Es altamente riesgoso que en plena crisis no exista interlocución entre el gobierno y las organizaciones sociales y de productores, asentaron el Barzón Alianza Nacional Agropecuaria, Comercializadores y Consumidores, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche y el Movimiento Campesino de Chihuahua en una carta dirigida al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
En la misiva, entregada ayer en Bucareli, proponen que la dependencia se convierta en el espacio para encontrar acuerdos sobre la manera de enfrentar la emergencia económica. “Las medidas que anunció el presidente Calderón el pasado día 7, como la disminución del precio del diesel, el congelamiento de las cotizaciones de las gasolinas y la reducción de 10 por ciento en la energía eléctrica no son suficientes. Hay un colchón de 75 mil millones de pesos autorizados por el Congreso que deben ser utilizados para atender esta crisis”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente del Barzón.
Agrega que la situación exige dar celeridad al gasto, pero eso no lo hacen las secretarías de Agricultura y de Comunicaciones, ni Pemex, a cuyos responsables se les debe llamar para que rindan cuentas, pues de continuar entregando los recursos con lentitud empezará el segundo semestre del año sin haber accedido a ellos.
En el escrito, las organizaciones afirman que el congelamiento y la reducción de precios de energéticos implican un costo de 55 mil millones de pesos, y el colchón de 75 mil millones es “demasiado grande para guardarse en plena turbulencia económica y frente a los justos reclamos de millones de productores ahogados por los costos de producción”.
Las organizaciones firmantes de la carta expresan preocupación porque el monto del gasto disponible en la administración federal y las medidas tomadas en el acuerdo del 7 de enero “son insuficientes”.
Proponen aumentar el gasto, reducir el costo del gobierno –disminuir 10 por ciento los salarios de los altos funcionarios–, establecer un programa emergente de financiamiento social y productivo, mayor acceso a los insumos productivos y proteger la producción alimentaria del país mediante la disminución de importaciones de alimentos y creando una reserva estratégica de alimentos para garantizar la canasta básica a la población.
Por su parte, Ramón Barajas López y Jesús Rueda Cantú, responsables de las movilizaciones de la Confederación Nacional Campesina en los estados del norte, informaron que ayer continuaron las tomas de las oficinas de la Sagarpa en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Durango.
Comentaron que en dichas acciones participaron cerca de 10 mil personas, quienes lanzaron un “¡ya basta de engañar al pueblo de México!, Felipe Calderón debe decidirse entre ganancia para unos cuantos o progreso para todos”.
Los campesinos exigieron un acuerdo nacional que genere empleo, proteja el salario y aplique un severo control a los precios de la canasta básica y de los combustibles, así como de los servicios que controla el gobierno.
En tanto, en un escrito dirigido al titular de Sagarpa, organizaciones de productores de Chihuahua afirman estar dispuestas a realizar un pacto de unidad para afrontar la crisis, pero “es necesario que el gobierno reactive al sector agropecuario”, subrayaron.
En la misiva, entregada ayer en Bucareli, proponen que la dependencia se convierta en el espacio para encontrar acuerdos sobre la manera de enfrentar la emergencia económica. “Las medidas que anunció el presidente Calderón el pasado día 7, como la disminución del precio del diesel, el congelamiento de las cotizaciones de las gasolinas y la reducción de 10 por ciento en la energía eléctrica no son suficientes. Hay un colchón de 75 mil millones de pesos autorizados por el Congreso que deben ser utilizados para atender esta crisis”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente del Barzón.
Agrega que la situación exige dar celeridad al gasto, pero eso no lo hacen las secretarías de Agricultura y de Comunicaciones, ni Pemex, a cuyos responsables se les debe llamar para que rindan cuentas, pues de continuar entregando los recursos con lentitud empezará el segundo semestre del año sin haber accedido a ellos.
En el escrito, las organizaciones afirman que el congelamiento y la reducción de precios de energéticos implican un costo de 55 mil millones de pesos, y el colchón de 75 mil millones es “demasiado grande para guardarse en plena turbulencia económica y frente a los justos reclamos de millones de productores ahogados por los costos de producción”.
Las organizaciones firmantes de la carta expresan preocupación porque el monto del gasto disponible en la administración federal y las medidas tomadas en el acuerdo del 7 de enero “son insuficientes”.
Proponen aumentar el gasto, reducir el costo del gobierno –disminuir 10 por ciento los salarios de los altos funcionarios–, establecer un programa emergente de financiamiento social y productivo, mayor acceso a los insumos productivos y proteger la producción alimentaria del país mediante la disminución de importaciones de alimentos y creando una reserva estratégica de alimentos para garantizar la canasta básica a la población.
Por su parte, Ramón Barajas López y Jesús Rueda Cantú, responsables de las movilizaciones de la Confederación Nacional Campesina en los estados del norte, informaron que ayer continuaron las tomas de las oficinas de la Sagarpa en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Durango.
Comentaron que en dichas acciones participaron cerca de 10 mil personas, quienes lanzaron un “¡ya basta de engañar al pueblo de México!, Felipe Calderón debe decidirse entre ganancia para unos cuantos o progreso para todos”.
Los campesinos exigieron un acuerdo nacional que genere empleo, proteja el salario y aplique un severo control a los precios de la canasta básica y de los combustibles, así como de los servicios que controla el gobierno.
En tanto, en un escrito dirigido al titular de Sagarpa, organizaciones de productores de Chihuahua afirman estar dispuestas a realizar un pacto de unidad para afrontar la crisis, pero “es necesario que el gobierno reactive al sector agropecuario”, subrayaron.
Matilde Pérez, La Jornada, 29 de enero.
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