Representantes de Casas de Migrantes, centros de derechos humanos y albergues denunciaron que han recibido agresiones, amenazas y hostigamientos, por lo que piden a las autoridades federales investigar, procesar y sancionar a los responsables de esos delitos.
Los defensoras de los derechos humanos de los estados de Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Distrito Federal se reunieron para analizar la realidad del fenómeno migratorio, y se pronunciaron por que las autoridades federales promuevan una política migratoria capaz de erradicar la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente el delito de secuestro.
Dicha política, abundaron, debe garantizar las condiciones de seguridad y protección para la labor de defensa de los derechos humanos, y que se comprometa a dar cumplimiento cabal a las medidas de seguridad dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no limitándose, como hasta ahora lo ha hecho, a aplicar acciones coyunturales y momentáneas que de ninguna manera modifican el problema estructural de la corrupción, impunidad y violencia.
Además, piden que se solicite y se brinden todas las condiciones necesarias para que el relator de migrantes del Sistema Interamericano visite México lo antes posible, con el fin de que conozca de manera directa la situación que aquí manifestamos y se emita el informe correspondiente.
Y se reforme, señalaron, el artículo 138 de La Ley General de Población, diferenciando el trabajo humanitario y gratuito del delito de tráfico de migrantes.
La labor de documentación del delito sistemático del secuestro a migrantes que han registro, consideraron, es un esfuerzo que es obstaculizado por la impunidad contra los responsables y de creciente corrupción de los funcionarios públicos.
México • Eugenia Jiménez, Milenio, 1º de noviembre.
Los defensoras de los derechos humanos de los estados de Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Distrito Federal se reunieron para analizar la realidad del fenómeno migratorio, y se pronunciaron por que las autoridades federales promuevan una política migratoria capaz de erradicar la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente el delito de secuestro.
Dicha política, abundaron, debe garantizar las condiciones de seguridad y protección para la labor de defensa de los derechos humanos, y que se comprometa a dar cumplimiento cabal a las medidas de seguridad dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no limitándose, como hasta ahora lo ha hecho, a aplicar acciones coyunturales y momentáneas que de ninguna manera modifican el problema estructural de la corrupción, impunidad y violencia.
Además, piden que se solicite y se brinden todas las condiciones necesarias para que el relator de migrantes del Sistema Interamericano visite México lo antes posible, con el fin de que conozca de manera directa la situación que aquí manifestamos y se emita el informe correspondiente.
Y se reforme, señalaron, el artículo 138 de La Ley General de Población, diferenciando el trabajo humanitario y gratuito del delito de tráfico de migrantes.
La labor de documentación del delito sistemático del secuestro a migrantes que han registro, consideraron, es un esfuerzo que es obstaculizado por la impunidad contra los responsables y de creciente corrupción de los funcionarios públicos.
México • Eugenia Jiménez, Milenio, 1º de noviembre.
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