A seis meses de las elecciones federales, 13 gobiernos estatales no han firmado aún un acuerdo de "blindaje electoral" con el Gobierno federal.
Desde el 2006, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR promovieron convenios para evitar el desvío de recursos públicos en los comicios y vigilar el ejercicio adecuado de los presupuestos locales.
Sólo 19 entidades suscribieron el acuerdo. Es el caso de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.
No hay aún fechas para Sonora, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Campeche, pese a que además de la elección de nuevos diputados federales, renovarán la gubernatura en julio.
Como tampoco para el DF, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Colima, Morelos, Tabasco, en los que en su mayoría habrá comicios locales en 2009.
Según información proporcionada por la SFP en su portal de internet, el gobierno priista de Coahuila está en puertas de firmarlo.
Los acuerdos de coordinación, adaptados a la situación de cada entidad, busca fortalecer las acciones de prevención, atención, seguimiento y sanción de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de delitos electorales.
Los gobiernos estatales se comprometen a capacitar a sus funcionarios para que conozcan la ley y eviten usar el erario o condicionen la prestación de servicios, el cumplimiento de programas y la realización de obras públicas para favorecer a un candidato o un partido político.
Específicamente, se les pide dar a conocer a sus empleados y a la ciudadanía el título 24 del libro segundo del Código Penal Federal relativo a los delitos electorales.
Desde el 2006, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR promovieron convenios para evitar el desvío de recursos públicos en los comicios y vigilar el ejercicio adecuado de los presupuestos locales.
Sólo 19 entidades suscribieron el acuerdo. Es el caso de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.
No hay aún fechas para Sonora, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Campeche, pese a que además de la elección de nuevos diputados federales, renovarán la gubernatura en julio.
Como tampoco para el DF, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Colima, Morelos, Tabasco, en los que en su mayoría habrá comicios locales en 2009.
Según información proporcionada por la SFP en su portal de internet, el gobierno priista de Coahuila está en puertas de firmarlo.
Los acuerdos de coordinación, adaptados a la situación de cada entidad, busca fortalecer las acciones de prevención, atención, seguimiento y sanción de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de delitos electorales.
Los gobiernos estatales se comprometen a capacitar a sus funcionarios para que conozcan la ley y eviten usar el erario o condicionen la prestación de servicios, el cumplimiento de programas y la realización de obras públicas para favorecer a un candidato o un partido político.
Específicamente, se les pide dar a conocer a sus empleados y a la ciudadanía el título 24 del libro segundo del Código Penal Federal relativo a los delitos electorales.
Carole Simmonet, Reforma, 28 de diciembre.
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