Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, expresó que la inseguridad llegó a niveles intolerables y la economía está siendo afectada gravemente por el mismo fenómeno social.
Debido a la inseguridad, añadió, se cierran negocios, se dejan de crear empresas, se limita la actividad productiva y se desalienta la inversión.
Aseguró que, en cifras gruesas, en los últimos cinco años el secuestro ha crecido 300 por ciento, el robo a casa habitación 20 por ciento, el robo con violencia 30 por ciento y la extorsión 158 por ciento.
“La inseguridad pública, la violencia y la penetración del crimen organizado en la sociedad y en las instituciones de muchas zonas del país han llegado a niveles intolerables”, dijo.
Añadió que la economía de muchas regiones está siendo afectada gravemente, tanto por los delitos mismos como por el incremento exponencial en los gastos de prevención que tienen que realizar las empresas y los ciudadanos.
El mayor costo es el de oportunidad: se cierran negocios, se dejan de crear empresas, se limita la actividad productiva y se desalienta la inversión, agregó Gutiérrez Candiani.
Apuntó que la situación es de tal gravedad que “están en juego los principios de la convivencia social y la capacidad del Estado para cumplir con su primera obligación: salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos”.
Dijo que ante esto es indispensable implementar cambios de raíz, como la Ley Antisecuestro y la policía única, promovidas por el gobierno federal.
Indicó que existen estudios según los cuales más del 80 por ciento de las estructuras públicas municipales tiene algún nivel de infiltración de la delincuencia, y más de la mitad sólo cuenta con un máximo de 20 policías.
Debido a la inseguridad, añadió, se cierran negocios, se dejan de crear empresas, se limita la actividad productiva y se desalienta la inversión.
Aseguró que, en cifras gruesas, en los últimos cinco años el secuestro ha crecido 300 por ciento, el robo a casa habitación 20 por ciento, el robo con violencia 30 por ciento y la extorsión 158 por ciento.
“La inseguridad pública, la violencia y la penetración del crimen organizado en la sociedad y en las instituciones de muchas zonas del país han llegado a niveles intolerables”, dijo.
Añadió que la economía de muchas regiones está siendo afectada gravemente, tanto por los delitos mismos como por el incremento exponencial en los gastos de prevención que tienen que realizar las empresas y los ciudadanos.
El mayor costo es el de oportunidad: se cierran negocios, se dejan de crear empresas, se limita la actividad productiva y se desalienta la inversión, agregó Gutiérrez Candiani.
Apuntó que la situación es de tal gravedad que “están en juego los principios de la convivencia social y la capacidad del Estado para cumplir con su primera obligación: salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos”.
Dijo que ante esto es indispensable implementar cambios de raíz, como la Ley Antisecuestro y la policía única, promovidas por el gobierno federal.
Indicó que existen estudios según los cuales más del 80 por ciento de las estructuras públicas municipales tiene algún nivel de infiltración de la delincuencia, y más de la mitad sólo cuenta con un máximo de 20 policías.
La Crónica, 2 de noviembre.
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