Telefónica México acusó este lunes a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de establecer “límites flexibles” para la compra de espectro de banda ancha, y descartó que vaya a interponer un recurso de amparo contra un proceso de licitación que pretende concesionar espacio radioeléctrico, propicio para que las compañías de telecomunicaciones ofrezcan los servicios denominados de tercera generación o triple play (telefonía, Internet y televisión restringida).
De esta manera, la compañía propiedad de la española Telefónica no irá a la par de la firma Iusacell, que presentó este lunes una demanda de amparo contra ese proceso de licitación porque, dijo, beneficia a Televisa y Nextel, mientras América Móvil, propiedad de Carlos Slim, decidió no realizar ningún comentario sobre una supuesta salida de sus inversiones del país y su traslado a Brasil.
“Por parte de América Móvil no tenemos ningún comentario al respecto”, señaló una fuente en relación con una nota de prensa que calificó de “primer paso” para salir de México la intención de aquella compañía de absorber Telmex Internacional y Carso Global Telecom, que daría lugar al cuarto operador mundial de las telecomunicaciones.
Al empresario Carlos Slim se le ha negado el otorgamiento de los permisos para que sus empresas ofrezcan el servicio de televisión restringida, que junto con el de telefonía y de Internet conforman el triple play.
Precisamente la Cofetel lanzó las bases para que las empresas de telecomunicaciones se inscriban al proceso de licitación de frecuencias radioeléctricas de 1.9 y 1.7 gigahercios, con las cuales se pretende incentivar el mercado de triple play.
Las bases han generado críticas de Iusacell, que acusa a la Cofetel de beneficiar a Televisa y Nextel, y por parte de Telefónica México, que señala un supuesto beneficio para Telcel, subsidiaria de América Móvil.
Analistas del sector han apremiado a la Cofetel, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Competencia (CFC) a que aclararen y transparenten el proceso de licitación de las frecuencias radioeléctricas.
Las compañías interesadas han presentado más de 300 dudas sobre el proceso, cantidad considerada elevada por los especialistas, quienes instaron a las autoridades a responder a esas preguntas de manera pública.
De igual manera solicitaron hacer del dominio público los criterios en los cuales las autoridades del sector se basaron para diseñar las bases.
Entre los cuestionamientos evidentes están los límites a la acumulación de espectro, medida que en los hechos acotaría cualquier expansión de Telcel, Telefónica y Iusacell, en beneficio de Televisa, como han señalado abogados de la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Otra demanda es que las autoridades resuelvan en primera instancia los refrendos de concesiones para algunas compañías del sector interesadas en las licitaciones, pues sus permisos vencen precisamente en las mismas fechas en que se llevarán a cabo las subastas de las frecuencias.
Las críticas llegan incluso a la “inequidad” del concurso, pues los nuevos jugadores en el mercado de telefonía –en un eventual caso Televisa– aprovecharán la infraestructura que otorga el roaming (dispositivo que permite la comunicación de una zona de cobertura a otra).
Un señalamiento más de las condiciones de desigualdad es la decisión del Congreso de la Unión de exentar de derechos por dos años a los nuevos participantes en el sector, quienes se ahorrarían 2 mil millones de pesos en inversiones.
Jorge Arreola Cavazos, director de regulación de Telefónica México, detalló que en el caso de Telcel, esta compañía podría tener restricciones para la adquisición de una de las dos frecuencias que se están licitando.
La Cofetel y la CFC argumentan que en las reglas existen límites para que una empresa no acumule espectro radioeléctrico y no están diseñadas para beneficiar a Televisa o Nextel, como han acusado participantes del mercado.
“En ningún momento ha sido la intención” beneficiar a esas compañías, afirmó Reynaldo C. González Bustamante, de la Unidad de Prospectiva y Regulación de la Cofetel, entrevistado tras un seminario en telecomunicaciones organizado ayer por el Centro de Investigación y Docencia Económica.
El funcionario informó que será el ámbito judicial del país el que decida si proceden los amparos y, de ser el caso, esperar si habría una suspensión temporal o definitiva del proceso de licitación
Una decisión de esa naturaleza “no se podrá evitar”, aunque enfatizó que la Cofetel defenderá y demostrará “que las bases (de la licitación de frecuencias) están dentro de lo que marca la ley”, afirmó González Bustamante.
De esta manera, la compañía propiedad de la española Telefónica no irá a la par de la firma Iusacell, que presentó este lunes una demanda de amparo contra ese proceso de licitación porque, dijo, beneficia a Televisa y Nextel, mientras América Móvil, propiedad de Carlos Slim, decidió no realizar ningún comentario sobre una supuesta salida de sus inversiones del país y su traslado a Brasil.
“Por parte de América Móvil no tenemos ningún comentario al respecto”, señaló una fuente en relación con una nota de prensa que calificó de “primer paso” para salir de México la intención de aquella compañía de absorber Telmex Internacional y Carso Global Telecom, que daría lugar al cuarto operador mundial de las telecomunicaciones.
Al empresario Carlos Slim se le ha negado el otorgamiento de los permisos para que sus empresas ofrezcan el servicio de televisión restringida, que junto con el de telefonía y de Internet conforman el triple play.
Precisamente la Cofetel lanzó las bases para que las empresas de telecomunicaciones se inscriban al proceso de licitación de frecuencias radioeléctricas de 1.9 y 1.7 gigahercios, con las cuales se pretende incentivar el mercado de triple play.
Las bases han generado críticas de Iusacell, que acusa a la Cofetel de beneficiar a Televisa y Nextel, y por parte de Telefónica México, que señala un supuesto beneficio para Telcel, subsidiaria de América Móvil.
Analistas del sector han apremiado a la Cofetel, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Competencia (CFC) a que aclararen y transparenten el proceso de licitación de las frecuencias radioeléctricas.
Las compañías interesadas han presentado más de 300 dudas sobre el proceso, cantidad considerada elevada por los especialistas, quienes instaron a las autoridades a responder a esas preguntas de manera pública.
De igual manera solicitaron hacer del dominio público los criterios en los cuales las autoridades del sector se basaron para diseñar las bases.
Entre los cuestionamientos evidentes están los límites a la acumulación de espectro, medida que en los hechos acotaría cualquier expansión de Telcel, Telefónica y Iusacell, en beneficio de Televisa, como han señalado abogados de la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Otra demanda es que las autoridades resuelvan en primera instancia los refrendos de concesiones para algunas compañías del sector interesadas en las licitaciones, pues sus permisos vencen precisamente en las mismas fechas en que se llevarán a cabo las subastas de las frecuencias.
Las críticas llegan incluso a la “inequidad” del concurso, pues los nuevos jugadores en el mercado de telefonía –en un eventual caso Televisa– aprovecharán la infraestructura que otorga el roaming (dispositivo que permite la comunicación de una zona de cobertura a otra).
Un señalamiento más de las condiciones de desigualdad es la decisión del Congreso de la Unión de exentar de derechos por dos años a los nuevos participantes en el sector, quienes se ahorrarían 2 mil millones de pesos en inversiones.
Jorge Arreola Cavazos, director de regulación de Telefónica México, detalló que en el caso de Telcel, esta compañía podría tener restricciones para la adquisición de una de las dos frecuencias que se están licitando.
La Cofetel y la CFC argumentan que en las reglas existen límites para que una empresa no acumule espectro radioeléctrico y no están diseñadas para beneficiar a Televisa o Nextel, como han acusado participantes del mercado.
“En ningún momento ha sido la intención” beneficiar a esas compañías, afirmó Reynaldo C. González Bustamante, de la Unidad de Prospectiva y Regulación de la Cofetel, entrevistado tras un seminario en telecomunicaciones organizado ayer por el Centro de Investigación y Docencia Económica.
El funcionario informó que será el ámbito judicial del país el que decida si proceden los amparos y, de ser el caso, esperar si habría una suspensión temporal o definitiva del proceso de licitación
Una decisión de esa naturaleza “no se podrá evitar”, aunque enfatizó que la Cofetel defenderá y demostrará “que las bases (de la licitación de frecuencias) están dentro de lo que marca la ley”, afirmó González Bustamante.
Julio Reyna Quiroz, La Jornada, 26 de enero.
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