BOGOTÁ (EFE).— El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó ayer la intervención, por presuntos delitos de corrupción, del fondo estatal encargado de gestionar los recursos para la lucha contra el secuestro y ayudas a víctimas, 10 días después de hacer lo mismo con la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Se trata del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), creado en 1995 y dependiente del Ministerio de Defensa, cartera que ocupó el propio Santos entre 2006 y 2009.
La entidad se encarga, entre otras cosas, de asignar recursos para dotación y funcionamiento de las unidades de élite antisecuestro de las Fuerzas Armadas y la Policía, conocidas como Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula), y de labores de prevención y asistencia a víctimas de ese delito. La situación en Fondelibertad “les pareció muy grave” tanto a Santos como al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, explicó ayer a la prensa el secretario general de esa cartera, Luis Manuel Neira, quien se reunió anoche con ambas autoridades para tratar el asunto.
Neira anunció que Santos dio la “instrucción de intervención inmediata de la entidad y el estudio, a futuro, de su posible liquidación”. Precisó que la facultad de “ordenación del gasto” que tenía la dirección de Fondelibertad será asumida por el Ministerio de Defensa y que se creará un comité de vigilancia.
Según denuncias difundidas en las últimas semanas por la emisora Caracol Radio, las supuestas irregularidades en contratos adjudicados por Fondelibertad podrían ascender a dos mil 800 millones de pesos (más de 1.5 millones de dólares). Los 240 contratos suscritos en 2009 por el fondo serán revisados, ya que se presume que hubo irregularidades en al menos 23 de ellos, y la Procuraduría local adelantó que también va a abrir una investigación.
En medio del escándalo, Harlan Henao, quien fue director de Fondelibertad en la época en que Santos era ministro de Defensa, renunció este jueves a su cargo en la Agencia Presidencial para la Acción Social.
A ese caso se suma la orden de Santos, el pasado 2 de noviembre, de intervenir la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), encargada de la confiscación y la gestión de bienes incautados a narcotraficantes, así como de delitos conexos, como el lavado de activos. La DNE administraba más de 75 mil bienes incautados a traficantes de droga y a mafiosos.
El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, reveló entonces que se detectaron “centenares de irregularidades” en el manejo de la DNE, en cuyos inventarios hay bienes muebles, vehículos, aeronaves, sociedades de comercio, de hoteles y turismo, gasolineras e incluso clubes de futbol. Por su parte, la Policía Nacional indicó que las bases de datos de ese ente oficial fueron adulteradas, lo que permitió, por ejemplo, que muchos narcotraficantes o sus testaferros siguieran disfrutando de bienes teóricamente incautados. Vargas Lleras anotó que hay otros organismos estatales, como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que también están en la mira por presuntas irregularidades y hechos de corrupción. Además, todavía colea el escándalo destapado durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) por la concesión irregular, a través del Ministerio de Agricultura, de millonarios subsidios no reembolsables a grandes hacendados, reinas de belleza, comisionistas de bolsa y familiares de altos cargos
Se trata del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), creado en 1995 y dependiente del Ministerio de Defensa, cartera que ocupó el propio Santos entre 2006 y 2009.
La entidad se encarga, entre otras cosas, de asignar recursos para dotación y funcionamiento de las unidades de élite antisecuestro de las Fuerzas Armadas y la Policía, conocidas como Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula), y de labores de prevención y asistencia a víctimas de ese delito. La situación en Fondelibertad “les pareció muy grave” tanto a Santos como al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, explicó ayer a la prensa el secretario general de esa cartera, Luis Manuel Neira, quien se reunió anoche con ambas autoridades para tratar el asunto.
Neira anunció que Santos dio la “instrucción de intervención inmediata de la entidad y el estudio, a futuro, de su posible liquidación”. Precisó que la facultad de “ordenación del gasto” que tenía la dirección de Fondelibertad será asumida por el Ministerio de Defensa y que se creará un comité de vigilancia.
Según denuncias difundidas en las últimas semanas por la emisora Caracol Radio, las supuestas irregularidades en contratos adjudicados por Fondelibertad podrían ascender a dos mil 800 millones de pesos (más de 1.5 millones de dólares). Los 240 contratos suscritos en 2009 por el fondo serán revisados, ya que se presume que hubo irregularidades en al menos 23 de ellos, y la Procuraduría local adelantó que también va a abrir una investigación.
En medio del escándalo, Harlan Henao, quien fue director de Fondelibertad en la época en que Santos era ministro de Defensa, renunció este jueves a su cargo en la Agencia Presidencial para la Acción Social.
A ese caso se suma la orden de Santos, el pasado 2 de noviembre, de intervenir la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), encargada de la confiscación y la gestión de bienes incautados a narcotraficantes, así como de delitos conexos, como el lavado de activos. La DNE administraba más de 75 mil bienes incautados a traficantes de droga y a mafiosos.
El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, reveló entonces que se detectaron “centenares de irregularidades” en el manejo de la DNE, en cuyos inventarios hay bienes muebles, vehículos, aeronaves, sociedades de comercio, de hoteles y turismo, gasolineras e incluso clubes de futbol. Por su parte, la Policía Nacional indicó que las bases de datos de ese ente oficial fueron adulteradas, lo que permitió, por ejemplo, que muchos narcotraficantes o sus testaferros siguieran disfrutando de bienes teóricamente incautados. Vargas Lleras anotó que hay otros organismos estatales, como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que también están en la mira por presuntas irregularidades y hechos de corrupción. Además, todavía colea el escándalo destapado durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) por la concesión irregular, a través del Ministerio de Agricultura, de millonarios subsidios no reembolsables a grandes hacendados, reinas de belleza, comisionistas de bolsa y familiares de altos cargos
El Universal, 13 de noviembre.
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