El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se amparó para impugnar un requerimiento de información del IFE sobre los spots difundidos durante la campaña presidencial de 2006, reclamados por el PRD y que por orden del Tribunal Electoral deben resultar en sanciones contra PRI, PAN y PVEM.
El 12 de noviembre de 2008, el IFE requirió al CCE para informar sobre datos de las personas que firmaron el contrato para la transmisión de los dos spots cuestionados por el PRD, monto que se pagó por la difusión, copia de las facturas, número de repeticiones, días y frecuencias en que fueron transmitidos.
Además, le advirtió que si no entrega la información podría ser multado con una cantidad equivalente al doble de lo que pagó a las televisoras para difundir los dos spots en los que, sin hacer referencia a Andrés Manuel López Obrador o algún otro candidato o partido, se alentaba a los ciudadanos a votar por mantener el actual modelo económico.
Lo anterior en cumplimiento a una sentencia dictada el 31 de octubre por la Sala Superior del TEPJF, en la que se resolvió que PRI, PAN y PVEM deben ser sancionados por el IFE porque tenían la obligación de tomar acciones para frenar la difusión de la campaña.
"La asociación civil que represento jamás fue llamada o emplazada a dicho juicio o recurso de apelación, jamás tuvo el carácter de parte en dicho juicio o recurso, jamás fue escuchada en defensa de sus intereses", afirma el abogado del CCE, Adolfo Arrioja Vizcaíno, en la demanda de amparo presentada el dos de diciembre.
Agregó que el IFE está amenazando con aplicar retroactivamente sanciones previstas en el nuevo Cofipe, que entró en vigor hasta enero de 2008 y calificó todo el procedimiento de "una pesadilla jurídica".
"La intención de las autoridades administrativas responsables es la de suprimir por completo la libertad de expresión de los ciudadanos y, en general, de las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, en la materia política y electoral, a fin de que esa libertad solamente pueda ser ejercida por grupos privilegiados como los partidos políticos", agrega la demanda.
Además de este amparo, el CCE litiga desde febrero de 2008 otra demanda en la que impugnó la Constitucionalidad de cuatro artículos del nuevo Cofipe, entre ellos el que prohibe a particulares contratar propaganda electoral en radio y televisión, así como el capítulo de sanciones.
Víctor Fuentes, Reforma, 27 de enero.
El 12 de noviembre de 2008, el IFE requirió al CCE para informar sobre datos de las personas que firmaron el contrato para la transmisión de los dos spots cuestionados por el PRD, monto que se pagó por la difusión, copia de las facturas, número de repeticiones, días y frecuencias en que fueron transmitidos.
Además, le advirtió que si no entrega la información podría ser multado con una cantidad equivalente al doble de lo que pagó a las televisoras para difundir los dos spots en los que, sin hacer referencia a Andrés Manuel López Obrador o algún otro candidato o partido, se alentaba a los ciudadanos a votar por mantener el actual modelo económico.
Lo anterior en cumplimiento a una sentencia dictada el 31 de octubre por la Sala Superior del TEPJF, en la que se resolvió que PRI, PAN y PVEM deben ser sancionados por el IFE porque tenían la obligación de tomar acciones para frenar la difusión de la campaña.
"La asociación civil que represento jamás fue llamada o emplazada a dicho juicio o recurso de apelación, jamás tuvo el carácter de parte en dicho juicio o recurso, jamás fue escuchada en defensa de sus intereses", afirma el abogado del CCE, Adolfo Arrioja Vizcaíno, en la demanda de amparo presentada el dos de diciembre.
Agregó que el IFE está amenazando con aplicar retroactivamente sanciones previstas en el nuevo Cofipe, que entró en vigor hasta enero de 2008 y calificó todo el procedimiento de "una pesadilla jurídica".
"La intención de las autoridades administrativas responsables es la de suprimir por completo la libertad de expresión de los ciudadanos y, en general, de las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, en la materia política y electoral, a fin de que esa libertad solamente pueda ser ejercida por grupos privilegiados como los partidos políticos", agrega la demanda.
Además de este amparo, el CCE litiga desde febrero de 2008 otra demanda en la que impugnó la Constitucionalidad de cuatro artículos del nuevo Cofipe, entre ellos el que prohibe a particulares contratar propaganda electoral en radio y televisión, así como el capítulo de sanciones.
Víctor Fuentes, Reforma, 27 de enero.
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