Agente colombiana combate abusos

BOGOTÁ.— El recuerdo está intacto. Aunque han pasado más de diez años, a Carolina, de 39 años, se le aguan los ojos cuando lo cuenta. “Yo apenas empezaba en esto. Trabajaba como patrullera en la estación de Policía de Suba y tuve que atender la investigación de un hombre que abusó sexualmente de su hijastra. Le perforó el útero. Días después la niña murió”.

El caso la sigue conmoviendo. Sobre todo porque cada vez que se enfrenta a una investigación de estas no puede dejar de pensar en sus hijos. Lo confiesa: “Soy mamá de un niño de 15 años y una de 12, cada historia me lleva a ellos, me duele”. Desde hace 18 años es policía y ahora es una de las cinco mujeres que conforman un grupo de 34 investigadores de delitos sexuales contra menores de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía.

Su labor, dar con los victimarios; su triunfo, lograr información que permita su captura.

Carolina no niega que ha tenido momentos de paranoia. “Facebook, los cafés internet, los parques (…) escenarios en los que con mayor incidencia se comenten delitos contra niños siempre son alerta para mí también”, cuenta. Sus días transcurren entre develar falsos perfiles en redes sociales, entrevistar a víctimas, buscar pistas. “Se descubre que hasta lo más inofensivo puede ser un peligro. En Facebook revelamos buena parte de los acercamientos entre redes de explotación sexual y menores. Usan tácticas que terminan convirtiéndose en material propio de la prostitución infantil, como videos. Con estos, chantajean a los niños. ‘Si no lo sigues haciendo, le contamos a tu mamá’, dicen”, cuenta la investigadora, quien asegura que “el miedo a que no les crean y el poder que impone el agresor” son razones que alejan a los menores de denunciar, de hablar. Por eso, existe un subregistro en las cifras. Según la Policía, en lo que va del año 4 mil 907 menores han sido víctimas de abusos sexuales en el país. Mientras en 2012 se presentaron 6 mil 351. El rango de edad de 12 a 14 años es en el que más casos se presentan.

Vestida de civil, Carolina se enfrenta silenciosamente a la redes de tráfico y explotación de menores. Trata de no hablar mucho de las investigaciones que adelanta. Los casos son puestos por el ente acusatorio en sus manos y ella y su equipo se encargan de resolverlos. “Otros parten de anónimos. De correos o de llamadas que denuncian. Muchos de esos no son verdad y significan un desgaste institucional. Destinar investigadores que están en un caso para que asuman otros que resultan ser falsos”, cuenta. Sin embargo, insiste en decir que a pesar de las ‘bromas’, la llamada que hace denuncia sigue siendo el punto de partida para acabar con las redes que usan niños para sacarles provecho sexual. “Y hacerles daño”, repite varias veces. Ella asegura que las secuelas después de los abusos son evidentes y tratarlas toma tiempo.

“A través de la cámara de Gesell (espacio conformado por dos ambientes, separados por un vidrio) he visto y hablado con niños víctimas durante horas. Algunos sólo hablan cuando ya han pasado hasta cinco y sienten la confianza para hacerlo. Sacarles eso de adentro no es fácil. Primero les hablo del colegio, de la familia, hasta que sienta que puedo hablarles de algo que sé que aún les duele”.

Los casos son muchos. Pero unos más aterradores que otros. Carolina no puede disimular que le afecta. Aunque dice que fue formada para guardarse sus sentimientos ante casos que generan dolor e indignación, no logra ocultar que investigar este tipo de delitos duele. “Tuvimos alguna vez el rescate de un niño que era abusado por su mamá. La mujer había sido abandonada por su esposo y su hijo, que guardaba un parecido físico con él, tenía que hacer, por órdenes de ella, el papel del cónyuge. Él menor tenía 11 años y la madre 33”, cuenta Carolina.

Hasta el año pasado, Bogotá era la ciudad con mayor número de denuncias por casos de explotación sexual a menores se registraban en el país. Este año, según cifras de la policía, Bucaramanga ocupa el primer puesto. En lo que va del 2013 se han presentado 498 casos, le sigue Cali con 420 y Bogotá con 331. Las características de las víctimas también han sido plenamente identificadas. “Son personas de escasos recursos, hacen parte de familias monoparentales, donde la cabeza de familia es en su mayoría la madre, o pertenecen a familias numerosas con bajos niveles académicos”, dice.

El Universal, 6 de octubre.