Sedena, la institución con más quejas ante la CNDH

La Secretaria de la Defensa Nacional es la institución con más quejas por violación a derechos humanos, reportó la CNDH.

Durante 2008 —del 1 de enero al 15 de diciembre—, el Ejército fue citado en 11% de los expedientes abiertos en la comisión.

Personal militar estuvo involucrado en 631 de las cinco mil 921 quejas registradas a nivel nacional. Casi dos denuncias al día.

Tras la Sedena se ubicaron el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 478, y la Procuraduría General de la República, con 303.

Otras de las instancias más mencionadas fueron la Secretaría de Educación Pública (164 quejas), el ISSSTE (147), el Instituto Nacional de Migración (135), la Policía Federal Preventiva (151) y la Secretaría de Seguridad Pública federal (143).

Además, el Infonavit (104) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP (110).

Los hechos violatorios con mayores registros fueron: ejercicio indebido de la función pública (mil 170 casos) y negativa o inadecuada prestación de servicios de salud (755).

En torno a acciones específicas de personal del Ejército, se denunciaron cateos y visitas domiciliarias ilegales (731), detenciones arbitrarias (665), tratos crueles y/o degradantes (558), ejercicio indebido del cargo (455) y robo (322).

De manera general también se reportaron negativas al derecho de petición (237), violaciones a derechos de migrantes (227), prestaciones indebidas de servicio público (215), violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica (182), retenciones ilegales (164), violaciones a derechos de reclusos (126) y dilación en procedimientos administrativos (158).

En prestación a servicios públicos hubo deficiencias en los rubros de educación, electricidad, vivienda y seguridad social.

En el tema de seguridad pública y justicia los ciudadanos se quejaron por amenazas, imputación indebida de hechos, incomunicación, intimidación, discriminación, inejecución de resolución o sentencia, irregular integración de averiguación previa, tortura, ataque a la propiedad privada y violación al derecho a la integridad de los menores.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 26 de diciembre.

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