Sebastiana, una indígena tzotzil, ha esperado en prisión durante poco más de cuatro años a que le asignen un defensor público que hable su lengua y conozca su cultura. Es su derecho.
Pero en el país sólo hay 14 defensores públicos federales que hablan una lengua indígena y que conocen usos y costumbres.
En teoría, desde hace seis años todos los indígenas que enfrentan un juicio por haber cometido, presuntamente, un delito federal, y que no tienen dinero para pagar a un abogado particular, tienen el derecho de ser atendidos por un defensor público que hable su lengua y que conozca la cultura del grupo al que pertenece.
Pero en la práctica, en un país habitado por unos 12 millones de indígenas, la realidad es otra.
En su informe de labores correspondiente al año que termina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, dio a conocer que el Instituto Federal de Defensoría Pública sólo cuenta con 14 abogados con estas características.
La cifra la presentó como una muestra del avance y de los esfuerzos que se realizan, “día con día, para garantizar una justicia accesible” para los indígenas.
Una opinión que no comparten sus compañeros ministros José Ramón Cossío, Olga Sánchez y Sergio Valls. En especial, después de revisar el caso de Sebastiana y de convencerse de que el Estado ha sido incapaz de garantizar este derecho.
A Sebastiana nadie la conoce fisícamente en la Corte. Su caso únicamente está plasmado en el papel. Pero se trata de un caso que muestra los laberintos por los que tiene que atravesar una persona en busca de justicia.
La usaron para transportar cocaína. La detuvieron en agosto de 2004, la consignaron y le asignaron un defensor público federal que no hablaba tzotzil ni conocía dicha cultura.
Normalmente a los indígenas se les asigna un defensor con estas características.
El problema que tienen los defensores es que deben apoyarse en traductores, lo que propicia que los procesos se alarguen y que se corra el riesgo de que se cometan errores en las traducciones.
Eso sin contar que si no conocen la cultura de sus defendidos no pueden recurrir a sus usos y costumbres para librarlos de la prisión o garantizar una pena menor que la que se le aplicaría al resto de la población.
Sebastiana fue sentenciada a 10 años de prisión en 2005. Y un nuevo abogado de oficio asumió su defensa. Tampoco hablaba tzotzil ni conocía dicha cultura. Pero, en un hecho inusual utilizó precisamente estas carecencias para pedir la liberación de Sebastiana.
El nuevo abogado promovió un juicio de amparo bajo el argumento de que se habían violado las garantías de Sebastiana al no lograr asegurar que la defendiera un abogado que hable tzotzil y que conozca los usos y costumbres de esta comunidad.
Lo único que logró, después de otro año, en 2006, fue que un tribunal federal ordenara que se abriera un nuevo juicio en el que contara con la defensa de un abogado que hable tzotzil y conozca a la comunidad.
La historia volvió a empezar. Y cuando el juicio de Sebastiana inició, otra vez de cero, se topó con la realidad de que, en todo Chiapas, sólo hay un defensor público federal que domina el tzotzil.
Pero no podía atenderla porque estaba llevando otros juicios en otra parte del estado.
Y hubiera seguido esperando de no ser porque, una vez más, su anterior defensor le promovió otro amparo para pedir que se le liberara porque, en su caso, se había rebasado, en exceso, el tiempo para que se le juzgara y se le dictara sentencia.
Debido a la relevancia del tema y a la trascendencia que tendría para otros casos similares, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el juicio.
Y ahí, el 5 de noviembre pasado, al revisar su caso, los ministros José Ramón Cossío, Sergio Valls y Olga Sánchez Cordero, la mayoría de la sala penal, se manifestaron en favor de ampararla y de ordenar su liberación, debido, precisamente, a que ante la falta de un defensor público tzotzil que la atendiera se habían violado varias de sus garantías constitucionales.
Pero, por cuestiones meramente de procedimiento, el amparo que la dejará en libertad se emitirá en las primeras sesiones de enero de 2009.
Pero en el país sólo hay 14 defensores públicos federales que hablan una lengua indígena y que conocen usos y costumbres.
En teoría, desde hace seis años todos los indígenas que enfrentan un juicio por haber cometido, presuntamente, un delito federal, y que no tienen dinero para pagar a un abogado particular, tienen el derecho de ser atendidos por un defensor público que hable su lengua y que conozca la cultura del grupo al que pertenece.
Pero en la práctica, en un país habitado por unos 12 millones de indígenas, la realidad es otra.
En su informe de labores correspondiente al año que termina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, dio a conocer que el Instituto Federal de Defensoría Pública sólo cuenta con 14 abogados con estas características.
La cifra la presentó como una muestra del avance y de los esfuerzos que se realizan, “día con día, para garantizar una justicia accesible” para los indígenas.
Una opinión que no comparten sus compañeros ministros José Ramón Cossío, Olga Sánchez y Sergio Valls. En especial, después de revisar el caso de Sebastiana y de convencerse de que el Estado ha sido incapaz de garantizar este derecho.
A Sebastiana nadie la conoce fisícamente en la Corte. Su caso únicamente está plasmado en el papel. Pero se trata de un caso que muestra los laberintos por los que tiene que atravesar una persona en busca de justicia.
La usaron para transportar cocaína. La detuvieron en agosto de 2004, la consignaron y le asignaron un defensor público federal que no hablaba tzotzil ni conocía dicha cultura.
Normalmente a los indígenas se les asigna un defensor con estas características.
El problema que tienen los defensores es que deben apoyarse en traductores, lo que propicia que los procesos se alarguen y que se corra el riesgo de que se cometan errores en las traducciones.
Eso sin contar que si no conocen la cultura de sus defendidos no pueden recurrir a sus usos y costumbres para librarlos de la prisión o garantizar una pena menor que la que se le aplicaría al resto de la población.
Sebastiana fue sentenciada a 10 años de prisión en 2005. Y un nuevo abogado de oficio asumió su defensa. Tampoco hablaba tzotzil ni conocía dicha cultura. Pero, en un hecho inusual utilizó precisamente estas carecencias para pedir la liberación de Sebastiana.
El nuevo abogado promovió un juicio de amparo bajo el argumento de que se habían violado las garantías de Sebastiana al no lograr asegurar que la defendiera un abogado que hable tzotzil y que conozca los usos y costumbres de esta comunidad.
Lo único que logró, después de otro año, en 2006, fue que un tribunal federal ordenara que se abriera un nuevo juicio en el que contara con la defensa de un abogado que hable tzotzil y conozca a la comunidad.
La historia volvió a empezar. Y cuando el juicio de Sebastiana inició, otra vez de cero, se topó con la realidad de que, en todo Chiapas, sólo hay un defensor público federal que domina el tzotzil.
Pero no podía atenderla porque estaba llevando otros juicios en otra parte del estado.
Y hubiera seguido esperando de no ser porque, una vez más, su anterior defensor le promovió otro amparo para pedir que se le liberara porque, en su caso, se había rebasado, en exceso, el tiempo para que se le juzgara y se le dictara sentencia.
Debido a la relevancia del tema y a la trascendencia que tendría para otros casos similares, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el juicio.
Y ahí, el 5 de noviembre pasado, al revisar su caso, los ministros José Ramón Cossío, Sergio Valls y Olga Sánchez Cordero, la mayoría de la sala penal, se manifestaron en favor de ampararla y de ordenar su liberación, debido, precisamente, a que ante la falta de un defensor público tzotzil que la atendiera se habían violado varias de sus garantías constitucionales.
Pero, por cuestiones meramente de procedimiento, el amparo que la dejará en libertad se emitirá en las primeras sesiones de enero de 2009.
Carlos Avilés, El Universal, 23 de diciembre.
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