El gobierno estadunidense respondió al argumento de Arizona sobre la legalidad de la polémica ley antimigrante SB1070 y sostuvo que interfiere en las responsabilidades constitucionales de la administración federal.
Edwin Kneedler, viceabogado general de la nación, pidió a un panel de tres jueces imaginar cuál puede ser la política migratoria de Estados Unidos si se permite que cada uno de los estados aplique sus propias leyes de migración. “Será un parche de estatutos”, señaló.
Señaló la preocupación del gobierno federal por el impacto de la SB1070 en las comunidades locales, en el respeto a las libertades civiles y en el derecho de las personas a no ser sujetas a vigilancia.
Una veintena de ciudades de Estados Unidos, así como asociaciones policiales locales y gobiernos extranjeros han presentado mociones solidarias con la posición del gobierno federal estadunidense.
El gobierno de Barack Obama sostiene que Arizona violó la ley de supremacía de la Constitución al buscar aplicar la política migratoria de Estados Unidos, cuando se trata de una prerrogativa federal y no estatal.
Pero Kneedler fue objeto de comentarios escépticos de los magistrados de la novena Corte de Apelaciones, en especial del hispano Carlos Tiburcio Bea, quien preguntó al abogado sobre los efectos que han tenido en la conducción de la política exterior de Estados Unidos los ordenamientos migratorios en Massachussets o Rhode Island.
Bea también preguntó sobre si el gobierno federal se opone a la deportación de indocumentados arrestados en Arizona, a pesar de que algunos de ellos son criminales. Kneedler sostuvo que el gobierno federal no criminaliza la sola presencia indocumentada en el país.
Antes, el abogado de Arizona John Bouma defendió la legalidad de la legislación SB1070 bajo el argumento de que el gobierno federal ha sido “incapaz” o no ha estado dispuesto a resolver el problema de la inmigración indocumentada en Estados Unidos.
Sostuvo que el estado padece problemas derivados del tráfico de drogas, de armas y del contrabando de migrantes.
Pero Bouma recibió también cuestionamientos escépticos del juez Bea, nominado a la judicatura por el ex presidente George W. Bush.
La Corte de Apelaciones debe determinar si mantiene el bloqueo de la juez Susan Bolton de Phoenix, quien decidió suspender la implantación de cuatro disposiciones clave de la ley. Típicamente el tribunal de apelaciones tiende a mantener los bloqueos de cortes inferiores.
La juez Bolton puso en suspenso la autorización de que policías verifiquen el estatus migratorio de personas detenidas por la comisión de otro delito, de exigir documentos migratorios y de realizar cateos sin orden judicial.
California • Notimex, Milenio, 2 de noviembre.
Edwin Kneedler, viceabogado general de la nación, pidió a un panel de tres jueces imaginar cuál puede ser la política migratoria de Estados Unidos si se permite que cada uno de los estados aplique sus propias leyes de migración. “Será un parche de estatutos”, señaló.
Señaló la preocupación del gobierno federal por el impacto de la SB1070 en las comunidades locales, en el respeto a las libertades civiles y en el derecho de las personas a no ser sujetas a vigilancia.
Una veintena de ciudades de Estados Unidos, así como asociaciones policiales locales y gobiernos extranjeros han presentado mociones solidarias con la posición del gobierno federal estadunidense.
El gobierno de Barack Obama sostiene que Arizona violó la ley de supremacía de la Constitución al buscar aplicar la política migratoria de Estados Unidos, cuando se trata de una prerrogativa federal y no estatal.
Pero Kneedler fue objeto de comentarios escépticos de los magistrados de la novena Corte de Apelaciones, en especial del hispano Carlos Tiburcio Bea, quien preguntó al abogado sobre los efectos que han tenido en la conducción de la política exterior de Estados Unidos los ordenamientos migratorios en Massachussets o Rhode Island.
Bea también preguntó sobre si el gobierno federal se opone a la deportación de indocumentados arrestados en Arizona, a pesar de que algunos de ellos son criminales. Kneedler sostuvo que el gobierno federal no criminaliza la sola presencia indocumentada en el país.
Antes, el abogado de Arizona John Bouma defendió la legalidad de la legislación SB1070 bajo el argumento de que el gobierno federal ha sido “incapaz” o no ha estado dispuesto a resolver el problema de la inmigración indocumentada en Estados Unidos.
Sostuvo que el estado padece problemas derivados del tráfico de drogas, de armas y del contrabando de migrantes.
Pero Bouma recibió también cuestionamientos escépticos del juez Bea, nominado a la judicatura por el ex presidente George W. Bush.
La Corte de Apelaciones debe determinar si mantiene el bloqueo de la juez Susan Bolton de Phoenix, quien decidió suspender la implantación de cuatro disposiciones clave de la ley. Típicamente el tribunal de apelaciones tiende a mantener los bloqueos de cortes inferiores.
La juez Bolton puso en suspenso la autorización de que policías verifiquen el estatus migratorio de personas detenidas por la comisión de otro delito, de exigir documentos migratorios y de realizar cateos sin orden judicial.
California • Notimex, Milenio, 2 de noviembre.
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