El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el priista César Camacho Quiroz, dijo que sería gravísimo que algunas organizaciones ciudadanas, como ya ocurre en Chihuahua, hagan justicia por propia mano.
Eso, dijo el ex gobernador del Estado de México, “evidenciaría la ineficiencia del Estado mexicano. Y esto es peligrosísimo, porque en un Estado de derecho no puede permitirse la justicia por propia mano, aunque esto demuestra la desesperación de la gente y la incapacidad del Estado para responder”.
“Eso es gravísimo”, repuso Camacho Quiroz y planteó: “Quisiera que nunca llegáramos a esos extremos, porque entonces ya es imperio de la fuerza, de la irracionalidad y de la violencia, quizás entendido como el último de los recursos porque el Estado tendría que declarar que no pudo, y eso es gravísimo, independientemente de qué autoridad está a cargo del poder”.
En entrevista, luego de participar en el Seminario Internacional “Hacia una Política Efectiva de Prevención del Delito en México”, que se celebra en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador del PRI también informó que avanza la reforma constitucional antisecuestro y, a la fecha, cinco congresos estatales han votado favorablemente la minuta aprobada por el Congreso de la Unión.
“Se trata de una reforma constitucional de hondo calado que, por su naturaleza, no sólo requirió dos terceras partes de legisladores federales, es decir, senadores y diputados, sino necesita de 16 de las 31 legislaturas locales”, explicó Camacho Quiroz.
Y refirió que, merced a esta reforma, habrá un solo tipo penal y una métrica penal, es decir, un mínimo y un máximo para todos, que es parte de la eficacia buscada, porque hoy cada estado tiene normas diferentes, penalidades también diferentes y un modo distinto de proteger éste que es un valor jurídico apreciado por todos.
Por lo que concierne a la aprobada propuesta de la diputación federal del Partido Verde Ecologista de México, de realizar foros para discutir la reinstauración de la pena de muerte en México, recapituló: “En un Estado democrático lo que no se puede impedir es el diálogo. Hay posiciones personales, grupales y partidarias. Creo que todas son respetables”.
En este tenor se le refirió que en el estado de Chihuahua hay pronunciamientos de organizaciones que van a tomar las armas en caso de que las autoridades no combatan al crimen organizado, e incluso hay una que ha comenzado a ejecutar delincuentes.
Agregó: “El Estado se creó, el gobierno, para ser más preciso, para salvaguardar los intereses colectivos. Entonces, es, insisto, peligrosísimo que se den estas expresiones de hacerse justicia por su propia mano.
“Pero —argumentó—, si el Estado, las autoridades, no queremos que esto ocurra, hagamos que las instituciones oficiales sí hagan su parte y la gente, entonces, comenzará a recuperar la confianza que hoy prácticamente tiene perdida en las instituciones de procuración y administración de justicia”.
Eso, dijo el ex gobernador del Estado de México, “evidenciaría la ineficiencia del Estado mexicano. Y esto es peligrosísimo, porque en un Estado de derecho no puede permitirse la justicia por propia mano, aunque esto demuestra la desesperación de la gente y la incapacidad del Estado para responder”.
“Eso es gravísimo”, repuso Camacho Quiroz y planteó: “Quisiera que nunca llegáramos a esos extremos, porque entonces ya es imperio de la fuerza, de la irracionalidad y de la violencia, quizás entendido como el último de los recursos porque el Estado tendría que declarar que no pudo, y eso es gravísimo, independientemente de qué autoridad está a cargo del poder”.
En entrevista, luego de participar en el Seminario Internacional “Hacia una Política Efectiva de Prevención del Delito en México”, que se celebra en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador del PRI también informó que avanza la reforma constitucional antisecuestro y, a la fecha, cinco congresos estatales han votado favorablemente la minuta aprobada por el Congreso de la Unión.
“Se trata de una reforma constitucional de hondo calado que, por su naturaleza, no sólo requirió dos terceras partes de legisladores federales, es decir, senadores y diputados, sino necesita de 16 de las 31 legislaturas locales”, explicó Camacho Quiroz.
Y refirió que, merced a esta reforma, habrá un solo tipo penal y una métrica penal, es decir, un mínimo y un máximo para todos, que es parte de la eficacia buscada, porque hoy cada estado tiene normas diferentes, penalidades también diferentes y un modo distinto de proteger éste que es un valor jurídico apreciado por todos.
Por lo que concierne a la aprobada propuesta de la diputación federal del Partido Verde Ecologista de México, de realizar foros para discutir la reinstauración de la pena de muerte en México, recapituló: “En un Estado democrático lo que no se puede impedir es el diálogo. Hay posiciones personales, grupales y partidarias. Creo que todas son respetables”.
En este tenor se le refirió que en el estado de Chihuahua hay pronunciamientos de organizaciones que van a tomar las armas en caso de que las autoridades no combatan al crimen organizado, e incluso hay una que ha comenzado a ejecutar delincuentes.
Agregó: “El Estado se creó, el gobierno, para ser más preciso, para salvaguardar los intereses colectivos. Entonces, es, insisto, peligrosísimo que se den estas expresiones de hacerse justicia por su propia mano.
“Pero —argumentó—, si el Estado, las autoridades, no queremos que esto ocurra, hagamos que las instituciones oficiales sí hagan su parte y la gente, entonces, comenzará a recuperar la confianza que hoy prácticamente tiene perdida en las instituciones de procuración y administración de justicia”.
Moisés Sánchez Limón, Crónica, 23 de enero.
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