En los últimos 10 años el gobierno federal ha entregado a las 32 entidades del País casi 48 mil millones de pesos de recursos contra la inseguridad, pero la incidencia delictiva no ha disminuido.
En 1998 se denunciaron un millón 439 mil delitos ante Ministerio Público local y federal, mientras que hasta octubre de 2008 sumaron un millón 571 mil ilícitos, cifra 8.5 por ciento mayor respecto al mismo periodo de 2007.
Solo a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en la última década se han canalizado a los estados 13 millones 148 mil pesos diarios, según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Sin embargo, la incidencia delictiva apenas disminuyó en el año 2000, cuando se denunciaron un millón 444 mil ilícitos, la más alta fue en 2007 con un millón 715 mil delitos.
Los recursos federales a entidades fueron entregados en 1998 a través de la Secretaría de Gobernación, y un año más tarde se estableció el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en estados y el Distrito Federal (FASP).
El FASP se distribuye entre las entidades aplicando una fórmula que hasta 2007 consideraba cinco factores con peso específico.
Se toma en cuenta el número de habitantes, índice delictivo, población penitenciaria, avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública, e inversión en proyectos.
A partir de 2008 se sumaron dos factores más, que son la aplicación de programas de prevención y los recursos invertidos por municipios en acciones de seguridad.
Según el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP), el Distrito Federal y los estados de México, Baja California, Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y Michoacán concentran más de la mitad de los delitos cometidos en el País.
De los 2 mil 454 municipios del País, 353 alcaldías reúnen el 84 por ciento de la población, y en ellos se registra el 71 por ciento de los delitos, refiere el informe de la SSP.
Entre las nueve entidades con mayores índices, el gobierno federal ha repartido en la última década más de 21 mil millones de pesos, que corresponden al 44 por ciento de los recursos distribuidos.
El mismo documento de la Secretaría indica que el Estado de México y Distrito Federal son las dos entidades que han recibido más recursos federales, con aportaciones por 3 mil 754 millones y 3 mil 458 millones de pesos, respectivamente.
La información del PNSP señala que 31 municipios del Estado de México están dentro del grupo de las 351 alcaldías con mayores índices delictivos, al igual que las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.
Incluso las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza, y Gustavo A. Madero están entre los 20 ayuntamientos más conflictivos del País, a la par de Tijuana, Mexicali, y Ensenada, en Baja California; Ciudad Juárez y Chihuahua, Chihuahua, o Culiacán, en Sinaloa.
Al Estado de México y al DF le siguen en obtención de recursos Veracruz, con 2 mil 302 millones de pesos; Baja California, con 2 mil 89 millones de pesos; Chiapas, con 2 mil 35 millones , y Sonora, con 2 mil 29 millones.
Por el contrario, las entidades menos favorecidas con recursos anticrimen son Colima, con 634 millones; Tlaxcala, con 646 millones; Aguascalientes, con 682 millones, y Zacatecas, con 732 millones de pesos.
De estos estados, sólo el municipio de Aguascalientes forma parte de los 20 Ayuntamientos más peligrosos del País.
Para 2009, el FASP se incrementó a 6 mil millones 916 mil 800 pesos a repartir entre las 32 entidades.
En 1998 se denunciaron un millón 439 mil delitos ante Ministerio Público local y federal, mientras que hasta octubre de 2008 sumaron un millón 571 mil ilícitos, cifra 8.5 por ciento mayor respecto al mismo periodo de 2007.
Solo a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en la última década se han canalizado a los estados 13 millones 148 mil pesos diarios, según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Sin embargo, la incidencia delictiva apenas disminuyó en el año 2000, cuando se denunciaron un millón 444 mil ilícitos, la más alta fue en 2007 con un millón 715 mil delitos.
Los recursos federales a entidades fueron entregados en 1998 a través de la Secretaría de Gobernación, y un año más tarde se estableció el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en estados y el Distrito Federal (FASP).
El FASP se distribuye entre las entidades aplicando una fórmula que hasta 2007 consideraba cinco factores con peso específico.
Se toma en cuenta el número de habitantes, índice delictivo, población penitenciaria, avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública, e inversión en proyectos.
A partir de 2008 se sumaron dos factores más, que son la aplicación de programas de prevención y los recursos invertidos por municipios en acciones de seguridad.
Según el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP), el Distrito Federal y los estados de México, Baja California, Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y Michoacán concentran más de la mitad de los delitos cometidos en el País.
De los 2 mil 454 municipios del País, 353 alcaldías reúnen el 84 por ciento de la población, y en ellos se registra el 71 por ciento de los delitos, refiere el informe de la SSP.
Entre las nueve entidades con mayores índices, el gobierno federal ha repartido en la última década más de 21 mil millones de pesos, que corresponden al 44 por ciento de los recursos distribuidos.
El mismo documento de la Secretaría indica que el Estado de México y Distrito Federal son las dos entidades que han recibido más recursos federales, con aportaciones por 3 mil 754 millones y 3 mil 458 millones de pesos, respectivamente.
La información del PNSP señala que 31 municipios del Estado de México están dentro del grupo de las 351 alcaldías con mayores índices delictivos, al igual que las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.
Incluso las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza, y Gustavo A. Madero están entre los 20 ayuntamientos más conflictivos del País, a la par de Tijuana, Mexicali, y Ensenada, en Baja California; Ciudad Juárez y Chihuahua, Chihuahua, o Culiacán, en Sinaloa.
Al Estado de México y al DF le siguen en obtención de recursos Veracruz, con 2 mil 302 millones de pesos; Baja California, con 2 mil 89 millones de pesos; Chiapas, con 2 mil 35 millones , y Sonora, con 2 mil 29 millones.
Por el contrario, las entidades menos favorecidas con recursos anticrimen son Colima, con 634 millones; Tlaxcala, con 646 millones; Aguascalientes, con 682 millones, y Zacatecas, con 732 millones de pesos.
De estos estados, sólo el municipio de Aguascalientes forma parte de los 20 Ayuntamientos más peligrosos del País.
Para 2009, el FASP se incrementó a 6 mil millones 916 mil 800 pesos a repartir entre las 32 entidades.
Luis Brito, Reforma, 5 de enero.
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