Medina Mora llama a su equipo a evitar filtraciones

El titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, hizo un llamado para que la información contenida en las solicitudes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones que el Ministerio Público federal haga a los jueces de control se mantenga en reserva, pues es la única manera de impedir que las averiguaciones y la vida de los servidores públicos se pongan en peligro.

Ante Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Medina Mora insistió en que es necesario guardar en sigilo el curso de las indagatorias, como lo ordena el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

“Es imprescindible que las solicitudes que formule el Ministerio Público de la Federación y las resoluciones que adopten los juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones se mantengan en la más estricta reserva”, señaló.

“La filtración de los datos contenidos en las órdenes no sólo pone en riesgo las investigaciones respectivas, sino la vida e integridad física de los servidores públicos honestos y comprometidos con la consolidación del estado de derecho y la seguridad de todos los mexicanos.”

Durante la inauguración de los seis juzgados de control, que atenderán las solicitudes de la PGR y el Cisen, el procurador dijo que estos órganos especializados son una herramienta invaluable porque agilizarán las indagatorias y la persecución de los delitos cometidos por el crimen organizado.

Apoyo del Poder Judicial

Por su parte, Ortiz Mayagoitia señaló que dichos juzgados no tienen como finalidad tener más prisioneros en las cárceles, sino elevar la seguridad y convivencia pacífica y ordenada en el país.

El presidente de la Corte aclaró que el derecho penal no debe ser el principal instrumento de orden en un Estado democrático, pero éste debe ser eficiente para combatir la delincuencia, cada vez más desafiante y enconada, y la impunidad, que directa o indirectamente la protege y la alienta.

El ministro destacó que la creación de este instrumento significa un avance importante en la aplicación de las reformas constitucionales, desde el ámbito de competencia del Poder Judicial de la Federación.

“Queremos contribuir a que esta reforma sea exitosa y fructífera, no tanto para tener más convictos, sino para elevar nuestra seguridad y convivencia pacífica y ordenada.

“El derecho penal no ha de ser el principal instrumento de orden de un Estado democrático, pero debe ser eficiente, útil y contundente para preservar la convicción colectiva por la legalidad y la justicia, esto es, por lo lícito y lo debido para combatir la delincuencia, cada vez más desafiante y enconada, y la impunidad, que directa o indirectamente la protege y la alienta”, manifestó.

Por separado, Luis María Aguilar Morales, consejero de la Judicatura Federal, señaló que el Poder Judicial de la Federación invirtió aproximadamente 8 millones de pesos en la adecuación de los seis juzgados y en la instalación de dos tribunales colegiados de circuito que se ubicaron ahí.

Aval del Congreso

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe González, señaló que los jueces blindados son producto del consenso y gozan del apoyo de todos los partidos.

Señaló que los nuevos juzgados son uno de los logros de la reforma judicial aprobada el año pasado, y recordó que este esquema agilizará la expedición de órdenes de cateo.

“Los jueces no son para juzgar fast track, son para que la autoridad les pida las órdenes de cateo, de investigación, y poder entrar en algunos domicilios. El objetivo es que esto no se vuelva un relajo ni que el Ministerio Público actúe como juez.”

Diputados del PRD y de Convergencia justificaron que los nuevos jueces de control autoricen cateos, arraigos e intervenciones telefónicas como parte de la lucha contra el crimen organizado, pero exigieron evitar abusos o violaciones a los derechos de los ciudadanos.

Demandaron, además, toda la protección del Estado para los impartidores de justicia frente a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, secuestro y otras actividades ilícitas.

Rubén Mosso, Milenio, 6 de enero.


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