Ante el “creciente” acoso judicial de políticos, empresarios y autoridades, que acusan presunto “daño moral” por el trabajo de investigación e información periodística, comunicadores independientes y sindicalizados consideraron urgente la conformación de una organización nacional de periodistas –apoyada de un cuerpo de litigantes–, porque existe el riesgo de que se intente coartar la libertad de expresión en el país.
En la conferencia de prensa En defensa de la libertad de expresión, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) puso a disposición de todos los comunicadores la imprenta de ese frente laboral, pues consideró que la lucha que emprenden los periodistas en la defensa de la autonomía, soberanía y justicia social no deber ser un movimiento aislado, sino conjunto y bajo un mismo objetivo.
En el encuentro, realizado en el Club de Periodistas, Miguel Ángel Granados Chapa, galardonado con la medalla Belisario Domínguez, alertó que en el país tiene lugar una nueva manera de hostigar a la prensa.
Se trata, dijo, de una situación “que hace perder dinero a los periodistas que no cuentan con una defensa que les sea útil y no onerosa; que inhibe la libertad de expresión y constituye una amenaza para todos, porque eventualmente cualquiera que escriba una línea en el periódico o pronuncie una palabra en los medios electrónicos está expuesto a este acoso judicial”.
Luego de hacer un recuento de sus experiencias ante instancias judiciales motivadas por su trabajo periodístico, Granados Chapa refirió que en el país ha habido épocas difíciles para los tecleadores, “pero ahora está muy esparcido; antes el acoso venía de un poder central y ahora la cosa viene del narcotráfico, de funcionarios y empresas. Está muy diseminado el intento de acallar”.
Consideró que la propuesta de integrar una organización de todos aquellos periodistas que trabajen en los medios no debe quedar en el aire y, de integrarse, dijo, debe cuidarse que no sea un ente excluyente, “porque de lo contrario se convertiría en un riesgo para la profesión”.
Como parte de las demandas judiciales que periodistas viven por presunto “daño moral” se destacó, entre otros, los casos de Ana Lilia Pérez, Miguel Badillo –reportera y director de la revista Contralínea–, Eduardo Huchim y Rubén Lara.
En la conferencia de prensa En defensa de la libertad de expresión, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) puso a disposición de todos los comunicadores la imprenta de ese frente laboral, pues consideró que la lucha que emprenden los periodistas en la defensa de la autonomía, soberanía y justicia social no deber ser un movimiento aislado, sino conjunto y bajo un mismo objetivo.
En el encuentro, realizado en el Club de Periodistas, Miguel Ángel Granados Chapa, galardonado con la medalla Belisario Domínguez, alertó que en el país tiene lugar una nueva manera de hostigar a la prensa.
Se trata, dijo, de una situación “que hace perder dinero a los periodistas que no cuentan con una defensa que les sea útil y no onerosa; que inhibe la libertad de expresión y constituye una amenaza para todos, porque eventualmente cualquiera que escriba una línea en el periódico o pronuncie una palabra en los medios electrónicos está expuesto a este acoso judicial”.
Luego de hacer un recuento de sus experiencias ante instancias judiciales motivadas por su trabajo periodístico, Granados Chapa refirió que en el país ha habido épocas difíciles para los tecleadores, “pero ahora está muy esparcido; antes el acoso venía de un poder central y ahora la cosa viene del narcotráfico, de funcionarios y empresas. Está muy diseminado el intento de acallar”.
Consideró que la propuesta de integrar una organización de todos aquellos periodistas que trabajen en los medios no debe quedar en el aire y, de integrarse, dijo, debe cuidarse que no sea un ente excluyente, “porque de lo contrario se convertiría en un riesgo para la profesión”.
Como parte de las demandas judiciales que periodistas viven por presunto “daño moral” se destacó, entre otros, los casos de Ana Lilia Pérez, Miguel Badillo –reportera y director de la revista Contralínea–, Eduardo Huchim y Rubén Lara.
Gabriel León Zaragoza, la Jornada, 29 de enero.
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