El incremento de secuestros cometidos contra migrantes en México, documentado en los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), demuestra que la corrupción y la impunidad han favorecido a que las vejaciones contra este grupo vayan en aumento, consideró Mauricio Farah, ex visitador del organismo.
El experto en migración y derechos humanos dijo que en 2006 se dio el surgimiento de esta práctica delictiva, que después derivó en que en 2007 y 2008 “esta industria haya florecido”; para dar paso, de 2009 a la fecha, a la consolidación del plagio de migrantes en México.
Con el mismo modus operandi, en las mismas regiones del país y con proporciones similares en cuanto al número de secuestros masivos y personas privadas de su libertad, dijo, sin la corrupción y la impunidad, no podría explicarse cómo esta práctica se ha afianzado.
Al respecto, Amnistía Internacional (AI) México y Sin Fronteras externaron su preocupación por la elevada cifra de migrantes secuestrados en México dados a conocer esta semana por el ombudsman nacional.
En entrevista, Alberto Herrera Aragón, director de AI, capítulo México, explicó que si bien la Comisión Nacional confirmó con su informe la tendencia al alza de los ilícitos cometidos contra migrantes, en la medida en que las discusiones interinstitucionales se queden en los primeros círculos de las dependencias y no sean aplicadas, “es muy probable que los esfuerzos estén destinados al fracaso”.
Dijo que las 28 propuestas que hizo la CNDH a entidades federales y estatales para coadyuvar en la solución de la violencia contra los migrantes son un compendio de llamados que la sociedad ha hecho a las autoridades en los últimos años.
Perseo Quiroz, subcoordinador de Defensoría de Sin Fronteras, aseguró que con las propuestas hechas por la CNDH, el Estado mexicano “no tienen excusas”, para erradicar los abusos contra los migrantes.
Detalló que los datos dados a conocer por la CNDH son preocupantes, al tiempo que significan “un llamado de atención para que las autoridades hagan lo que deben de hacer”.
El ex visitador de la CNDH explicó que el segundo informe presentado el martes pasado por el ombudsman nacional confirma lo que la misma institución había alertado 13 meses atrás: “no estamos mejor”.
El experto en migración y derechos humanos dijo que en 2006 se dio el surgimiento de esta práctica delictiva, que después derivó en que en 2007 y 2008 “esta industria haya florecido”; para dar paso, de 2009 a la fecha, a la consolidación del plagio de migrantes en México.
Con el mismo modus operandi, en las mismas regiones del país y con proporciones similares en cuanto al número de secuestros masivos y personas privadas de su libertad, dijo, sin la corrupción y la impunidad, no podría explicarse cómo esta práctica se ha afianzado.
Al respecto, Amnistía Internacional (AI) México y Sin Fronteras externaron su preocupación por la elevada cifra de migrantes secuestrados en México dados a conocer esta semana por el ombudsman nacional.
En entrevista, Alberto Herrera Aragón, director de AI, capítulo México, explicó que si bien la Comisión Nacional confirmó con su informe la tendencia al alza de los ilícitos cometidos contra migrantes, en la medida en que las discusiones interinstitucionales se queden en los primeros círculos de las dependencias y no sean aplicadas, “es muy probable que los esfuerzos estén destinados al fracaso”.
Dijo que las 28 propuestas que hizo la CNDH a entidades federales y estatales para coadyuvar en la solución de la violencia contra los migrantes son un compendio de llamados que la sociedad ha hecho a las autoridades en los últimos años.
Perseo Quiroz, subcoordinador de Defensoría de Sin Fronteras, aseguró que con las propuestas hechas por la CNDH, el Estado mexicano “no tienen excusas”, para erradicar los abusos contra los migrantes.
Detalló que los datos dados a conocer por la CNDH son preocupantes, al tiempo que significan “un llamado de atención para que las autoridades hagan lo que deben de hacer”.
El ex visitador de la CNDH explicó que el segundo informe presentado el martes pasado por el ombudsman nacional confirma lo que la misma institución había alertado 13 meses atrás: “no estamos mejor”.
Miguel ángel Sosa, El Universal, 24 de febrero.
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