.
Al efecto, los gobiernos tendrán el respaldo presupuestal para dotar de recursos a la policía bajo su mando. Los que no quieran trabajar enfrentarán la penalización, refirió.
Juan Arvizu, El Universal, 3 de enero.
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