El Presidente Felipe Calderón firmó ayer la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual establece los nuevos mecanismos de coordinación entre la Federación y los estados y se crean diversos organismos para evaluar las acciones contra la delincuencia y controlar al personal de las corporaciones policiacas.
El nuevo ordenamiento será publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, por lo que a partir de este 3 de enero, tanto el Gobierno federal como de los estados, están obligados a poner en marcha las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones de esta legislación.
En un comunicado, la Presidencia de la República informó que el objeto central de esta Ley, aprobada por el Congreso el 11 de diciembre, es garantizar una responsabilidad compartida y una acción efectiva entre los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.
Para ello, expone, se definen las bases de coordinación entre la Federación, el DF, los estados y los municipios para la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También se crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por el Mandatario federal y conformado por Gobernadores, Secretarios de Estado y representantes de la sociedad civil, el cual promoverá la implementación de políticas públicas en materia de atención a víctimas del delito, la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las instituciones de seguridad pública, así como el evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de seguridad pública.
Una vez publicada la Ley en el DOF, el Gobierno federal tendrá entre seis meses y un año para crear instancias como el Centro Nacional de Información, que fungirá como la autoridad responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.
"Tendrá la responsabilidad de diseñar, administrar y resguardar la integridad de las bases de datos criminalísticos y de personal, así como de homologar bajo criterios técnicos las bases de datos de dicho Sistema", explica la Presidencia en el comunicado.
Deberá crear el Sistema Único de Información Criminal, que contendrá una base nacional de datos sobre probables responsables de delitos, indiciados, procesados o sentenciados, así como sus antecedentes criminales, medios de identificación, recursos y modos de operación.
Dentro de este plazo también creará los Centros Nacionales de Acreditación y Control de Confianza y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Lineamientos
La nueva Ley de Seguridad establece:
· Mecanismos de coordinación entre la Federación y entidades federativas para combatir el crimen organizado.
· Responsabilidades compartidas entre los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.
· La creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por el Presidente y conformado por Gobernadores, Secretarios de Estado y representantes de la sociedad civil.
· La creación del Centro Nacional de Información, que tendrá la responsabilidad de diseñar, administrar y resguardar la integridad de las bases de datos criminalísticos y de personal.
· La creación de Centros Nacionales de Acreditación y Control de Confianza y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
El nuevo ordenamiento será publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, por lo que a partir de este 3 de enero, tanto el Gobierno federal como de los estados, están obligados a poner en marcha las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones de esta legislación.
En un comunicado, la Presidencia de la República informó que el objeto central de esta Ley, aprobada por el Congreso el 11 de diciembre, es garantizar una responsabilidad compartida y una acción efectiva entre los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.
Para ello, expone, se definen las bases de coordinación entre la Federación, el DF, los estados y los municipios para la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También se crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por el Mandatario federal y conformado por Gobernadores, Secretarios de Estado y representantes de la sociedad civil, el cual promoverá la implementación de políticas públicas en materia de atención a víctimas del delito, la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las instituciones de seguridad pública, así como el evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de seguridad pública.
Una vez publicada la Ley en el DOF, el Gobierno federal tendrá entre seis meses y un año para crear instancias como el Centro Nacional de Información, que fungirá como la autoridad responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.
"Tendrá la responsabilidad de diseñar, administrar y resguardar la integridad de las bases de datos criminalísticos y de personal, así como de homologar bajo criterios técnicos las bases de datos de dicho Sistema", explica la Presidencia en el comunicado.
Deberá crear el Sistema Único de Información Criminal, que contendrá una base nacional de datos sobre probables responsables de delitos, indiciados, procesados o sentenciados, así como sus antecedentes criminales, medios de identificación, recursos y modos de operación.
Dentro de este plazo también creará los Centros Nacionales de Acreditación y Control de Confianza y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Lineamientos
La nueva Ley de Seguridad establece:
· Mecanismos de coordinación entre la Federación y entidades federativas para combatir el crimen organizado.
· Responsabilidades compartidas entre los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.
· La creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por el Presidente y conformado por Gobernadores, Secretarios de Estado y representantes de la sociedad civil.
· La creación del Centro Nacional de Información, que tendrá la responsabilidad de diseñar, administrar y resguardar la integridad de las bases de datos criminalísticos y de personal.
· La creación de Centros Nacionales de Acreditación y Control de Confianza y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Reforma, 2 de enero.
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