En una carta remitida desde Washington por José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de HRW, destaca su “profunda preocupación” por el alcance de la reforma al Código de Justicia Militar, pues ésta plantea que sólo la desaparición forzada, la violación sexual y la tortura sean juzgadas por tribunales civiles, otros abusos graves seguirían a cargo del sistema de justicia militar.
Destaca que “la reforma propuesta mantiene dentro del ámbito del deficiente sistema de justicia militar la investigación de la mayoría de los abusos militares contra civiles”.
Vivanco detalló que desde 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 65 recomendaciones en las cuales concluye que el Ejército participó en abusos graves y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó recientemente en su sitio web información sobre los avances en 62 de estos casos.
“Un análisis de esta información reveló que en sólo tres de los 62 casos —es decir, apenas 5%— el delito que se investiga o ha sido imputado encuadraría en las categorías que el proyecto de ley excluye de la jurisdicción militar: dos casos de tortura y un caso de violación sexual. Los 59 casos restantes, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, agresión sexual y tratos crueles y degradantes, continuarían siendo investigados por el MP militar”.
Recomendaciones
La carta fue entregada a Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado, y a Jorge Carlos Ramírez, presidente de la Cámara de Diputados, para que los argumentos sean considerados al debatir esta reforma.
HRW indica: “Recomendamos respetuosamente al Congreso que modifique la reforma propuesta para garantizar que todos los abusos militares contra civiles sean investigados y juzgados en el sistema de justicia penal ordinario”.
Para la organización, la reforma tiene varias objeciones, como que se le reconoce a la Policía Ministerial Militar una amplia discrecionalidad para determinar qué incidentes se encuadran en la categoría de desaparición forzada, violación sexual o tortura “y podría instar a las autoridades a imputar a los soldados delitos de menor gravedad para asegurar que un caso se tramite ante la jurisdicción militar”
HRW pidió “reconocer a los agentes del MP del fuero común o federal las facultades para determinar si un delito cometido por militares constituye una violación de garantías o una falta a la disciplina”.
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