Esta medida, aplicada a menos de dos semanas que se dé el relevo en la Casa Blanca, afecta los derechos fundamentales de los trabajadores indocumentados y de sus familias, además, de que la calidad migratoria no tiene por qué ser motivo para privarla de sus derechos fundamentales.
El organismo expresó que toda persona que enfrente un procedimiento ya sea administrativo o judicial debe contar con garantías mínimas como dicta el derecho internacional. Con ese lineamiento contravienen tratados internacionales en materia de derechos humanos, especialmente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
El incremento de vigilancia en la frontera ha provocado que los migrantes opten por zonas de mayor riesgo, registrándose el fallecimiento de mil en los últimos dos años.
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