Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) llamaron ayer a las autoridades mexicanas a cumplir cabalmente con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena eliminar el fuero militar en casos de abusos de elementos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles.
En un memorándum dirigido al Gobierno de México y al Congreso de la Unión, AI señaló que la reforma constitucional para reconocer claramente la obligación de respetar derechos plasmados en tratados internacionales ratificados por el país -pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados- y la reforma del Código de Justicia Militar para restringir el fuero, conforme al fallo de la CIDH en en el caso Radilla, son necesarias para reforzar la institucionalidad de la justicia.
Diversos casos recientes de abusos, indicó, han puesto de relieve que el amplio alcance de la jurisdicción militar constituye un gran obstáculo para acceder a la justicia en México.
"La CIDH ha dejado absolutamente claro que frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar", subrayó.
Una reforma que sólo excluya de la jurisdicción militar una categoría limitada de violaciones a los derechos humanos, advirtió implicar el incumplimiento de las sentencia de la CIDH y dejaría abierta la puerta para que prevalezca la impunidad.
Por su parte, HRW envió una carta a los presidentes del Senado, Manlio Fabio Beltrones, y de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, para solicitarles modificar la iniciativa de reforma al fuero militar presentada por el Presidente Felipe Calderón.
"Si bien la remisión de algunos casos de violaciones de derechos humanos de la justicia militar a la justicia penal ordinaria -desaparición forzada, violación sexual y tortura- constituye un paso en la dirección correcta, la reforma propuesta no servirá para poner fin a la impunidad de la mayoría de los abusos cometidos por militares y, por consiguiente, debería ser modificada por el Congreso", señaló José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización civil.
HRW, sostuvo, ha demostrado en reiteradas oportunidades que el sistema de justicia militar de México carece de la independencia e imparcialidad necesarias para ofrecer un recurso efectivo en aquellos casos en que se acusa a elementos de las Fuerzas Armadas de violar los derechos de civiles.
"La reforma propuesta reconocería a los agentes del ministerio público militar la facultad de determinar qué actos constituyen desaparición forzada, violación sexual o tortura", alertó.
Por ello, consideró, el Congreso debería reconocer a los agentes del ministerio público del fuero común o federal las facultades necesarias para determinar si un delito presuntamente cometido por militares constituye una violación de los derechos humanos o una falta a la disciplina militar y para establecer, en consecuencia, cuál es el sistema de justicia adecuado para investigarlo.
"Con estas características, la reforma se adecuaría mejor a los cambios exigidos por la CIDH en sus sentencias recientes y permitiría a México cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales, que exigen brindar recursos efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos", apuntó.
Exigen reparación de daño
El Estado mexicano está obligado a cumplir con la reparación del daño prevista en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los casos Campo Algodonero y Rosendo Radilla, indicaron organizaciones civiles.
La CIDH, recordaron, comprobó violaciones graves a los derechos humanos en ambos casos y ordenó el pago de indemnizaciones a las víctimas y otras acciones.
"Sin embargo, en su proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, el Presidente Felipe Calderón omitió incluir un apartado que refiriera al pago de las indemnizaciones a las víctimas que derivan de las sentencias", alertaron en un pronunciamiento Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otras agrupaciones.
Daniela Rea, Reforma, 10 de noviembre.
En un memorándum dirigido al Gobierno de México y al Congreso de la Unión, AI señaló que la reforma constitucional para reconocer claramente la obligación de respetar derechos plasmados en tratados internacionales ratificados por el país -pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados- y la reforma del Código de Justicia Militar para restringir el fuero, conforme al fallo de la CIDH en en el caso Radilla, son necesarias para reforzar la institucionalidad de la justicia.
Diversos casos recientes de abusos, indicó, han puesto de relieve que el amplio alcance de la jurisdicción militar constituye un gran obstáculo para acceder a la justicia en México.
"La CIDH ha dejado absolutamente claro que frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar", subrayó.
Una reforma que sólo excluya de la jurisdicción militar una categoría limitada de violaciones a los derechos humanos, advirtió implicar el incumplimiento de las sentencia de la CIDH y dejaría abierta la puerta para que prevalezca la impunidad.
Por su parte, HRW envió una carta a los presidentes del Senado, Manlio Fabio Beltrones, y de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, para solicitarles modificar la iniciativa de reforma al fuero militar presentada por el Presidente Felipe Calderón.
"Si bien la remisión de algunos casos de violaciones de derechos humanos de la justicia militar a la justicia penal ordinaria -desaparición forzada, violación sexual y tortura- constituye un paso en la dirección correcta, la reforma propuesta no servirá para poner fin a la impunidad de la mayoría de los abusos cometidos por militares y, por consiguiente, debería ser modificada por el Congreso", señaló José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización civil.
HRW, sostuvo, ha demostrado en reiteradas oportunidades que el sistema de justicia militar de México carece de la independencia e imparcialidad necesarias para ofrecer un recurso efectivo en aquellos casos en que se acusa a elementos de las Fuerzas Armadas de violar los derechos de civiles.
"La reforma propuesta reconocería a los agentes del ministerio público militar la facultad de determinar qué actos constituyen desaparición forzada, violación sexual o tortura", alertó.
Por ello, consideró, el Congreso debería reconocer a los agentes del ministerio público del fuero común o federal las facultades necesarias para determinar si un delito presuntamente cometido por militares constituye una violación de los derechos humanos o una falta a la disciplina militar y para establecer, en consecuencia, cuál es el sistema de justicia adecuado para investigarlo.
"Con estas características, la reforma se adecuaría mejor a los cambios exigidos por la CIDH en sus sentencias recientes y permitiría a México cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales, que exigen brindar recursos efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos", apuntó.
Exigen reparación de daño
El Estado mexicano está obligado a cumplir con la reparación del daño prevista en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los casos Campo Algodonero y Rosendo Radilla, indicaron organizaciones civiles.
La CIDH, recordaron, comprobó violaciones graves a los derechos humanos en ambos casos y ordenó el pago de indemnizaciones a las víctimas y otras acciones.
"Sin embargo, en su proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, el Presidente Felipe Calderón omitió incluir un apartado que refiriera al pago de las indemnizaciones a las víctimas que derivan de las sentencias", alertaron en un pronunciamiento Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otras agrupaciones.
Daniela Rea, Reforma, 10 de noviembre.
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